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Agua: un derecho humano al que no todos acceden

Escasea o está mal distribuida, es causa de reclamos judiciales y donde hay suele tener problemas de calidad; una carencia que es sinónimo de la pobreza rural y urbana
Aigul Safiullina
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8 de diciembre de 2014  

Según el Indec, las tres jurisdicciones provinciales donde más aumentó el número de hogares sin acceso a agua corriente son la Capital Federal, Tierra del Fuego y Santa Cruz
Según el Indec, las tres jurisdicciones provinciales donde más aumentó el número de hogares sin acceso a agua corriente son la Capital Federal, Tierra del Fuego y Santa Cruz Crédito: Archivo

El 16% de los argentinos no tiene acceso a agua potable. Son 6,4 millones de personas. Eso si se tienen en cuenta las estadísticas oficiales. Si, en cambio, se miran los datos de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema, la falta de agua puede llegar al 21% de los habitantes. Entre los dos últimos censos, los hogares afectados por este faltante pasaron de 1.545.668 en 2001 a 1.956.089 en 2010. Y aunque las cataratas del Iguazú estén colmadas, es Misiones la provincia en la que mayor cantidad de personas carecen de agua corriente, faltante que afecta al 28% de los hogares. Le siguen la provincia de Buenos Aires (25%) y Santiago del Estero (25%).

La falta de agua está asociada a la pobreza, sea urbana o rural. En las villas de emergencia, la cantidad de familias sin agua llega al 55,8 por ciento. Sin embargo, es peor en el ámbito rural. En Santiago del Estero, cuatro de cada diez hogares (41%) carecen de conexión de agua corriente y deben buscarla fuera del hogar. Lo mismo pasa en el 35% de los hogares de Formosa y de Chaco. Según la Fundación Plurales, hay casos en los que se debe caminar entre cuatro y seis horas para conseguir el recurso.

El agua falta porque faltan obras. O porque, por culpa del cambio climático, dejó de llover (y entonces surge una nueva demanda de obras). En Socavones, localidad de la provincia de Córdoba, hace siete años que no llueve. El lugar tiene una extensión de 40km cuadrados y una población de 100 habitantes. La sequía mató a casi todos los animales, ni hablar de las huertas, fuente principal de alimentación de los habitantes.

En otros lugares, donde el servicio (a cargo de la empresa estatizada Aysa) está subsidiado, el agua se derrocha. En la Capital Federal, el consumo diario por persona asciende a más de 560 litros, mientras en el promedio del país es de 180 litros y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 50 litros mínimos para el consumo humano.

Para juntar 50 litros, en el paraje patagónico Fita Huao, a 150 km de Bariloche, hay que desplazarse varios kilómetros y esperar por lo menos una hora. Allí viven siete familias que utilizan agua de pozo. Pero una extensa sequía y las cenizas volcánicas de 2011 dejaron a los habitantes sin agua. "La fuente más cercana queda a 5 km y hay que ir al menos dos veces por día, porque sólo se pueden llevar 25 litros en un viaje a caballo", cuenta a LA NACION Rubén Curricoy, cuya familia vive en la zona. Estos 50 litros diarios se distribuyen entre todos los miembros de la familia, los animales y las huertas, que hay que regar tres o cuatro veces por día.

Según el Indec, las tres jurisdicciones provinciales donde más aumentó el número de hogares sin acceso a agua corriente son la Capital Federal (462% más casos en diez años), Tierra del Fuego (283%) y Santa Cruz (144%). En el mundo, las cifras tampoco son alentadoras: 748.000.000 de personas aún viven sin acceso a agua potable, aunque son 2.300.000 menos en comparación con 1990, según detalla el último reporte de la OMS sobre agua y saneamiento realizado en 86 países de bajos y medianos ingresos.

Entre los dos últimos censos, los hogares afectados por la falta de agua pasaron de 1.545.668 en 2001 a 1.956.089 en 2010

Y aunque los países más pobres invierten más dinero proporcionalmente en políticas de agua y saneamiento que los países ricos, el 66% dice que el financiamiento no es suficiente para lograr las metas del acceso al agua potable. Uno de cada cuatro de esos países no reconoce el acceso al agua potable como derecho humano.

En la Argentina, la falta de agua mantiene abiertas al menos dos "guerras" interprovinciales: la de Mendoza y La Pampa por el río Atuel, y la de Santa Fe y Santiago del Estero, por el Salado. Se pelean por el agua, cuando hay.

