Fuerte revés para Boudou: confirman su procesamiento

La Cámara Federal porteña consideró probado que el vicepresidente recibió el 70% de la imprenta Ciccone como coima por sacarla de la quiebra; la oposición volvió a pedir su juicio político
Hugo Alconada Mon
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20 de febrero de 2015  

Menos de 24 horas después de concluida la Marcha del Silencio y mientras la presidenta Cristina Kirchner celebraba su cumpleaños en Chapadmalal, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de su número dos, Amado Boudou, en el caso Ciccone.

En un fallo unánime de sus tres integrantes, la sala I de la Cámara consideró probado que Boudou, que ayer mismo afrontó nuevos pedidos de juicio político, se quedó con el 70% de la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta que ganó el contrato para imprimir los billetes de 100 pesos. Y que lo hizo a través de la firma The Old Fund como parte de una coima, para lo cual incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo de ministro de Economía, entre 2009 y 2011.

La Cámara confirmó también los procesamientos del socio e íntimo amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y de su jefe de gabinete en el Palacio de Hacienda, Guido Forcieri.

El fallo resultó un revés completo para Boudou, luego de que su abogado Diego Pirota renunciara días atrás a su defensa. La Cámara no sólo consideró probada "claramente" su relación con Vandenbroele, sino que también validó las múltiples reuniones que el entonces ministro de Economía mantuvo con los Ciccone en los estudios del canal Telefé, el bar I Fresh Market y el hotel Hilton de Puerto Madero.

En una resolución de 81 carillas, los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah también decidieron que continúen procesados el empresario dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, y Rafael Resnick Brenner, por entonces jefe de gabinete del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

El jefe de la AFIP quedó, a su vez, un paso más cerca de su llamado a indagatoria por el juez federal de primera instancia, Ariel Lijo. Así lo reclamó uno de los camaristas, Farah, que también pidió que se ahonde en la actuación del Banco Macro, de Jorge Brito, en la operatoria bajo sospecha.

"Se impone a mi criterio", planteó Farah, "que el juez de primera instancia escuche en declaración indagatoria a Ricardo Echegaray y al resto de los funcionarios de la AFIP intervinientes en el procedimiento falencial", es decir, la quiebra que primero pidió el organismo tributario para, tras el desembarco de Vandenbroele, dar su apoyo "incondicional" a su levantamiento.

Los otros dos miembros de la Sala I, Freiler y Ballestero, también ordenaron ahondar en la AFIP: "El juez deberá esclarecer las causas específicas que preludiaron al consentimiento que la AFIP prestó para que se levantara la quiebra de la empresa y la identidad de los funcionarios que arribaron a esa decisión; las circunstancias que llevaron al organismo a no reclamar -por el transcurso de más de un año- a la contribuyente la adecuación a un nuevo plan de pagos, a pesar del rechazo del pedido original y de la restitución de la planta a favor de la concursada el día 8 de julio de 2011", indicaron. "En igual sentido, corresponderá al magistrado develar las particularidades que rodearon el acogimiento del plan de pagos y el otorgamiento del certificado fiscal a favor de «Compañía de Valores Sudamericana» con fecha 13 de diciembre de 2011, teniendo especialmente en cuenta que la firma había omitido declarar los intereses punitorios y resarcitorios que mantenía con la AFIP -equivalentes a $ 124.000.000-, siendo la irregularidad detectada recién el día 23 de febrero de 2012, es decir, dos semanas después de iniciadas estas actuaciones."

Más cerca del juicio oral

Con sus procesamientos confirmados, Boudou y el resto de los protagonistas del caso Ciccone quedaron un paso más cerca de afrontar un juicio oral. El arribo a esa instancia dependerá de las apelaciones que las defensas puedan presentar ante la Casación Penal o incluso la Corte Suprema, y varias medidas de prueba pendientes en primera instancia. Por todo eso, la imagen de Boudou sentado en un banquillo no ocurrirá antes de que expire en diciembre próximo su mandato como vicepresidente.

De inmediato, sin embargo, la Casa Rosada deberá definir su posición ante la nueva ola de pedidos de juicios políticos contra el vicepresidente. Sólo horas después de conocido el fallo de la Cámara, así lo solicitaron los diputados nacionales Manuel Garrido (UCR) y Patricia Bullrich (Unión Pro), en tanto que la legisladora por GEN Margarita Stolbizer reclamó a la Presidenta que tome las medidas necesarias.

El único de los procesados por Lijo en primera instancia que salió ayer mejor parado, en tanto, fue el yerno de Ciccone, Guillermo Reinwick. Aunque con la disidencia de Farah, los camaristas Freiler y Ballestero revocaron su procesamiento tras concluir que no hay pruebas suficientes.

La Cámara le dio otra señal positiva a Reinwick al ordenar que su denuncia por las amenazas que dijo recibir del socio de Boudou pase a ser investigada por Lijo como una parte más del caso Ciccone, en vez de ser instruida por otro juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi.

Por el contrario, el fallo complicó la situación de Olga Beatriz Ciccone, la hija de Nicolás conocida como "Bettina", y Silvia Noemí, hija del otro fundador de la empresa, Héctor, ya fallecido. Los camaristas consideraron "aconsejable" que el juez Lijo las llame a indagatoria.

Para los camaristas Freiler y Ballestero -Farah adhirió con un voto propio-, además, quedó probado el vínculo entre el vicepresidente y su presunto testaferro. "Las probanzas colectadas [?] demuestran claramente la relación de amistad entre Boudou y Núñez Carmona y, de allí, a Vandenbroele", indicaron.

Del mismo modo, los camaristas dieron por ciertas las múltiples reuniones que protagonizaron Boudou y Núñez Carmona con miembros de la familia Ciccone, a pesar de las críticas que las defensas presentaron sobre los cruces de llamadas y mensajes telefónicos a los que recurrió Lijo para probar los encuentros en Puerto Madero o Telefé.

"Las reuniones señaladas por el juez sí existieron", concluyeron Freiler y Ballestero, que afirmaron que con las evidencias recolectadas en el expediente "es posible desentrañar el contenido de esos encuentros, lo que allí se debatió y decidió".

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