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Acusan a Bramer Markovic de usurpar título y malversar fondos

En la Justicia: una diputada del Frepaso se presentó ante la Justicia; también le imputa desamparo de los afiliados y abandono de personas; el interventor perdió facultades para el libre manejo del PAMI.
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12 de noviembre de 1996  

La diputada nacional del Frepaso María "Mary" Sánchez presentó ayer ante la Justicia una denuncia contra el interventor en el PAMI, Alejandro Bramer Markovic, por supuesto desamparo de los afiliados de esa obra social, usurpación de título, malversación de fondos y abandono de personas.

La presentación, que recayó en el juzgado federal de Carlos Branca, fue hecha por Sánchez con el patrocinio de los abogados Eugenio Zaffaroni, Jacobo Grossman y Ernesto Luis Chaneton.

La diputada Sánchez dijo haber presentado pruebas en contra de Bramer Markovic por "malversación de fondos, ya que ha manejado indebidamente 300.000 pesos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social)".

En este sentido le imputó al funcionario haber desviado ese dinero para el equipamiento y puesta en funcionamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con lo cual, según la legisladora, se arrogó funciones del Poder Ejecutivo.

Asimismo, acusó a Markovic de "haberse arrogado públicamente grados académicos y títulos profesionales que no le corresponden", pues no finalizó la carrera de ingeniería, como lo admitió el propio funcionario.

Como prueba, Sánchez alegó que el documento oficial de su designación nombra a Bramer cono ingeniero y él, al suscribirlo, antepone a su apellido el título abreviado: Ing.".

Sánchez también acompañó copia de una escritura pública, donde el funcionario, al dar sus datos personales, aparece como ingeniero.

La diputada también acusó a Markovic del delito de abandono de personas "por el corte de los subsidios que el PAMI estaba dando" a sus afiliados, entre ellos los referidos a "atención y medicamentos específicos en razón de sus incapacidades físicas, mentales o enfermedades irreversibles".

Al recordársele que el interventor de la obra social aseguró la semana pasada que se mantendrán los subsidios, Sánchez dijo que "no está derogado el decreto" por el cual considera que se mantiene vigente el recorte.

Intervención intervenida

En tanto, Bramer Markovic prometió ayer que "no se cortarán los servicios médicos" en esa obra social, pese al creciente lobby de las empresas acreedoras de los 600 millones de pesos que les debe el ente, y amenazó con interrumpir el pago a los prestadoras que dejen de atender a los afiliados del instituto.

El mensaje fue transmitido por el funcionario al término de una extensa reunión en el Salón Sur de la Casa de Gobierno donde se analizó la crítica situación del instituto y en la cual, tal como lo anticipó La Nación ayer y en la semana última, quedó en evidencia la disconformidad que la gestión de Bramer genera en la Jefatura de Gabinete.

Al tal punto alcanzaría el desagrado de algunas medidas del funcionario consideradas inútilmente irritativas -como el recorte en subsidios y el anuncio de despidos masivos- que, como se informa por separado, el ex interventor en el PAMI y actual secretario de Control Estratégico, Alberto Abad, tomó el dominio del instituto, en una virtual "intervención de la intervención".

Renuncia en Córdoba

CORDOBA.- Con una severa crítica a la conducción nacional del PAMI, por aplicar una "política de desguace e incoherencias" y rechazando categóricamente el despido de personal, el ex diputado nacional y dirigente justicialista Oscar González renunció ayer como interventor en la delegación local de la obra social de los jubilados. González está enrolado en la corriente Encuentro Peronista, que mantiene una alianza con el sector que lidera el senador nacional José Manuel De la Sota.

Le recortan la capacidad de decisión

El Gobierno le quitó ayer al interventor en el PAMI, Alejandro Bramer Markovic, la autonomía que gozaba para tomar decisiones en ese organismo, ya que deberá contar con la autorización de una comisión de funcionarios creada especialmente.

La decisión fue tomada en la Casa Rosada en un encuentro de más de dos horas que encabezó el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, y del que participaron el propio Bramer Markovic, y los ministros de Salud, Alberto Mazza, y de Trabajo, Armando Caro Figueroa.

También intervinieron el secretario de Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete y ex interventor en el PAMI, Alberto Abad, y su asesor Pedro Donato; el secretario de Salud, Julio Calcagno, y la asesora en materia laboral de la cartera económica, Carola Pessino.

Para evitar idas y vueltas

En ese cónclave, entre las 11.15 y las 13, se acordó que para evitar idas y vueltas en decisiones que afectan a la tercera edad, como pagar o quitar subsidios, la ya existente comisión de seguimiento de gestión tomara un papel preponderante.

Fuentes oficiales, casi seis horas después de concluida la reunían, admitieron a La Nación que "Bramer Markovic deberá poner a consideración de la comisión las decisiones que quiera implementar en el PAMI".

El interventor, en declaraciones al periodismo, le restó relevancia a la nueva modalidad de su propio trabajo, aunque no pudo ocultar su ofuscamiento.

Tampoco pudo disimular su incomodidad al saber que había trascendido al periodismo que hace pocos días Abad recibió en su despacho de Balcarce 50 a prestadores de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, preocupados por los problemas de cancelación de deudas.

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