Marisa Arienza, de Green Cross, organización mundial con sede en la Argentina, encabeza una suerte de cruzada personal contra lo que para ella es un mito. "Es falso que haya poca agua", afirma. "Hay varios mitos. El primero es que hay poca agua, cuando en realidad el agua está mal distribuida y es parte de la situación mundial -explica Arienza a LA NACION-. El segundo mito es que tenemos el acuífero más grande del mundo [Guaraní], y con eso se genera mucho desconocimiento."

El desconocimiento y la confusión sobre los datos científicos y estadísticos sobre la cantidad, la distribución y la calidad del agua en el país se refleja en la legislación de tres niveles -nacional, provincial y municipal-, a punto tal que el artículo que reconocía el acceso al agua como "derecho fundamental" fue eliminado del nuevo Código Civil y Comercial. Estaba y se sacó.

En la Argentina, las "guerras" del agua a veces se ganan y otras se pierden. Los habitantes del asentamiento Los Sauces, en Cipolletti, Río Negro, donde sólo hay una canilla, no lograron que la justicia provincial aceptara un amparo para que la empresa Aguas Rionegrinas SA instrumentara un plan de conexión a la red de agua potable. El tribunal argumentó que los vecinos no contaban con el "derecho legítimo" sobre la tierra.

En la Argentina, la falta de agua mantiene abiertas al menos dos "guerras" interprovinciales: la de Mendoza y La Pampa por el río Atuel, y la de Santa Fe y Santiago del Estero, por el Salado

La marginalización de las villas, cuyo número creció 156% sólo en la ciudad de Buenos Aires (de 107.422 hogares en 2001 a 275.000 en 2013, según cifras oficiales), explica por qué la Capital encabeza la lista de las jurisdicciones donde más aumentó el número de hogares sin acceso a agua corriente. Entre 2001 y 2010, pasó de 827 a 4651, lo que equivale a un incremento de 462 por ciento.

Diego Muñiz, vocero de Aysa (una empresa bajo control indirecto del sindicato del saneamiento), explicó a LA NACION que las villas están dentro de la cobertura, pero "sin acceso regularizado". De acuerdo con los últimos números de esa empresa, sus servicios llegan a 10.625.043 habitantes en el área metropolitana, de los cuales "2,5 millones se incorporaron a partir de 2006", afirmó.

De acuerdo con un relevamiento de la ONG Techo en siete jurisdicciones (Buenos Aires, Córdoba, Salta, Misiones, Neuquén, Río Negro, Gran Rosario y Capital Federal) en 2013, existen 1862 asentamientos informales con 532.800 familias. "Más de la mitad (57%) de los asentamientos está en la provincia de Buenos Aires", advierte el informe. Tampoco sorprenden los altos niveles de contaminación del agua en estas zonas: en el 90% de los asentamientos informales no hay acceso al agua potable.

Según la ONU, actualmente más del 50% de la población mundial vive en ciudades, pero en 2030 esa cantidad subirá a 60% y en 2050 alcanzará el 70%, lo cual traerá más necesidades y dificultades en la eficiencia del abastecimiento de agua segura. "Los núcleos poblacionales más expuestos a la falta de agua de red y saneamiento son los que habitan en la periferia de las grandes capitales, siendo el conurbano bonaerense el más importante", puede leerse en Agua, panorama general en Argentina, publicado por Green Cross en 2012.

El problema del agua no es sólo su disponibilidad, sino también su calidad. La semana pasada, la Corte Suprema reconoció que ese recurso es "un bien público fundamental para la vida y la salud", en la causa contra la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), y le ordenó distribuir agua potable a vecinos de la localidad bonaerense de 9 de Julio que habían denunciado altos niveles de arsénico en el fluido. Los habitantes habían presentado a la Justicia un recurso de amparo en 2010.

No es la única localidad afectada: los servicios de ABSA llegan a 91 localidades de la provincia Buenos Aires, donde viven sus 3.700.000 usuarios. El caso evidencia otro fenómeno en torno del agua: la falta de monitoreo sobre la calidad. Según la definición de la OMS, "el arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre ampliamente distribuido en todo el medio ambiente; está presente en el aire, el agua y la tierra. En su forma inorgánica es muy tóxico". Ése es el problema del agua subterránea en muchos lugares de la Argentina, donde lo que también escasea es la información.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre la falta de monitoreo de la calidad de agua potable en acuerdo con las normas nacionales en las zonas vulnerables de las ciudades y en las zonas rurales de la Argentina. Sin embargo, las declaraciones del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido , durante el IV Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (Aloas), que se realizó a fines de noviembre, describen la realidad: "La inversión nacional anual para obras hídricas y de saneamiento se incrementó un 2100%, acumulando obras por más de US$ 4500 millones", dijo De Vido, quien destacó: "El gobierno nacional transformó desde 2003 en política de Estado los servicios de agua y saneamiento asumiendo decididamente el rol de planificador, llevando a cabo obras de infraestructura que transformaron el sector con un impacto directo en la mejora de la calidad de vida".

