El trabajo de los presos en la cárcel, ¿podría ser una forma de empleo público?

Ricardo Foglia
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20 de julio de 2014  

Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena correspondientes al año 2012 (últimos disponibles), en la Argentina había 66.079 personas detenidas incluyendo los alojados en comisarías, lo cual da una tasa de 160,01 cada 100.000 habitantes (en Estados Unidos la tasa es de 738, Chile 240, Uruguay 193 y Brasil 191). En 2008 la proporción era de 146 cada 100.000.

Del total de detenidos en nuestro país el 48% está condenado, el 50% procesado y el 2% restante son inimputables y menores. El 95% son varones, el 94% argentinos, el 24% tiene entre 18 a 24 años y el 40% entre 25 a 34. Del total, 76% son solteros. El 40% tiene educación primaria completa, el 27% incompleta, el 15% secundaria incompleta, el 7% secundaria completa, el 2% EGB, el 2% terciaria y universitaria, y el 7% no tienen ninguna educación.

El 39% eran desocupados en el momento del ingreso a la detención y el 43% no tenía oficio ni profesión. El 19% (11.392 detenidos) participó durante su detención de algún programa de capacitación laboral.

De esas estadísticas se desprende la importancia de la educación, la capacitación y el trabajo como factores relevantes que alejan del delito. Por ello brindar esas posibilidades durante el cumplimiento de la condena es relevante ya que brindan una ocupación durante la detención, mejoran las aptitudes de los internos y otorgan herramientas para subsistir, dentro de la ley, cuando termine la condena privativa de libertad.

El artículo 18 en la última parte de la Constitución Nacional dice que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija hará responsable al juez que la autorice".

La ley 24660 y el decreto 303

96 (Reglamento General de Procesados) regulan, entre otras cuestiones, el trabajo de los internos y distinguen entre el trabajo obligatorio, el voluntario y la laborterapia.

El primero comprende las labores generales del establecimiento o comisiones que se le asignen. El trabajo voluntario es aquel que puede realizar o no el penado, es su derecho, y en caso de efectuarlo devenga una remuneración, sujeta a los aportes correspondientes a la seguridad social. Los adquirentes de lo producido pueden ser el Estado, entidades de bien público, empresas privadas o particulares. La laborterapia tiene una finalidad terapéutica y se encuentra regulada por la ley 24372.

Hay una tendencia, relativamente reciente, que considera que entre el interno y el Estado hay una relación laboral regulada por ley de contrato de trabajo, excepto en lo que hace al despido, siendo competentes los jueces laborales para entender en los conflictos que se susciten.

Entendemos que de prosperar, dicha idea va a generar una multiplicidad de conflictos y pleitos en una realidad que de por sí es compleja, desnaturalizando una relación que no es voluntaria, ya que quien está detenido está en cumplimiento de una condena o con sospechas graves de haber cometido un delito.

Es la derivación del poder punitivo del Estado y no la contratación de un trabajador o de un salario, como sucede en el trabajo libre. Ello no impide que se puedan aplicar algunas normas laborales, sin que ello implique que el interno pase a ser empleado del Estado.

De todos modos, y conforme surge de los datos aportados, la tasa de internos que trabaja voluntariamente es escasa, por lo que debería incentivarse el trabajo voluntario de los internos que tiene grandes beneficios durante el tiempo de detención y luego de ella, ya que posibilita una reinserción social útil productiva. Y para eso no hace falta transformar a los internos en empleados del Estado.

El delito como opción

Educación, la base

De los 66.079 detenidos, según cifras de 2012, 40% tiene la primaria completa, 27% incompleta y 7% ninguna educación.

Sin empleo

El 39% eran desocupados en el momento del ingreso a la detención y 43% no tenía oficio ni profesión

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Para mejorar

La tasa de internos que trabaja voluntariamente es escasa y un tema pendiente para su futura reinserción laboral una vez cumplida la sentencia.

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