Un ideario "buenista" que provoca miles de muertes

Diana Cohen Agrest
Diana Cohen Agrest PARA LA NACION
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19 de diciembre de 2014  

¿ Cuán trasnochado puede ser un fallo que presupone el dictum de "no se puede hablar desde el dolor" de las víctimas, pero que confirma, una vez más, que sí se puede hablar desde el dolor de los victimarios? El polémico fallo de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, liderada por el juez Slokar y acompañado por Ledesma y David, abrió nuevamente este interrogante, pues esta vez exigió equiparar los derechos laborales de los presos -contemplando vacaciones y aguinaldo- al de los trabajadores extramuros. ¿Acaso es posible dirimir un presunto conflicto cuando se parte de esta falacia que postula una equipolencia de razones?

Los adalides de un falso progresismo parecen no advertir que no pueden alcanzar una posición ecuánime porque esta aspiración supone que todos los puntos de vista son equivalentes, estén o no sostenidos en buenas razones. Y, por cierto, esa búsqueda del equilibrio está destinada al fracaso: mientras se insista en horizontalizar a la víctima con el victimario, mientras se intente equiparar los derechos de unos y otros, estamos condenados a repetir, una y otra vez, la historia trágica que parece signar a la Argentina.

En una notoria violación del principio de igualdad ante la ley, la matriz abolicionista -en vigor sólo en la Argentina- sostiene que el modelo penal es estructuralmente irracional porque propone que a un mal causado a la víctima en el ayer por el delito, se le sume un nuevo mal, la pena al victimario hoy. Esta perspectiva filosófica en la cual tanto se insiste supone una versión igualitaria de la víctima y el ofensor que pasa por alto no sólo que los sujetos de ambos males son distintos, uno inmerecido y el otro merecido, sino que, además, el mal perpetrado es causa del "mal" de la sanción, cuando en realidad es un bien en cuanto permite la reparación del victimario y la seguridad para la víctima y el resto de la sociedad.

En el estado de naturaleza, la víctima tiene el derecho de hacer justicia por mano propia. Con la creación del Estado, las víctimas potenciales transfieren ese derecho al poder público que a cambio se compromete a proteger la vida de los ciudadanos y a tomar a su cargo la retribución a un delito mediante su sanción. Negando ese sentido fundacional del Estado, los abolicionistas penales niegan la validez del contrato. Y parecen no percatarse de que la justicia retributiva subsiste en la mayoría de las prácticas sociales: si no pago un servicio, al mes siguiente debo pagarlo con un recargo. Y si no lo hago, al mes siguiente la empresa interrumpe el suministro. Desconocer esta predisposición retributiva inherente a la condición humana tal como se desarrolló en Occidente es hacer de la víctima un santo o un mártir. Incluso la llamada "justicia restaurativa" basada en el perdón es el sojuzgamiento de la dirigencia sobre los segmentos más vulnerables de la población, tal como lo mostró su imposición en Colombia, España y Sudáfrica.

Y aun cuando la equiparación de derechos laborales aspire apenas a colaborar en la reinserción social de los condenados, el altísimo porcentaje de los delitos gravísimos cometidos por reincidentes (para los que no hay voluntad política de realizar estadísticas) prueba que es un ideal utópico. En una sociedad atravesada por la impunidad, quien delinque sabe que será eximido de la sanción por el propio sistema penal que se pone a su servicio. En contrapartida, con sólo ingresar en el sitio del Ministerio de Justicia ( http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/atencion-a-las-victimas.aspx) se comprueba el principio de selectividad que menoscaba el acceso igualitario a la Justicia: la atención a las víctimas se ofrece sólo a quienes padecen violencia doméstica, violaciones o a menores sometidos a la explotación sexual comercial, omitiéndose las incontables víctimas de delitos que ni siquiera son contempladas por el sistema penal vigente. Semejante principio de selectividad de las víctimas directas y secundarias del máximo organismo de administración de Justicia, incumple los tratados internacionales de los bastardeados derechos humanos. La omisión de la administración de Justicia se suma al silencio del Poder Ejecutivo y a la inacción del Legislativo.

En cada nuevo embate de este experimento social, el Estado se muestra colonizado por un ideario perverso y traiciona su sentido fundacional mismo: tutelar con equidad los derechos y las obligaciones de todos. En primerísimo lugar, el derecho a la vida y la obligación de respetar la vida ajena. Pero en vista de los fallos aberrantes que la sociedad observa perpleja, no se trata de "ausencia de Estado", como se ha dicho, sino de una omnipresencia sesgada a favor de la delincuencia, tal como lo prueba el nuevo Código Procesal Penal, que legitima con la letra de la ley la jurisprudencia que ordena excarcelar delincuentes. Cuando es una verdad de Perogrullo que cumplir la pena efectiva aseguraría no sólo una baja en el delito extramuros -evitando futuras víctimas-, sino la posibilidad de brindar un tratamiento eficaz en condiciones dignas.

Pero el problema no son sólo los operadores jurídicos adoctrinados en la doctrina penal hegemónica, pues ya sabemos que conviven y dictan sentencia en el reino del revés: el síntoma más grave son las numerosas voces de la elite intelectual nacional -periodistas, sociólogos, politólogos-, muchos de ellos colaboracionistas anclados en un Foucault que elaboró sus ideas cuarenta años atrás y que hoy hace de sus seguidores porfiados conservadores de un statu quo que debe ser revisado.

Sufrimos varias décadas de este experimento social cuyos resultados son mayor miseria y delito, y persistir en su consecución desde la impunidad que garantiza un escritorio o la academia es una provocación de los autores intelectuales de este nuevo genocidio. Si el pacto social se ha roto, tal vez sea el momento de sustituir el pragmatismo feroz que persigue la construcción de poder enmascarada en un ideario "buenista" cuyos resultados letales castigan a una sociedad inerme, por una ética refundacional de una praxis política que atienda a los reclamos de la ciudadanía.

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