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Illinois y La Plata

Nicolás Dujovne
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26 de octubre de 2014  

La economía de la Argentina se encamina a contraerse algo más de 2% en 2014 y a lo sumo a permanecer estancada durante 2015, aun en el caso optimista en el que se logre una resolución favorable con la deuda. Más allá del muy mal bienio 2014-2015, los problemas de crecimiento no son nuevos: la Argentina creció durante las dos presidencias de Cristina Kirchner a un ritmo anual de apenas 1,4%, muy por debajo de la tasa de 3% anual a la que se expandió la región.

El cepo cambiario, el descontrol fiscal y la masiva emisión de dinero jugaron un rol importantísimo en el pobre crecimiento que mostró la economía de la Argentina en el último lustro. La necesidad de resolver estos desarreglos no genera hoy demasiadas controversias ni entre economistas ni en los políticos de la oposición que aspiran a la presidencia. Sin embargo, al hablar de la cuestión fiscal únicamente desde el punto de vista de su impacto monetario se esquiva una parte sustantiva de la discusión que en forma desordenada propone Cristina Kirchner cuando, por ejemplo, plantea que el satélite ArSat-1 no existiría si ella no hubiera sido electa. Unos pocos le han respondido acerca de los usos alternativos para el Estado de los US$ 270 millones que costó construirlo y ponerlo en órbita. Y nadie ha esbozado un plan alternativo que contemplase mantener esos fondos en los bolsillos del sector privado.

Debatir acerca del rol y del tamaño del Estado en la economía sería muy interesante, ya que aún en medio de una impresionante recesión acompañada de un fuerte incremento de la inflación, es decir, en medio de un programa económico que no funciona, es muy difícil escuchar a algún candidato a la presidencia cuestionar la presión impositiva y la baja productividad del Estado en su rol de proveedor de servicios públicos. Es lógico: sumergirse en esas cuestiones podría resultar algo incómodo. Si la presión tributaria es alta, el gasto también lo es. Y si la presión tributaria disminuye, el gasto también debería hacerlo. Y mientras el gasto produce satélites y empresas "nacionales" palpables y "de bandera", los costos asociados al aumento del tamaño del gasto son algo más inasibles. Después de todo, el Gobierno resuelve muy fácil esa discusión: la inflación la generan los oligopolios, aunque en los años 90 fabricas en deflación.

Que el Gobierno acepte además que existe alguna relación entre cómo recauda impuestos el Estado y la falta de dólares sería aún más difícil. Sin embargo, esa relación no es tan complicada de comprender. En los últimos diez años, la producción en el sector agrícola argentino creció a un ritmo anual de 3,7%. No está mal, pero en los diez años previos, entre 1993 y 2003 ese ritmo había sido de casi el doble: 7%. De haberse sostenido habría generado US$ 15.000 millones adicionales cada año. Muchas de las causas del deterioro en el crecimiento del agro hay que encontrarlas en las restricciones cuantitativas a las ventas externas de trigo y maíz. Pero sin dudas, los impuestos al comercio exterior jugaron un rol relevante en esa merma en el crecimiento, ya que esos impuestos extra que la Argentina cobra llevaron a que algunos de los jugadores más dinámicos del sector hayan mudado sus operaciones a Brasil, Paraguay y Uruguay.

Desde 2003 el Gobierno ha recaudado unos US$ 90.000 millones en impuestos a las exportaciones. Así restó recursos al agro que en buena medida se hubieran reinvertido para aumentar la producción, las exportaciones y fomentar aún más la innovación de ese sector, nuestro modesto Silicon Valley. En cambio, esos fondos han ido a parar al sector público nacional y provincial para financiar sus gastos generales. Así, parte del dinero generado por el campo podría estar hoy subsidiando piletas calentadas a gas y acondicionadores de aire en barrios privados de zona norte de Buenos Aires. Pero claro está, el dinero es fungible y podemos quedarnos tranquilos: ese dinero, seguramente, financia únicamente la Asignación Universal por Hijo. Si el dinero del campo se consume en las grandes urbes del país, no debe llamar la atención que en la Argentina habite en ciudades del interior de menos de 50.000 habitantes apenas un 9% de la población. Para ver desde algunas de esas pequeñas ciudades una parte de los US$ 90.000 millones recaudados en retenciones a la soja, el trigo y el maíz hay que esperar a que el satélite ArSat-1 pase por encima del pueblo.

Una buena parte del suelo argentino tiene condiciones para alcanzar o superar la productividad de los cultivos del estado norteamericano de Illinois, cuyo PBI por habitante cuadruplica al argentino y se sitúa en US$ 46.000 anuales. Claro está, allí no hay permisos de exportación, retenciones ni silo-bolsas tajeados. Los dólares que reciben los productores cuando venden son de verdad y no cotizan a la mitad del "paralelo". Las riquezas asociadas al petróleo y al gas no convencional podrían hacer de la Patagonia y Mendoza regiones con ingresos similares a los de Noruega, que se enriqueció con el petróleo del Mar del Norte. Pero con el riesgo asociado al default, a la estatización de las acciones de Repsol ocurrida casualmente luego de conocido el potencial de Vaca Muerta y con la vigencia del cepo es difícil conseguir financiamiento e invertir para extraer esos valiosos recursos. No queremos ser Illinois, no podemos ser Noruega.

El gasto público de la Nación y las provincias pasó de representar 25% del PBI en el año 2003 a 44% en 2014. El empleo público pasó de 2,2 millones de personas en 2003 hasta 3,3 millones en 2013 con un aumento anual de 4%. Esto llevó a que hoy en la Argentina el 21% de los empleos sean estatales, lo que se compara con 11%, en Brasil; 14%, en el promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD); 22%, de Francia y Finlandia; con el récord de 28%, de Noruega y Suecia. Hoy en la Argentina uno de cada cinco empleados trabaja para el Estado. Al final del camino que recorre el Gobierno se encuentra la ciudad de La Plata. Allí, como en Noruega, Suecia o París, uno de cada tres empleados trabaja para el Gobierno. Ni Illinois ni Noruega entonces, queremos La Plata. Sin embargo, quienes viven en La Plata no sólo perciben un ingreso equivalente al 25% de sus pares parisinos, también reciben un 10% del ingreso promedio de un habitante de Noruega. Los países que han prosperado no lo han hecho sobre la base de sus recursos naturales ni sobre la base de un descomunal aumento del gasto público. Si así fuera, seríamos hoy una mezcla de Estados Unidos, de Noruega y de quién sabe cuántas otras naciones.

En general, una combinación de respeto a la ley, una cierta comunión de ideas o proyectos, reglas de juego claras y una vocación permanente por mejorar el sistema educativo han sido fundamentales para iniciar el camino de la prosperidad. Las políticas macroeconómicas prudentes y un saludable grado de integración al mundo han complementado luego esas fundaciones. Una vez alcanzado el desarrollo, muchos países, especialmente los europeos, han expandido el tamaño de sus Estados y utilizado la presión tributaria con el fin de financiar crecientes servicios sociales y las pensiones por retiro de poblaciones envejecidas. Trabajaron, se enriquecieron, su población se hizo más vieja, se cansaron, bajaron el ritmo de crecimiento de su productividad. Nosotros hemos empezado por el final. A lo mejor resulta bien.

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