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Los legisladores se eximieron de pagar ganancias

En una sorpresiva votación, los senadores lo dispusieron por ley; ya no estarán obligados a pagar el impuesto sobre la mayor parte de sus ingresos.
Graciela Guadalupe
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16 de agosto de 1996  

En un trámite rapidísimo, de apenas cinco minutos, el Senado convirtió en ley, en la madrugada de ayer, un proyecto que pone a los legisladores en una situación abiertamente ventajosa respecto del resto de los contribuyentes, ya que no pagarán el impuesto a las ganancias sobre la mayor parte de sus ingresos. Se trata de una norma por la que restituyen exenciones al pago del impuesto a las ganancias que habían sido derogadas en el capítulo tributario de la segunda reforma del Estado (superpoderes).

El ingreso por recibo de los legisladores, en bruto, es de $ 6400, de los cuales $ 2000 corresponden a sus dietas. El resto es por gastos de representación. Los legisladores dispusieron que no pagarán ganancias sobre este último rubro.

Ingresos por otros conceptos

A eso hay que agregar que el sueldo de un parlamentario también se completa con pasajes (o su equivalente en dinero: $ 3000 mensuales) y $ 1200 en concepto, según sea la Cámara de la que se trate, de combustibles o desarraigo. El proyecto convertido en ley por senadores del PJ, de la UCR y de algunos partidos provinciales que conocían el contenido de la iniciativa (La Nación observó en el recinto que otros ni siquiera sabían cuál era el tema que se votaba) no fue, sin embargo, un apuro exclusivo de los representantes de la Cámara alta. Apenas siete días antes lo había aprobado Diputados en plena expectativa por el anuncio del paquete económico mediante el cual el Gobierno dispuso severos ajustes tendientes a disminuir el déficit fiscal.

El Congreso hizo una ley a medida

Sorpresa: en la madrugada, el Senado eximió a los legisladores nacionales de pagar el impuesto a las ganancias; no se había incluido en el orden del día.

A las 2.10 de ayer, cuando la mayoría del bloque peronista del Senado ya había dado media sanción a la privatización de Yacyretá y a la conformación de una comisión bicameral para el análisis de la espinosa regulación de las telecomunicaciones, abruptamente quedó convertido en ley un proyecto por el cual los legisladores se autoeximieron de la obligación de tributar ganancias sin ningún tipo de exención.

Esa decisión tomó por sorpresa a más de un asesor y hasta a algunos senadores que se hallaban a esa hora en el recinto, quienes se preguntaban, primero, por qué se estaban requiriendo los dos tercios de los votos para habilitar un tema que no había sido incluido por los presidentes de bloque en el temario de labor parlamentaria y, segundo, cuál era el contenido de lo que se estaba por aprobar.

Sin embargo, esas dudas nunca se plasmaron en quejas concretas, pues nadie pidió la palabra para reclamar explicaciones sobre el texto que se estaba leyendo por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara, que constaba de un artículo en el que se hacían mención a dos leyes, sólo identificadas por su número, lo cual aumentaba el desconcierto. Lo único entendible resultó la oración "no será de aplicación al Poder Legislativo" . Y fue ley.

¿Oportunidad?

Lo que ahora no será aplicable a los legisladores es la concesión que, hace pocos meses, el propio Congreso les votó a Carlos Menem y a Domingo Cavallo en la ley de reforma del Estado (o de superpoderes): que nadie tuviera privilegios a la hora de pagar el impuesto a las ganancias. Los parlamentarios aceptaron entonces o que abonarían ese tributo sobre rubros en los que antes no lo hacían: "Gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada" , dice la norma en el punto 7 del artículo primero, sobre el que ayer se dio marcha atrás. ¿Qué significa ésto en números y alcance?

Un legislador nacional cobra 2000 pesos en concepto de dieta y 4400 por gastos de representación, lo que suma un total de 6400 pesos. Ese es el monto de su "recibo oficial", según lo definió una calificada fuente de la Cámara alta.

A parte del ingreso por recibo, los legisladores reciben 3000 pesos por pasajes -si es que prefieren la plata en lugar de los respectivos boletos de viaje- y 1200 pesos más que, en el caso de la Cámara alta, se inscriben bajo el rubro "combustible". Los diputados reciben ese monto en concepto de "desarraigo". Hechas las cuentas, un legislador gana 9200 pesos por todo concepto. A Menem y a Cavallo les prometieron que tributarían ganancias por el total. Ayer decidieron que sólo lo harían sobre la dieta, es decir, sobre 2000 pesos. En rigor, no tributarían nada, pues ese monto es inferior al mínimo requerido.

¿Fue ésta una decisión oportuna de los parlamentarios en momentos en que desde el Gobierno se lanzan duras medidas de ajuste como las tendientes a recortar salarios desde los 1000 pesos (decreto promovido por Cavallo y ratificado por Fernández) o es una manifestación de fuerza hacia el Ejecutivo por parte de otro de los poderes de Estado?

