Martínez fue sobreseído en la causa por tareas de inteligencia

Lijo estimó que no había pruebas suficientes
Nicolás Balinotti
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2 de octubre de 2014  

El secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, fue sobreseído en la causa que se lo vinculaba con tareas de inteligencia durante la última dictadura militar.

El fallo, firmado por el juez federal Ariel Lijo el 17 del mes pasado, argumentó: "No se aportaron elementos probatorios que permitan delimitar un objeto procesal claro y preciso sobre el cual proyectar una investigación sin vulnerar las garantías procesales de la persona denunciada [Martínez]".

En el escrito, Lijo, a instancias del fiscal Jorge Di Lello, agregó: "Específicamente, de los hechos denunciados no se individualiza siquiera una conexión fáctica entre ellos y la acción concreta de la persona denunciada. Es más, tampoco se identificó una conexión temporal entre las personas que habrían desaparecido y el período en el cual cumplió funciones en el Batallón de Inteligencia".

El 7 de noviembre de 2011, la Secretaría de Derechos Humanos informó a la Justicia que el jefe de la Uocra había trabajado para el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército entre 1982 y 1983. En la denuncia original, en cambio, se consignaba que el sindicalista formaba parte de esa estructura desde 1976.

La denuncia contra Martínez fue presentada por organizaciones de derechos humanos y sectores sindicales en el Juzgado Federal N° 9, el 12 de julio de 2011. Lo acusaban de haber integrado el Batallón 601 y lo vinculaban con la desaparición forzada de 105 trabajadores de la Uocra.

Cuando fue acusado, Martínez era aliado de Hugo Moyano en la CGT de Azopardo. Unos meses después fue uno de los dirigentes que encabezó el operativo para desplazar al camionero y conformar otra central obrera con el aval del kirchnerismo.

Martínez, uno de los sindicalistas más cercanos a la Casa Rosada y líder de la Uocra desde 1990, se refirió muy pocas veces a la denuncia. Siempre consideró que el silencio era la mejor estrategia. Cuando la causa tomó estado público, se pronunció apenas con una solicitada en los diarios, en la que negó cualquier vínculo y responsabilidad.

En septiembre de 2012, Lijo ya había dicho que no había obtenido pruebas para vincular a Martínez con tareas de espionaje. Pero los denunciantes apelaron y ofrecieron más pistas para que la investigación continúe su curso. Así, el fallo que se conoció ayer será el definitivo.

"Continuar con una investigación en estos términos y con la amplitud de las hipótesis denunciadas implicaría exceder los límites del poder punitivo estatal, ya que el derecho penal castiga únicamente hechos, excluyéndose los pensamientos, las actitudes internas, el carácter, el modo de ser o la personalidad. De esta manera, y ante la imposibilidad de corroborar los extremos puestos en conocimiento en la denuncia y la falta de pruebas sobre cuál habría sido la participación de Martínez en los hechos denunciados, estimo proceder al archivo...", expuso Lijo.

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