Demanda por defender un espacio público

La demanda a una ONG y a una reconocida experta en patrimonio por parte del gobierno de la ciudad y de Sbase es una acción nociva para los derechos colectivos
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5 de diciembre de 2014  

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) demandaron a la ONG Basta de Demoler y a la doctora Sonia Berjman, reconocida defensora de los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires, por la exorbitante suma de 24 millones de pesos, por los daños y perjuicios que supuestamente ocasionaron al presentar una acción de amparo colectivo para evitar que la construcción de una estación de la Línea H de subterráneos destruyera una plaza histórica diseñada por el paisajista Carlos Thays.

En febrero de 2012 comenzaron trabajos de excavación en la plaza Intendente Alvear para la construcción de la Estación Plaza Francia, de la extensión de la Línea H del subte. De modo simultáneo se talaron arboles añosos y se destruyó parte de la histórica barranca, un elemento fundante de la ciudad, cuya visualización se halla hoy restringida a muy pocos sitios urbanos. La plaza Intendente Alvear posee el carácter de Área de Protección Histórica, y por ese motivo se encontraba prohibida la extracción de árboles y especies vegetales, así como la modificación de su diseño, sus caminos y senderos.

Basta de Demoler, junto con Sonia Berjman, presentaron una acción de amparo que tenía por objeto la detención de las obras que hacían desaparecer la barranca original y habían quitado los árboles añosos que la adornaban y daban bienestar al medio ambiente y lugar de esparcimiento a los vecinos. Se trató de una acción que no sólo tenía por objetivo proteger el ambiente y el patrimonio cultural e histórico, de la ciudad, sino que resaltaba el incumplimiento de una adecuada evaluación de impacto ambiental.

En febrero de 2013, Sbase decidió relocalizar la estación y recuperar la plaza Intendente Alvear, que hoy se encuentra, afortunadamente, rescatada.

Resulta paradójico que el gobierno porteño, que promueve el emblema de ser una "Ciudad Verde", haya decidido iniciar acciones contra quienes han luchado por la conservación de Buenos Aires sin más ánimo que preservar sus valores para las generaciones futuras. Se alega para iniciar esta acción que aparenta un "escarmiento", que la intención de los accionantes fue "con el solo propósito de obliterar una obra pública destinada a la prestación de un servicio público" y que existen motivos políticos para entorpecer la gestión de gobierno y las obras dentro de la plaza Alvear".

Buenos Aires necesita más que nunca la promoción de una discusión racional acerca de su futuro y deben ser bienvenidas las personas y organizaciones independientes que promuevan su protección. Este tipo de acciones son realmente nocivas para la sociedad civil y los derechos colectivos, por cuanto implican una amenaza estatal para cualquier persona u organización no gubernamental que acuda a la Justicia en defensa de bienes colectivos ante las acciones u omisiones estatales que los conculquen.

Es cierto que existen casos de acciones que se inician incluso, a veces con fines políticos, por organizaciones para entorpecer actividades genuinas cuyo impacto ambiental se encuentra analizado adecuadamente, con consecuencias negativas para empresas privadas o para el propio Estado, lo que debe evitarse. Sin embargo, resulta sano que los ciudadanos puedan marcar límites cuando el Estado se equivoca.

Hoy los visitantes de la ciudad pueden disfrutar de la plaza Alvear y la estación de subte tendrá un nuevo emplazamiento. Sería sensato que antes de que lo haga la Justicia, las partes pudieran comprender que los objetivos de una Buenos Aires más linda coinciden.

Como hemos insistido desde estas columnas numerosas veces, una comunidad está hecha de todas las voces y, cuando resulta que éstas tienen, además, la autoridad que les dan el conocimiento profundo del tema, no deberían ser desoídas ni por los funcionarios ni por las empresas, porque siempre se puede arribar a una solución consensuada y porque el fin último tiene que ser el bienestar de todos.

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