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Los 10 principales cambios que impulsa el Gobierno a la Ley de Abastecimiento

El texto de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo propone un aumento considerable del poder de intervención del Estado en las empresas privadas
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14 de agosto de 2014  • 20:45

El Poder Ejecutivo giró al Senado la semana pasada un paquete de iniciativas para modificar la ley de Abastecimiento, Defensa de la Competencia y una nueva para la Regulación de las relaciones de producción y consumo.

Los cambios a la Ley de Abastecimiento, (N°20.680, del 20 de julio de 1974) despertaron críticas y un rechazo casi unánime entre las cámaras que agrupan a las mayores empresas de la Argentina.

El resumen de los puntos que pretende lograr el Ejecutivo son:

  • 1. Se amplía la aplicación de la normativa a todas las actividades económicas (incluidas actividades recreativas). En cambio, el texto actual limita la competencia a "la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios" que satisfaga directamente o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la población.
  • 2. La Secretaría de Comercio, que oficia de autoridad de aplicación, tendrá más atribuciones legales para controlar precios. Los gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño quedan autorizados a fijar precios máximos.
  • 3. Para casos de reincidencia se establece la "clausura definitiva" para subas de precios no justificadas, acaparen materias primas o productos, discontinúen abastecimiento regular en zona o ramo comercial o no produzcan bienes dentro de márgenes de precios y utilidad fijados por la autoridad de aplicación.
  • 4. Las empresas primero deben pagar la multa y luego apelar ante la Justicia, en caso de querer hacerlo.
  • 5. Se elimina la pena de cárcel para los infractores. Las clausuras pueden ser por 90 días y las multas tienen un nuevo tope de $10 millones.
  • 6. La aplicación de multas podrá ser contra empresas y sus directivos.
  • 7. En caso "de ser necesario", el Estado podrá intervenir en los procesos económicos de cualquier empresa para fijar márgenes de utilidad, niveles de precio (máximos, mínimo y referencia) y volúmenes de producción. Queda habilitado para manejar indirectamente compras y ventas de compañías.
  • 8. El Estado puede suspender concesiones, beneficios fiscales o créditos especiales a privados.
  • 9. Las autoridades quedan facultadas para incautar, consignar y vender bienes y servicios sin juicio de expropiación.
  • 10. Se abre la posibilidad de que la autoridad de aplicación pueda requerir a las empresas "toda la documentación relativa al giro comercial". Es decir, potestad de solicitar documentos contables y comerciales.

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