El juicio por jurados, una gota de agua en el mar

Ricardo A. Guibourg
Ricardo A. Guibourg PARA LA NACION
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30 de julio de 2014  

En 1215, el rey de Inglaterra fue obligado a firmar la Carta Magna. Entre las exigencias que allí habían incluido los señores feudales, se consignó que para condenar a un acusado sería preciso consultar a doce personas designadas al azar. Este excelente adelanto procesal del siglo XIII representaba un límite para el poder real, que ya no podría condenar a voluntad a quien quisiese.

Muchas cosas pasaron en los últimos ocho siglos. Las tiranías encontraron maneras más sutiles o brutales de ejercer su poder y los jueces fueron volviéndose más confiables, lo que a menudo los enfrentó con los gobiernos; pero el juicio por jurados permaneció en la tradición cultural y en numerosas legislaciones como una forma de participación popular en la administración de justicia.

En nuestro país figura en la Constitución, pero no se puso en práctica sino en algunas provincias. Ahora, la de Buenos Aires acaba de aprobar su funcionamiento. En la Legislatura porteña hay un proyecto en este sentido. Más allá de la propaganda, de los elogios y protestas, vale la pena preguntarnos qué es lo que se espera de un juicio por jurados.

¿Tal vez penas más severas? No: los jurados deciden si el acusado es culpable, pero aplicar la pena sigue correspondiendo a los jueces.

¿Procesos más rápidos? No: el juicio oral -con jurados o sin ellos- concentra los tiempos del proceso de juzgamiento, pero no los de la instrucción, que son los más largos.

¿Mejor criterio? Difícilmente: si bien se supone que cualquier ciudadano puede apreciar la prueba, no hay por qué pensar que lo hace mejor que un juez profesional. En cambio, es más probable que quede impresionado por la habilidad retórica de fiscales y defensores, por el aspecto del acusado o por otras circunstancias que el magistrado está habituado a pasar por alto. Algunos dicen que el juicio por jurados es una competencia sobre quién tiene mejor abogado.

¿Mayor economía? Claro que no: los jurados deben cobrar una compensación y, en muchos casos, ser alojados y alimentados durante el proceso. Esto, para no hablar de que es más probable que el ciudadano tome su designación -una carga pública- como una complicación molesta antes que como un honor cívico.

¿Cuál es, pues, la ventaja? Aunque esto no se dice a menudo, es posible conjeturar que con la institución de los jurados se procura un mayor compromiso ciudadano con la administración de justicia. Tal vez este objetivo se cumpla, al menos en parte; pero conviene que reflexionemos acerca del problema, sus causas y sus soluciones.

El problema consiste en que la gente en general no cree en la Justicia ni en los jueces. Piensa, contra la opinión de los especialistas, que el sistema penal no es bastante severo y que los tribunales (y la policía) no lo aplican como se debe. Tiene la impresión de que los poderosos zafan siempre de su responsabilidad y los funcionarios públicos roban impunemente, amparados por un sistema cómplice del poder de turno.

Hay que reconocer que algunas de estas suposiciones se encuentran avaladas por no pocos indicios, que destilan en el ánimo popular como un veneno para cualquier actitud de compromiso. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Sencillamente, por la reiterada intromisión de la política en la administración de justicia: cuando se designan jueces (o conjueces) por razones de afinidad política o personal pasando por encima del respeto leal a las instituciones; cuando se protege a jueces corruptos o se persigue a magistrados y fiscales honestos a fin de garantizar la impunidad de funcionarios; cuando se ejerce presión externa sobre los procesos o se los enmarca en controversias ideológicas; cuando se permite crecer al narcotráfico y a otras manifestaciones del crimen organizado, con su poder corruptor sobre todo el sistema político, jurídico y policial.

Revertir este proceso no es fácil, pero requiere ante todo una decisión política concertada y persistente. Mientras nada de esto suceda, la desconfianza pública en el sistema judicial, y sobre todo penal, persistirá a despecho de los numerosos jueces y policías que cumplen sus funciones a conciencia. La introducción del juicio por jurados, aun con todos los oropeles mediáticos con que se la viste, será en ese contexto una gota de agua en el mar; una gota cara, anacrónica e ineficiente.

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