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El tráfico de efedrina, otra causa que complica al Gobierno

La jueza Servini de Cubría advirtió que puede allanar la Casa Rosada; ya renunció José Granero
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29 de agosto de 2014  • 16:37

El tráfico de efedrina es otra de la causa que preocupa ahora al kirchnerismo, tras la advertencia de la jueza María Servini de Cubría de un probable allanamiento a la Casa Rosada ante supuestos vínculos de funcionarios con el narcotráfico.

¿En qué consiste la investigación? Servini de Cubría consignó que durante 11 años -entre 1999 y 2010- se importaron 55.900 kilos de efedrina, cuando en realidad bastan 156 kilos por año para atender la producción farmacéutica local de gotitas para los ojos o remedios para la gripe.

En ese período, esa enorme cantidad de droga fue traída al país por sólo cinco empresas, entre ellas Unifarma, que aparece como aportante de fondos para la campaña electoral kirchnerista de 2007 que llevó a Cristina Kirchner al poder. Era de Ariel Vilán, socio de las víctimas del Triple Crimen de General Rodríguez, que apareció también muerto en un aparente suicidio.

La efedrina o las drogas sintéticas "cocinadas" en la Argentina eran enviadas de contrabando a México, donde se había prohibido la importación de efedrina. Después Graciela Ocaña , como ministra de Salud, limitó la importación. El negocio prosperó, al punto que se instaló en la Argentina Jesús Martínez Espinoza, que fue condenado junto con Mario Segovia, el llamado "rey de la efedrina", a 14 años de cárcel por desviar 9800 kilos de efedrina a México.

Segovia se anotó en el registro de precursores para importar la droga con un formulario de la AFIP, en el que se declaraba vendedor al por mayor de chocolates y golosinas. Servini destaca lo inaudito de que nadie haya sospechado nada en la Sedronar. Sólo dos personas controlaban los 23.000 informes trimestrales que se presentaban en un año sobre movimientos de precursores químicos y no había un sistema informático para cruzar esos datos.

"Había total desidia por el control", escribió Servini y dijo que se hacía la vista gorda ante la evidencia de que monotributistas que pagaban la categoría mínima en sus obligaciones impositivas importaran miles de kilos de efedrina y las vendieran a simples farmacias de barrio. "El fin perseguido era abastecer al narcotráfico", escribió la jueza.

Granero

El ex secretario de Lucha contra las Drogas José Granero y dos de sus funcionarios de máxima confianza en la Sedronar fueron procesados como participes en el tráfico de efedrina, sustancia enviada de contrabando a carteles mexicanos y utilizada para la producción de metanfetaminas.

Se detectaron, además, llamadas entre funcionarios de la Sedronar y las compañías farmacéuticas que importaban la efedrina para venderlas a los carteles mexicanos de las drogas, en coincidencia con la fecha de los pedidos de permiso de importación o la entrega de los certificados, seguidos de comunicaciones con teléfonos de la Presidencia de la Nación, la Casa Militar y el PAMI, según la resolución que firmó Servini de Cubría.

La magistrada destacó que uno de los empleados, por ejemplo, recibió llamadas de cinco abonados de la Casa Rosada y uno de la Jefatura de Gabinete.

Zacarías

Máximo Rito Zacarías, un empleado del PAMI, quedó más complicado ante la Justicia después de que un ex trabajador de la secretaría antidrogas lo acusara la semana pasada de interesarse en la importación de 1000 kilos de efedrina. El dato no sería tan importante si no fuera porque el acusado forma parte de una familia con vínculos directos con el Gobierno.

Zacarías es hermano de Miguel Zacarías, que era secretario privado del ex titular de la secretaría antidrogas José Granero, acusado de ser partícipe en el tráfico de efedrina por el descontrol que primaba en el registro de precursores químicos.

Además, es hermano de Rubén Zacarías, ex jefe de Protocolo de la Casa de Gobierno, y de Luis Zacarías, que trabaja en la Secretaría Privada de Cristina Kirchner, según reveló el diario Clarín.

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