El "golpismo" de quienes temen a la Justicia

En la concepción autoritaria y perversa del kirchnerismo no existe la posibilidad de que los jueces investiguen a la primera mandataria
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29 de noviembre de 2014  

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , acusó al Poder Judicial de haber montado una "estrategia golpista" y de practicar un "golpismo activo" debido al allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio a la empresa Hotesur SA, que cuenta a la Presidenta como una de sus accionistas, y a la Inspección General de Justicia (IGJ) para buscar información sobre irregularidades en aquella sociedad.

Los dichos de Capitanich resultan a todas luces disparatados. El hecho de que una de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo denuncie que otro poder quiere destituir al suyo habría causado una hecatombe en cualquier país serio y debería haber sido acompañado por una denuncia judicial y las correspondientes pruebas.

También el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y algunos legisladores kirchneristas sostuvieron la misma hipótesis de Capitanich. Sin embargo, las palabras de todos ellos se perdieron en el fárrago de noticias que desataron los allanamientos, confirmando no sólo que la palabra del jefe de Gabinete vale muy poco sino, además, el concepto autocrático del poder que ostenta y ejerce el kirchnerismo.

Esa concepción perversa y anacrónica no admite que pueda investigarse a la cabeza del Poder Ejecutivo. Por eso, el kirchnerismo no concibe que un juez ponga bajo su lupa a sus funcionarios y dirigentes, a menos que sea para sobreseerlos, como hizo el juez federal Norberto Oyarbide, con absoluta arbitrariedad y sin considerar las pruebas, cuando sobreseyó al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. En aquella oportunidad ningún alto funcionario acusó a Oyarbide de golpista mientras investigaba, sino que se lo premió aliviando su situación, siempre comprometida por las gravísimas denuncias que acumula en el Consejo de la Magistratura. Por el contrario, bastó que Bonadio iniciara una justificada investigación sobre los muy sospechosos negocios hoteleros entre la familia presidencial y el pseudoempresario santacruceño Lázaro Báez, para que el Poder Ejecutivo cayera con todo su peso sobre el magistrado.

Luego de las palabras de Capitanich, la propia Cristina Kirchner salió a defenestrar a Bonadio, de manera similar a cuando, un par de años atrás, escrachó públicamente, y utilizando información de la AFIP amparada bajo el secreto fiscal, a un empresario inmobiliario que sólo había comentado las negativas consecuencias del cepo cambiario en su actividad comercial.

Es que el oficialismo ya no puede disimular sus nervios. Éstos lo traicionan y es en esos momentos cuando surge su verdadero pensamiento de raíz feudal, un pensamiento en el que sólo existe el Poder Ejecutivo, mientras que el Legislativo y el Judicial sólo cumplen la función de dóciles marionetas. Así ejerció el poder Néstor Kirchner cuando fue gobernador de Santa Cruz, y así lo ejerció y lo sigue ejerciendo su esposa desde que llegó a la Casa Rosada.

Las inconsistentes denuncias sobre golpismo activo por parte de los jueces que investigan hechos de corrupción pública sólo dan cuenta de un estado de desesperación oficial frente a la posibilidad real de que la presidenta de la Nación se vea obligada, en algún momento, a comparecer ante un magistrado para explicar el abultado crecimiento de un patrimonio que de ningún modo puede atribuirse a sus éxitos como abogada, como en una ocasión sostuvo públicamente.

Si los documentos de Hotesur SA y del hotel Alto Calafate, controlado por aquella firma, se encontraran en orden, bastaría presentarlos para desactivar en el acto el supuesto "golpismo" judicial. Sin embargo, lo primero que hizo el Gobierno tras los allanamientos fue confirmar todas las sospechas de irregularidaes al admitir que Hotesur adeuda la presentación de balances y otras informaciones a la IGJ.

Pero más allá de esas irregularidades, lo que está en juego en éstas y en otras causas conexas en las que se investiga a Báez es algo mucho más grave: el presunto lavado de dinero. Como informó LA NACION en diciembre último, Báez alquiló más de mil habitaciones de los hoteles de los Kirchner para alojar a personal de sus empresas, alojamiento que sus empleados nunca utilizaron. Esta maniobra, una de las más típicas en el lavado de dinero, benefició a los hoteles de los Kirchner. Para completar el cuadro, hay que recordar que Báez hizo su fortuna ganando licitaciones de obras públicas mientras Kirchner fue gobernador y luego presidente.

No es la primera vez que el kirchnerismo busca enemigos donde no los hay y los erige en "golpistas" o "destituyentes". Ya lo hizo con los medios de prensa independientes. Todo aquel que no se pliega a su voluntad es calificado de ese modo.

Tampoco es la primera vez que el gobierno kirchnerista responde a una investigación judicial sobre sus funcionarios con un contraataque en el que busca poner al descubierto supuestas irregularidades de los jueces. Es un mensaje extorsivo dirigido a jueces, dirigentes opositores, periodistas y medios críticos, que señala que el Poder Ejecutivo tiene capacidad para vigilar cada uno de sus actos.

Si el jefe de Gabinete y los dirigentes kirchneristas creen las barbaridades que pronunciaron sobre un supuesto intento de golpe destituyente, deberían buscar las pruebas del golpismo e identificar a los jueces que quieren derrocar al Gobierno. Si no, y a pesar de lo poco que vale su palabra, Capitanich debería disculparse públicamente con el Poder Judicial y con la ciudadanía.

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