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Confirman la condena a Gorriarán Merlo

Decisión: la Cámara de Casación Penal dejó firme la sentencia a prisión perpetua contra el ex guerrillero por el copamiento a La Tablada.
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18 de mayo de 2000  

(DyN).- La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó ayer la condena a prisión perpetua impuesta al ex líder guerrillero Enrique Gorriarán Merlo por su presunta responsabilidad en el copamiento al Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada, efectuado el 23 de enero de 1989.

Gorriarán supo de la decisión de la Cámara ayer por la tarde, en la celda que comparte en la cárcel porteña de Villa Devoto con Roberto Felicetti, también condenado por el ataque de La Tablada.

Gorriarán, Felicetti y los demás presos de La Tablada se disponen a iniciar una huelga de hambre desdela cárcel si el gobierno de Fernando de la Rúa no adopta medidas para reparar los errores del juicio por el copamiento que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según pudo saber DyN.

Tal como informó esta agencia en enero último, cuando se cumplían 11 años del ataque que registró 39 muertes (la mayoría de las cuales correspondieron a militantes del MTP), el Gobierno impulsa la sanción de una ley que habilitará la doble instancia para los presos de La Tablada, que así recuperarán su condición de procesados y podrán recuperar la libertad por la aplicación de la llamada "ley del dos por uno".

Pero la ley no beneficiará a Gorriarán porque el líder del MTP se mantuvo prófugo mientras se sustanció el primer juicio por La Tablada. Fue capturado años después en México, en un procedimiento que su defensa considera irregular porque no hubo juicio de extradición a la Argentina sino un traslado inmediato del acusado.

Ayer, la sala II de la Cámara de Casación, que había negado la doble instancia a Gorriarán, confirmó la condena que dictó al ex jefe guerrillero y a su ex esposa Ana María Sívori, la Cámara Federal de San Martín.

La Cámara de Casación intervino nuevamente en el caso por orden de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que, si bien la ley de defensa de la democracia -bajo la cual fueron juzgados Gorriarán y Sívori-, no admite una apelación, la sentencia debe ser de todos modos revisada si los condenados así lo requieren. La aplicación de esa ley fue uno de los cuestionamientos principales de la CIDH.

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