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Dura embestida contra Fayt para generar otra vacante en el tribunal

La Casa Rosada buscaría negociar los cargos con la oposición; rechazo de Sanz
Laura Serra
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31 de enero de 2015  

No fue casual que ayer, tras el sonoro rechazo opositor a la propuesta del Gobierno de nombrar a Roberto Carlés en la Corte Suprema, el Gobierno decidiera embestir contra Carlos Fayt, el más veterano de los miembros del alto tribunal.

La explicación es simple: el oficialismo quiere forzar la salida de Fayt -de 97 años- para generar otra vacante en la Corte Suprema. Con dos lugares vacíos -el primero lo produjo el renunciante Eugenio Zaffaroni-, el oficialismo pretendería ganar un margen mayor de negociación con algún sector opositor. En buen romance, un juez para el kirchnerismo; otro, para la oposición.

Desde la UCR, su presidente y precandidato presidencial Ernesto Sanz negó terminantemente que su partido fuera a acceder a una negociación semejante.

"La posición de la UCR es inalterable: no vamos a aprobar ningún candidato a la Corte Suprema hasta después de la finalización del mandato de Cristina Kirchner. Más allá de los nombres que se barajen, nuestro compromiso sigue firme", insistió Sanz a LA NACION, en referencia al documento que, en ese sentido, firmaron todos los bloques de la oposición en el Senado, en diciembre pasado.

En la oposición están convencidos de que el Gobierno busca impunidad con el nombramiento de un militante kirchnerista, como es Carlés, en la Corte Suprema. Hoy, el tribunal está compuesto por cuatro miembros, Fayt, Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y su presidente, Ricardo Lorenzetti. El oficialismo cree que si logra la salida de Fayt, el tribunal quedará con tres miembros y la oposición deberá sentarse a negociar.

Por esa razón, ayer arremetió una vez más contra Fayt, esta vez en las voces del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.

Cuestionamientos

No estuvieron demasiado prudentes: Fernández insistió en que se le realicen pericias a Fayt para determinar si "a sus 97 años, conserva su idoneidad" para desempeñarse como ministro del máximo tribunal. Capitanich consideró "muy atinado" el reclamo de Fernández, y enfatizó que "la edad de un juez impide el ejercicio efectivo pleno de sus cualidades".

El oficialismo sabe que la oposición no le dará la llave de los dos tercios de los votos en el Senado para que prospere el pliego de Carlés. No sólo por su cercanía al kirchnerismo; ayer, el diario Clarín publicó que es asesor del vicepresidente Amado Boudou en la Cámara alta, dato que Margarita Stolbizer (GEN) ratificó al señalar que Carlés sería un funcionario "ñoqui" que cobra 40.000 pesos por mes.

Para peor, el candidato del Gobierno mintió en su currículum vítae al informar que trabajó como asesor en el Colegio Público de Abogados de la Capital. El vocero de esta entidad desmintió a Carlés y anticipó que lo impugnará (de lo que se informa aparte).

En la oposición comparan la situación de Carlés con la polémica propuesta del Gobierno para que Daniel Reposo ocupe la Procuración General de la Nación, allá por 2012. El actual jefe de la Sindicatura General de la Nación también había falseado su currículum vítae al informar que fue disertante en una conferencia de la ONU sobre derechos humanos cuando, en realidad, fue sólo un participante.

"Ya lo quemaron a Carlés. Es imposible que pase el Senado", anticiparon fuentes opositoras.

La negativa desató una dura reacción del Gobierno.

"La oposición política no puede negarse al tratamiento de la designación de un juez", criticó Capitanich, quien agregó que, "si no hubiera acuerdos políticos" respecto a estas designaciones, "no tendríamos ningún juez en el país".

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