Los problemas que aquejan a un castigado mercado laboral

Ricardo Foglia
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7 de diciembre de 2014  

La Argentina tiene problemas de empleo irresueltos desde hace mucho tiempo.

El trabajo no registrado, que se inició en la década del 70, actualmente alcanza, según un reciente informe de la OIT, al 40% de los trabajadores, esto es a 4 millones de personas considerando a un universo de 11 millones de personas ocupadas. A ello cabe agregar los trabajadores registrados, pero que perciben parte de su salario en negro.

El desempleo, según las últimas cifras del Indec, es del 7,5%, con lo cual afecta a 843 mil personas, a lo que cabe sumar 956 mil subocupados.

Los planes sociales comprenden, según un informe elaborado por la Fundación Libertad y Progreso sobre la base del presupuesto 2012, una cifra de 18,3 millones de personas.

Es decir que 24 millones de personas tienen problemas de empleo o de inserción, lo cual da una idea de la magnitud de la cuestión.

A ese número cabe agregar, y en esto tampoco hay una cuestión novedosa, que una parte del empleo público nacional, provincial y municipal es usada como un mecanismo para disimular el desempleo incorporando al ámbito estatal trabajadores innecesarios. Actualmente y según un informe del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA) de 2012, puede estimarse que 3.428.729 personas se desempeñan en el sector estatal, de los cuales se calcula que el 30% son contratados.

Otra arista de los problemas de empleo es la cuestión salarial y la permanente puja que la misma genera frente al devorador fenómeno de la inflación. Estamos asistiendo actualmente a uno más de los conflictos que histórica y cíclicamente se ha producido por este tema desde hace por lo menos 60 años.

A ello cabe agregar un fenómeno novedoso, como es el exorbitante impuesto a las ganancias sobre las retribuciones que resulta desproporcionado en función de los exiguos y deficientes servicios estatales.

No puedo dejar de mencionar, vinculado con ello, la cuestión jubilatoria, una mezcla de bajas prestaciones, juicios interminables y elevados aportes y contribuciones. Cabe señalar que hay 7,3 millones de jubilados y pensionados.

Ahora bien, llama la atención que después de diez años de crecimiento económico, a tasas chinas, los problemas sigan subsistiendo y que, frente a la menor alteración económica, los temas de empleo y salariales adquieran dimensiones preocupantes. Ello da cuenta de que el equilibrio alcanzado además de insatisfactorio es altamente inestable.

En definitiva, la economía argentina en su conjunto no es capaz de crear, y mantener, los puestos de trabajo genuinos que el país necesita y tampoco de pagar salarios que no sean corridos por la inflación.

Se ha buscado solucionar estos problemas suspendiendo despidos, bajando indemnizaciones, elevando las indemnizaciones, reduciendo las cargas sociales, subsidiando a las empresas con apoyos salariales a los trabajadores, creando registros de empleadores con trabajadores irregulares, moratorias, blanqueos, inspecciones y multas.

Nada de esto funcionó ahora, y tampoco en el pasado. El problema sigue estando y es fuente de angustia y alteraciones continuas a la paz social.

Y los fracasos se deben a que no se ha enfocado que el problema del empleo depende del desempeño de la economía. En general las empresas no contratan trabajadores porque resulte barato ni los dejan de despedir porque sea costoso, sino que lo hacen (a diferencia del Estado) en función de sus posibilidades, porque nadie produce lo que el mercado interno o externo no va a requerir.

De esta forma, la política económica ha puesto a los trabajadores y las empresas enfrentados, y como una variable de ajuste frente al desorbitado gasto estatal, cuyos magros resultados una vez más están a la vista.

La solución genuina de tales problemas es posible y para ello debe libertarse a las empresas de las pesadas cargas y controles innecesarios a las que están sujetas liberando sus potencialidades y a los trabajadores de impuestos distorsivos, y posibilitándoles el control del destino de las cargas sociales, y a ambas partes fomentando una negociación colectiva colaborativa y no confrontativa.

Director del dep. de Derecho del Trabajo de la Univ. Austral

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