Conforme con el texto constitucional, el Presidente cuenta con 10 dìas útiles para promulgar o vetar la ley. Si ejerce el derecho al veto, los legisladores deberán reunir una mayoría calificada de votos para insistir en su ley. En el medio, habrá una larga controversia que terminará por develar cuál fue el verdadero motivo de la maniobra.

Las nuevas medidas separan a los bloques del oficialismo

Fricciones: resistencia en el Congreso a las nuevas medidas; cuestionamientos a los límites de la coparticipación; justicialistas y menemistas.

En el Congreso hay resistencia de los legisladores del oficialismo para aprobar a libro cerrado -o simplemente aprobar- las recientes medidas económicas, que generan fricciones en los bloques de ambas cámaras. Y si bien, como tantas otras veces, es probable que el Gobierno consiga sacar adelante algunos temas, en otros van a ser modificados.

En momentos en que, según el titular del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, "inmediatamente después del relevo de Cavallo una medición dio como imagen positiva de la política económica 16 puntos, el índice más bajo desde marzo de 1991, y la imagen positiva del Presidente fue de 20 puntos, la menor desde julio de l989", el Congreso refleja las contradicciones que vive el partido gobernante con respecto al manejo económico.

"Que lo pida Menem no es motivo suficiente", contestó Antonio Cafiero cuando uno de sus colegas trató de convencerlo acerca de la necesidad de aprobar rápidamente las medidas argumentando que "lo pide Menem". Los senadores del oficialismo están en el dilema que le plantea el Poder Ejecutivo con su apuro y la rendición de cuentas que, inevitablemente, tendrán que hacer en sus provincias.

Punto de referencia

Los senadores y diputados -oficialistas y opositores- van camino a dejar en claro, tal vez sin proponérselo, que no sólo era cuestión de conseguir el alejamiento de Cavallo."No era tan simple como parecía", resumió Rosendo Fraga. Es que la "luna de miel" duró apenas una quincena. Inmediatamente, Menem tuvo que salir a respaldar los impuestos. Y, difícilmente pueda ser atribuida a la casualidad que tanto Cafiero (PJ- Buenos Aires) como la senadora Cristina Kirchner (PJ-Santa Cruz) tomaran como punto de referencia no ya al justicialismo, como partido, sino al peronismo. O que Duhalde, que no quiere perder el tren de la historia según la imagina, proclamara: "Si seguimos así es mejor que no nos presentemos a las elecciones de 1999".

La senadora Kirchner planteó que a ningún peronista le resultará fácil de explicar que votó en favor de declinar una porción de la coparticipación que le corresponde.

"Nosotros -sostuvo Cristina Kirchner- históricamente, a través del peronismo, incentivamos la movilidad social hacia arriba. Ahora aparecemos cristalizando la situación de los menos protegidos social y económicamente y empujando a la clase media hacia abajo".

No fueron pocos los legisladores que compararon lo que ocurrió en sus provincias desde "el anuncio de las medidas fiscalistas", como definió un diputado "no hubo corrida, no hubo retiro de depósitos, pero sí un constante pase de depósitos en pesos a dólares". Cambiaban rentabilidad por seguridad.

Un problema político

Entre las bancadas oficialistas comenzó a verse más clara una diferenciación no sólo con las recientes medidas económicas del Poder Ejecutivo. La diferenciación "tiene más contenido político que económico, porque se trata de un problema político", dijeron en el Senado. Las señales a veces son más evidentes, en otras ocasiones menos perceptibles, entre el menemismo y el justicialismo.

Admiten que hay puntos en común. Pero, al mismo tiempo, advierten que la brecha de las disidencias es cada vez mayor.

El hecho parece trascender, inclusive, la forma en que se vote el ajuste fiscal o lo que se convirtió en un concepto que define todo: "El impuestazo". Esta situación llevó al gobernador justicialista de La Pampa, Rubén Marín, a proponer una reunión con sus colegas.

¿Se estápensando en un regreso al populismo? Los legisladores que ya no adhieren al menemismo sin beneficio de inventario dicen que no. Se inclinan por buscar fórmulas más equitativas en la distribución de un esfuerzo del que, según opinó un senador, "fue excluido el sector financiero".

Lo más probable es que el Congreso conceda algunas de las medidas impositivas, pero no todas las que esperaban el Poder Ejecutivo y los mercados.

Es inocultable la resistencia del Congreso -salvo las expresiones menemistas- a aceptar el aumento de los impuestos sin que sean coparticipables o el límite a la coparticipación.

Los sindicalistas, que si algo saben de todo esto es esperar el momento para presionar, ya no discuten la posibilidad de un nuevo paro. Significativamente, el eje del debate sindical se trasladó a una cuestión temporal: ¿parar por 24 o por 36 horas?

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