Otra vez, gato por liebre

Diana Cohen Agrest
Diana Cohen Agrest PARA LA NACION
a la víctima se le da un lugar equívoco en un sistema acusatorio ya distorsionado
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14 de noviembre de 2014  

Es un déjà vu. Iban por todo. Pero no pudieron con la proclamada "democratización de la Justicia" ni con la reforma del Código Penal. Dos fracasos imposibles de metabolizar, dada la intolerancia a la frustración del infantilismo oficialista y, sobre todo, la necesidad imperiosa de autoprotegerse en su fin de ciclo.

La proclamada "democratización de la Justicia", lejos de empoderar a la ciudadanía, tenía como solo propósito la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, escindiéndola de la política independiente al Gobierno. Por su parte, la reforma del Código Penal fue rechazada por la ciudadanía porque legitimaba con la letra de la ley la jurisprudencia sentada en los últimos años por un garanto-abolicionismo que fue partícipe necesario de miles de muertes violentas, la mayoría de ellas impunes. Más de un sector de la oposición participó en la redacción de la reforma (Pinedo por Pro, Gil Lavedra por el radicalismo y Barbagelata por el socialismo). Y cuando, presionados por la prensa, Ernesto Sanz y Elisa Carrió tuvieron que fijar su posición, acotaron su rechazo únicamente a la prescripción de los delitos de funcionario público y a la disminución de penas de los delitos de trata y de narcotráfico.

Ante el fracaso estrepitoso de constituir un nuevo Poder Judicial con jueces "militantes" que cumpliesen un rol político como parte del Estado, y ante la imposibilidad de reforma del Código Penal, ¿cómo hacer entrar por la ventana aquello que no pudo ingresar por la puerta principal? El oficialismo se propuso reformar entonces el Código Procesal Penal, estrategia mucho más efectiva, porque permitiría que se revirtiera la estructura jerárquica con una colonización de nuevos fiscales militantes, reciclando el ideario de la reforma fallida del Código Penal.

Fuente: LA NACION

Aunque el relato dice que el nuevo Código Procesal acelerará los juicios, lo cierto es que por esa ventana se nombrarán una gran cantidad de nuevos fiscales, quienes concursarán ante una mesa presidida por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, asesorada por Javier de Luca, un teórico con muy poco sentido común y una enorme influencia en su jefa. La reforma será un artilugio, al fin de cuentas, para nombrar fiscales adictos y controlar a los que no lo son, promoviendo procesos disciplinarios, removiendo o cambiando fiscales, decidiendo sobre sus empleados, impartiendo instrucciones generales y asegurándose la impunidad ante juicios de corrupción.

Puesto que se acortan los plazos y los recursos escasos son los mismos, las grandes causas de corrupción no irán a los fiscales "naturales". Presionados por una oposición que despertó de su letargo, los legisladores adictos al Ejecutivo accedieron a "limitar" el poder de la procuradora Gils Carbó.

Las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara, dice ahora el artículo 34 retocado. Sin embargo, y no es ciencia ficción, este "sorteo" recuerda peligrosamente al bolillero virtual donde se asignaba una única sala, de manera tal que todas las causas por corrupción caían en el juzgado del obsecuente juez Norberto Oyarbide, quien una y otra vez permitió que los inculpados de las grandes causas salieran libres de culpa y cargo. La misma lógica selló el destino del prevaricato anticipado del juez Zaffaroni, quien salió libre de culpa y cargo en la causa de los prostíbulos en sus departamentos.

Pero como se trata de negociaciones, la procuradora conserva de todos modos el suficiente poder como para nombrar mediante concurso 17 nuevos fiscales encargados de investigar las causas penales. Como es sabido, no será la primera vez que el oficialismo se asegure la impunidad mediante concursos públicos. En la elección de los jurados para los nuevos jueces de Casación mediante "sorteo público", entre 1595 profesores de universidades nacionales, casualmente tuvieron la "suerte" de salir favorecidos como jurados titulares Alejandro Slokar, dirigente de Justicia Legítima, y Julio Virgolini, abogado de Julio De Vido.

Si dejamos de lado los actores y nos enfocamos en los instrumentos, el panorama es poco alentador. Dado que el nuevo Código establece que el proceso no puede durar más de tres años –término que se puede duplicar en casos de delitos complejos–, y puesto que habrá sanciones para los funcionarios judiciales si no se cumplen los plazos, las causas no van a poder ser investigadas. Tampoco se sanciona procesalmente a quien dilata intencionalmente una causa valiéndose de recursos de apelación sin fundamento o por otras artimañas.

Estas irregularidades vuelven aún más llamativa la ausencia de la procuradora Gils Carbó ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en la discusión del Congreso por el nuevo Código, cuando se alegó que con su presencia el debate se centraría en la jefa de los fiscales, en lugar de hacerlo en el proyecto. Pero el argumento hasta parece gracioso: ¿alguien imagina a Gils Carbó, cuyos conocimientos jurídicos son del fuero Comercial, donde era fiscal, sancionando a un fiscal que no investiga a Boudou o Cristina Kirchner? Los jueces terminarán por declarar el sobreseimiento o la falta de mérito, como se viene haciendo en los últimos años en causas sensibles para el Gobierno.

Es cierto que a confesión de partes, relevo de pruebas. Porque la Presidenta anunció que el Código Procesal Penal no va a resolver los problemas de la llamada inseguridad. Pero lo que no dijo es que los va a agravar, pues los procesos "menores" –homicidios, violaciones o secuestros extorsivos– cuentan con un recurso extra: la proyectada reforma traerá consigo un criterio selectivo a la hora de definir cuáles delitos se persiguen y cuáles no. Como la selectividad se aplicará a los mismos delitos de siempre (arrebatos callejeros, hurtos simples), que hoy se acumulan en los estantes de los juzgados, se los hará prescribir por la imposibilidad material de tratar todas las causas, de manera tal que las quejas actuales por la ineficacia de los jueces se trasladarán a los fiscales.

Como era esperable, a la víctima se le da un lugar equívoco en un sistema acusatorio ya distorsionado: por un lado, cuando el fiscal desiste de actuar, la víctima puede recurrir al fiscal superior o a la propia procuradora para que resuelva discrecional y hasta arbitrariamente si el fiscal debe o no participar. Pero además se la agravia obligándola a intervenir cuando el Estado –a través del fiscal– se retira del proceso penal en su rol más importante. No sólo eso: horizontalizando el lugar de la víctima y el del victimario, colocándolos en igualdad de condiciones, se somete a la víctima, quien tiene que enfrentar como un par al victimario. Tampoco la ley prevé la asistencia letrada gratuita, pendiente de la ley del Ministerio Público. Es un verdadero injerto, porque al no tocarse el sistema acusatorio que da base a la reforma, la prueba sólo va a versar sobre el criterio zaffaroniano de la culpabilidad del acusado (que implica "leer" sus intenciones) y no sobre el daño causado a las víctimas directas y colaterales. Y tal como se prevé en el nefasto juicio por jurados, la revisión de la condena sólo operará en beneficio del condenado, en contra de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dado un lugar principal a la víctima, desconocido por nuestra lamentable jurisprudencia, legitimada por la reforma del Código Procesal Penal.

¿Neopunitivismo? Por supuesto. Porque a la víctima se la castigará dos veces: por el victimario raso y por los victimarios judiciales, que, como lo vienen haciendo durante la última década, se olvidan de la víctima y favorecen al delincuente.

La autora es doctora en filosofía y ensayista

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