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Inmunidades sin razón ni equidad

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13 de agosto de 1996  

Ha llamado poderosamente la atención la sanción de una ley, en la provincia de Buenos Aires, que sustentada en el Pacto de San José de Flores manifiesta la inmunidad del Banco de la Provincia de Buenos Aires respecto de impuestos, tasas y contribuciones emanados del gobierno nacional, en una actitud que parece chocar con la Constitución Nacional y con criterios elementales de equidad y razonabilidad. En efecto, el artículo de la ley 23.146 declara que el banco oficial de la provincia "goza de inmunidad tributaria frente a los impuestos, tasas y/o contribuciones nacionales de cualquier naturaleza que pretendan gravar sus bienes, capitales, activo, contratos, operaciones, actividades, derechos, rentabilidad y/o servicios, incluyendo el impuesto al valor agregado ..." La referida ley pretende fundamentarse en el Pacto de San José de Flores, el acuerdo de paz entre la Confederación Argentina y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, firmado el 11 de noviembre de 1859. Su artículo 7 declara que "todas las propiedades de la provincia... seguirán correspondiendo a la Provincia de Buenos Aires, y serán gobernadas y legisladas por la autoridad de la provincia".

La interpretación que se hace de este pacto, de naturaleza eminentemente política, choca, sin embargo, con varios artículos de la Constitución Nacional, entre ellos el 4° y el 75, que versan sobre recursos del Tesoro nacional y atribuciones del Congreso.

Pretender, por ejemplo, que en virtud de ese acuerdo el banco provincial estará exento de tasas significaría que también lo estará de su contraprestación de servicios; pero no estar sujeto al impuesto al valor agregado implicaría desconocer una fuente fundamental de recursos del Tesoro nacional. ¿Por qué, además, el banco, y no otras propiedades o empresas provinciales?

Las consecuencias negativas que derivarían de esa interpretación del pacto son muchas. En materia tributaria sería una gran iniquidad para con todos los contribuyentes al erario nacional y -por el régimen de coparticipación federal- a los recursos de todas las provincias, que beneficiaría al banco bonaerense con una formidable ventaja respecto de todas las demás entidades que operan en el país. Y esa ventaja se podría extender, por asimilación, a otras actividades complementarias en materia de comercio exterior, seguros o planes previsionales. Podría, asimismo, afectar los acuerdos de integración con los países vecinos, en la medida en que la Nación vea cercenadas sus atribuciones tributarias y financieras.

En suma, la ley sancionada por la Legislatura provincial excede toda interpretación razonable de las reservas establecidas en el Pacto de San José de Flores, y lo hace con manifiesta iniquidad respecto de terceros, residentes en la República. En varias ocasiones anteriores, esta columna señaló el apartamiento de la provincia de Buenos Aires de sus atribuciones constitucionales, lo que mostraría no un hecho aislado ni un simple exceso interpretativo sino una verdadera tendencia y un propósito definido.

Aunque no es la primera vez que el Banco de la Provincia de Buenos Aires alega su independencia de las normas nacionales, la nueva ley provincial da a esa independencia una extensión y profundidad no conocidas hasta ahora. En atención a la importancia de la cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encargada de dirimir las controversias entre el Estado nacional y las provincias, debería ser llamada a pronunciarse.

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