La difícil misión del Gobierno: suspender temporariamente la ejecución de la sentencia

Sólo así podría negociar con los holdouts sin la presión del default, pero abogados en el exterior lo ven casi imposible; le quedarían al país unos 40 días para acordar
Florencia Donovan
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21 de junio de 2014  

La Argentina blanqueó su vocación negociadora y el reloj ya le empezó a correr. Ya que, si bien fuentes cercanas al equipo económico confiaron que el Gobierno podría pedirle en los próximos días al juez Thomas Griesa que reponga el llamado stay -la suspensión de la ejecución de la sentencia- para a sí poder negociar con los holdouts un plan de pagos sin quedar sujeto a posibles embargos, especialistas legales en el exterior advierten que será poco probable que lo conceda. Con lo cual, de no conseguirlo, el país tendría sólo unos 40 días para cerrar un acuerdo con los acreedores sin caer en default.

"Sin la aprobación de los demandantes no vemos probable que Griesa reponga el stay", dijo Antonia Stolper, socia y líder para América latina del estudio Shearman & Sterling. "Con acuerdo de los acreedores, absolutamente; pero unilateralmente, no. La medida cautelar es por su beneficio, con lo cual el juez no la va a cambiar sin la aprobación de los holdouts", agregó desde Nueva York.

La Argentina tiene que pagar un cupón del bono Discount por unos US$ 900 millones el 30 de este mes. Estando vigente la sentencia de Griesa que obliga al país a pagarles a los fondos NML y Aurelius US$ 1330 millones, los acreedores podrían pedir el embargo de ese dinero. De ahí la importancia para algunos de que el Gobierno logre nuevamente que el juez vuelva a suspender temporariamente la sentencia.

Más aún considerando que la posibilidad de que el Gobierno logre implementar un canje de deuda para cambiar la jurisdicción de pago de esos bonos a la Argentina y así sortear posibles embargos parece inviable. Ayer, de hecho, Griesa volvió a advertirle a la administración de Cristina Kirchner que modificar el lugar de pago de los bonos sería desacatar a la justicia norteamericana (ver aparte).

Rodrigo Olivares-Caminal, profesor de la Universidad de Londres experto en temas de deuda soberana, opina, no obstante, que los "buitres" tienen pocos incentivos para concederle a la Argentina el stay. "En diciembre vence la cláusula RUFO [rights upon future offers, que habilita a los bonistas que entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 a reclamar si es que el Gobierno ofrece mejores condiciones a algún otro acreedor] y la Argentina estaría en una posición negociadora más cómoda", explicó. "Aparte, si la Argentina no paga el 30 de junio, se le monta una presión mayor y la posición negociadora de NML se vuelve mucho más fuerte", agregó.

En rigor, si la Argentina no lograra reponer el stay y no pudiera pagarles a los tenedores de Discount a fin de mes, tendría legalmente un período de gracia de 30 días antes de entrar formalmente en cesación de pagos.

"Cómo los demandantes y la Argentina van a acercase es un tema de ellos. Si están de acuerdo, pueden llevarle lo acordado a Griesa para su aprobación porque, al no ser una acción de clase, no se requiere que el juez lo apruebe", dijo Stolper.

En cualquier caso, con stay o no vigente, los expertos descuentan que los acreedores le pedirán próximamente a la Argentina un pago en una cuenta en garantía para cerciorarse de su voluntad negociadora. Algunos incluso creen que el país podría usar esta garantía como argumento para que Griesa le conceda el stay.

"Acá hay dos cosas que ya están casi definidas: por un lado, cuándo van a pagar, algo que probablemente sea en 2015, lo más cerca del 1° de enero, una vez vencida la cláusula RUFO; y cuánto se va a pagar, que va a ser cerca del 100%, porque ya los bonistas tienen una sentencia firme que los habilita al pago total", dice Olivares-Caminal. "La negociación pasará por la garantía que, en el ínterin, pueda dar el gobierno argentino de que realmente va a pagar", indica.

Una vez más, para definir de dónde salen los fondos para la garantía, los abogados de la Argentina deberán sortear otro obstáculo. Ocurre que los nuevos bonos que surgieron del canje tienen una cláusula denominada negative pledge, que, en pocas palabras, le impide al Gobierno desafectar activos para garantizarle el pago a un tercero. "Habría que ver si se pueden usar reservas del Banco Central para la garantía, porque las reservas no fueron consideradas en su momento como propiedad de la Nación", razonaba ayer una fuente cercana al Gobierno.

Más allá de NML y Aurelius, que ya tienen la sentencia de Griesa a su favor, el resto de los tenedores de títulos en default también podría pedirle en cualquier momento al juez de Nueva York que los beneficie con los efectos de la misma medida cautelar, dice Stolper. "Sólo tienen que hacer el trámite. Pero esto sólo rige para los que tienen bonos con ley de Nueva York, no de otras jurisdicciones", explicó.

Para Bank of America Merrill Lynch, un acuerdo con NML y Aurelius que incluya un pago del 50% en efectivo y el resto en bonos similares a los entregados a Repsol podría ser tolerable para la economía argentina. "Pero todavía habrá incertidumbre con lo que podría suceder con los holdouts de bonos con ley europea, por lo que sería más prudente para la Argentina buscar un acuerdo con una menor proporción de cash", dice en un informe.

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