Caos de normas en materia de tránsito

Félix V. Lonigro
Félix V. Lonigro PARA LA NACION
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8 de enero de 2015  

En época de vacaciones, las rutas suelen aumentar notoriamente el caudal vehicular y por ese motivo se pone de relieve un problema propio de los países federales cuyas distintas jurisdicciones no están bien coordinadas.

En efecto, la característica de un sistema de gobierno federal es la autonomía de la que gozan las unidades federativas (en nuestro país, las provincias, además de la ciudad de Buenos Aires). Esto implica que pueden ejercer atribuciones propias (es decir, potestades que le son delegadas por la Constitución Nacional) mediante el dictado de normas también propias (leyes y decretos locales).

Para que un sistema federal, en el que coexisten autoridades nacionales con autoridades locales autónomas, funcione adecuadamente, la Constitución que establece ese sistema debe efectuar una adecuada "coordinación" de facultades a fin de evitar superposiciones que confundan al habitante. Precisamente, nuestra Ley suprema ha llevado a cabo esa "coordinación" estableciendo que las provincias conservan todas las atribuciones que no se hayan delegado expresamente al gobierno nacional. La potestad de dictar normas de tránsito no ha sido delegada a la autoridad de la nación, motivo por el cual corresponde a las provincias.

Esto tenía sentido en el siglo XIX y principios del XX, cuando no se circulaba sino en carretas y a caballo o mulas. Pero, iniciado el siglo XXI, el hecho de que cada provincia tenga su propia ley de tránsito resulta anacrónico y caótico. En la actualidad, se pueden atravesar varias provincias en un solo día de viaje en automóvil, y eso obliga al conductor a conocer las diversas legislaciones al respecto.

Si bien existe una ley nacional de tránsito (24.449 y 26.363), se trata de una norma que sólo rige en las rutas nacionales y a la que las provincias tienen la autonomía de adherir o no. De hecho, provincias como Córdoba, Mendoza o Jujuy no han adherido a ella, y otras, como la de Buenos Aires, adhieren con reservas. En consecuencia, es muy difícil para un conductor saber cuáles son sus derechos y obligaciones cuando es detenido por un agente en medio de un viaje interprovincial.

La ley de tránsito debería ser una sola para todo el país. Y debería ser el Congreso de la Nación el encargado de dictarla; pero para que eso sea posible resulta necesario reformar la Constitución Nacional, a fin de delegar esa potestad en forma expresa al gobierno de la nación.

Mientras eso no ocurra, las provincias deberían tener el gesto de renunciar a esa potestad de regular el tránsito vehicular y adherir a la ley nacional sin condicionamiento ni reserva alguna.

Si bien ello implica una reducción a las autonomías provinciales, lo que verdaderamente importa es que los habitantes sepamos que el ordenamiento jurídico nos aporta certezas y no confusiones. Ése es en definitiva el objetivo de las normas y del Estado mismo como organización política, brindar seguridad jurídica y proveer al bien común.

No siempre la clase dirigente debe proponer reformas constitucionales con objetivos reeleccionistas; hay otras cuestiones que importan más al hombre común. He aquí una de ellas.

El autor es constitucionalista, profesor de la UBA, UB y UAI

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