La Argentina, Uruguay y el impacto del que no se habla

Pasaron ya diez años de la instalación de las pasteras en Fray Bentos y los dos países siguen anteponiendo conveniencias políticas a problemas humanos
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19 de junio de 2014  

Nadie hubiera pensado que el silencioso acuerdo firmado por el entonces canciller Rafael Bielsa en marzo de 2004 con su par uruguayo Didier Opertti, que permitía la instalación de papeleras en la margen oriental del río Uruguay, seguiría provocando conflictos diez años después. Es que la ausencia de criterio en materia ambiental se sufre, a veces, por generaciones y las consecuencias las asume la comunidad local , no aquellos que deciden a la distancia. De allí lo relevante de la participación pública de esa comunidad en el proceso de toma de decisiones que puedan tener efectos transgeneracionales. En aquel momento la problemática social y ambiental fue ignorada, o por lo menos contemplada superficialmente, y se firmó un acuerdo que tenía la pretensión de acallar eventuales conflictos.

No se comprendió que, más allá de los aspectos tecnológicos y de la importancia de una inversión, la aprobación de cualquier obra de infraestructura involucra impactos en seres humanos. Un simple análisis hubiera permitido vislumbrar que la elección de Fray Bentos para la radicación de la entonces planta de Botnia generaría un innecesario conflicto que podría evitarse radicándola un poco más al Sur, cerca de Nueva Palmira, alejada de cualquier comunidad argentina. El tiempo demostró el error. Sin embargo, Uruguay y la Argentina continúan utilizando la misma normativa que entonces. Ambos países carecen de un sistema de evaluación de impacto ambiental transfronterizo que requiera, en el caso de que un proyecto pudiera afectar a un país vecino, la participación de las autoridades de ese país y de las comunidades potencialmente afectadas. Sin ello, la discrecionalidad y los intereses políticos priman sobre las cuestiones ambientales y de salud.

En el caso de Uruguay, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental continúa siendo, por lo menos, precario. Y los años han ido desdibujando las responsabilidades de aquella reconocida Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que ha terminado siendo funcional a las necesidades del Frente Grande, más preocupado por generar trabajo para continuar en el poder que por promover un desarrollo armónico con el entorno. Prueba de ello son el proyecto Aratirí, de extracción minera de hierro a cielo abierto; un mineraloducto que atraviesa zonas de delicado equilibrio; la construcción de un puerto industrial de aguas profundas en una zona turística, y el puente sobre la laguna Garzón, en un área de especial fragilidad, entre otras.

De este lado del río la autoridad ambiental estuvo ausente en el conflicto, como ha ocurrido con tantos otros casos donde prevalece la verticalidad del llamado "modelo" sobre la sustentabilidad.

A la Cancillería, después de firmar el acuerdo en 2004, le resultó incómodo reconocerlo: se había aceptado la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos. Las circunstancias hicieron que el conflicto sirviera a la política y, en la práctica, insólitamente, se delegó el manejo de las relaciones exteriores a una asamblea vecinal de Gualeguaychú. Allí se inició un período amargo: reiterados cortes de la ruta de acceso al puente internacional General San Martín algunos perduraron años-, que no dieron resultado alguno; un sustancial deterioro de las relaciones con nuestro vecino más querido, y las presentaciones ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que terminaron resolviendo casi lo mismo que se había acordado entre ambos países: la planta se construye y la Argentina realiza los controles de calidad de la operación.

Sin embargo, los monitoreos e informes que se efectuaron luego de que la planta comenzó a funcionar fueron de escasa credibilidad y poco contribuyeron a esclarecer el verdadero impacto ambiental que produce la actividad. El año pasado, como consecuencia de un pedido para ampliar la producción de la planta UPM (ex Botnia), el canciller Héctor Timerman aseguró que contaba con estudios de impacto ambiental de la planta en el río Uruguay, que demostrarían que los efluentes de la pastera contenían altas temperaturas y un elevado contenido de fósforo, entre otros contaminantes. No obstante, el tema fue olvidado o eclipsado por otras noticias, como usualmente ocurre, y el país no sabe aún si se trataba de uno de los tantos actos de prepotencia de nuestro canciller o si, realmente, el río se encontraba comprometido ambientalmente.

Ahora, el gobierno uruguayo ha decidido otorgar un nuevo aumento de producción a la planta de celulosa UPM. La respuesta del canciller argentino, en momentos en que la crisis institucional que vive nuestro país es alarmante, no se hizo esperar: anunció que la Argentina reevaluará "todas las posibilidades de relacionamiento bilateral" y que "denunciará a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, ya que considera que, al autorizar el incremento en la producción de la planta de UPM, se violó la sentencia dictada en 2010 por ese tribunal y el Estatuto del Río Uruguay".

Los asambleístas de la ciudad entrerriana estudian la posibilidad de cortar nuevamente el puente, algo con un objetivo infructuoso y que poco contribuiría a esclarecer lo que ocurre. Boicotear el turismo en nada contribuye a mejorar el ambiente.

Ambos países se encuentran en vísperas de un proceso electoral, de modo que es difícil conocer si el conflicto es real o es utilizado para fines de política interna en cualquiera de las dos orillas.

Se espera que ambos países retomen el diálogo sincero pues es la única manera de construir un desarrollo sustentable para ambas orillas. Un diálogo transparente, que vaya mucho más allá de las próximas elecciones y que permita conocer los verdaderos impactos de la actividad y, de ese modo, poder trabajar conjuntamente para evitarlos o mitigarlos. Hacerlo será un paso honesto hacia una mejor calidad de vida de todos.

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