Entre otras cifras, el ministro enumeró la construcción de 17.000 kilómetros de cañería de agua y 22.000 kilómetros de cloacas que incluyeron a nueve millones de habitantes. Semejante obra parece no haber alcanzado a los habitantes de Socavones, Fita Huao o los asentamientos relevados por Techo. Según cifras de Green Cross, la construcción de un pozo de agua potable en La Matanza podría costar 25.000 pesos; en la Patagonia, unos 20.000, y en Chaco, 13.000.

La falta de acceso a agua potable también limita otros derechos, como a la salud, la educación y el trabajo

Desde 2010, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Nutrired y Techo conformaron una comisión interdisciplinaria que aborda el tema del agua y sus consecuencias para salud. En junio pasado presentaron el programa Mapa de arsénico-Problemática del agua de consumo en Argentina, con el objetivo de informar acerca de la problemática y buscar soluciones concretas, como pueden ser las donaciones de filtros para el uso doméstico a corto plazo y el desarrollo de un filtro doméstico de abatimiento de arsénico en los laboratorios del Centro de Ingeniería en Medio Ambiente del ITBA. A su vez, el mapa del arsénico del país -que se encuentra en la página de nutrired - ha sido desarrollado con datos de muestras de agua de consumo traídas de diferentes organizaciones del país y de particulares. La comisión se junta una vez por mes y el programa busca cooperación en todo el país.

Es que son cada vez más las ONG que intentan suplir la ausencia del Estado. Miriam Vilcay es dirigente del Colectivo de Mujeres del Gran Chaco y vive en Socavones y fue una de las personas que salieron en busca de una solución para su comunidad tras una larga sequía. "Aprendimos por la fuerza el valor del agua y comenzamos con las pequeñas acciones", contó Vilcay en la jornada Políticas Públicas y Derechos Humanos: Agua para el Desarrollo, organizada por el programa Sedcero de la Fundación Plurales.

Sedcero lleva adelante proyectos sustentables en el Gran Chaco Americano y busca soluciones mediante la construcción de cisternas y la capacitación de las comunidades rurales. Según el censo oficial de 2010, hay cinco millones de personas en el Gran Chaco que no tienen agua potable, y un millón de ellas se encuentra en la Argentina. Paradójicamente, la región conocida como Gran Chaco se superpone parcialmente con la zona en la que se encuentra el acuífero Guaraní, del que se dice es la mayor reserva subterránea de agua dulce del mundo.

La falta de acceso a agua potable también limita otros derechos, como a la salud, la educación y el trabajo. Fernanda Malnis, directora de la fundación Escolares, lamentó que la falta de agua "esté naturalizada y no se perciba como algo importante".

Según un relevamiento de esa entidad, en 1200 escuelas de cinco provincias, apenas el 16% tiene agua potable suficiente todo el año. Asimismo, la mayoría de estas escuelas podrían adaptar sus techos para recolectar agua de lluvia. "No son obras faraónicas", comentó Malnis, en referencia a los costos de esos proyectos.

La lista de iniciativas no gubernamentales es extensa: la fundación Conin, que entrega agua y ayuda a construir pozos en la provincias del Norte; Agua y Juventud, que creó junto a Unicef Argentina la Escuela de Héroes, una campaña de sensibilización con videos y acciones concretas para cuidar el agua, y la Asociación Amigos de la Patagonia, con su programa Agua y Educación, que desde 2004 capacitó a más de 1600 docentes de escuelas públicas y privadas en Tunuyán, Mendoza y Buenos Aires, son sólo tres ejemplos entre decenas de programas que buscan soluciones para el acceso y el uso racional del agua.

Los habitantes de las comunidades rurales están acostumbrados a vivir en condiciones de escasez de agua, afirma Curricoy, que señala que a la dificultad para acceder al agua potable hoy se suma otra amenaza. "El problema es la contaminación industrial de parte de las petroleras y minerías, que antes no realizaban sus actividades en la zona", agrega. Algunos contaminantes potenciales de las industrias son los acrilatos, nitratos, pesticidas, aluminio, fenoles y dioxinas, entre muchos otros.

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