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Estatización de ferrocarriles: volver a lo peor del pasado

Los impulsos populistas sólo llevan a aumentar costos a cambio de peores servicios, con más impuestos y mayor deuda o inflación
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6 de marzo de 2015  

El anuncio presidencial de la estatización de los ferrocarriles se encuadra en la búsqueda de respaldos emotivos o ideológicos más que en la pretensión de una solución para los problemas que afectan esos servicios. La fervorosa ovación que acompañó el tono épico con que la Presidenta hizo conocer esa decisión recuerda otras situaciones similares que luego, con el tiempo, debieron lamentarse. Se sabe adónde llevan los impulsos populistas que contradicen la lógica y la experiencia. Los costos se terminan pagando con peores servicios, más impuestos, más deuda o más inflación.

No fue difícil crear un clima de opinión adverso a la gestión ferroviaria privada cuando se le impidió prestar los servicios eficientemente, ahogándola mediante congelamientos tarifarios. Así obró el Gobierno en las líneas metropolitanas desde 2002, además de soslayar los controles, ya sea por desidia o por complicidad. Los enormes subsidios no se canalizaron correctamente y las consecuencias se pagaron en falta de mantenimiento, malos servicios, accidentes y vidas humanas.

El Estado no sólo fue incapaz de instrumentar una política adecuada, sino que no pudo controlar ni tampoco aportar las inversiones a las que estaba obligado. Hay suficientes motivos para entender que no será capaz de operar eficientemente. Nunca lo fue mientras la empresa ferroviaria era estatal.

La incorporación de modernos coches ferroviarios con financiamiento chino es un hecho plausible. Hay dos condiciones para que sus efectos para la comunidad se optimicen. Deben ser bien mantenidos y preservados del vandalismo, y el pago de su financiamiento deberá provenir principalmente de las tarifas, es decir, de quienes los usarán. La estatización no parece ser mejor instrumento que el incentivo de un propietario privado para que se cumplan estas dos condiciones.

Al día siguiente del anuncio presidencial del 1° de marzo, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dictó una resolución por la que ordena a la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) rescindir los acuerdos de operación con empresas privadas en las líneas metropolitanas Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur. Debe recordarse que las concesiones de estas líneas ya habían sido rescindidas, pasando la titularidad a Sofse. Se hicieron luego acuerdos de operación con empresas que explotaban otras líneas no rescindidas y éstos son los que ahora se cancelan. Se completa así un proceso de total estatización de estos ramales. No ha habido hasta ahora un paso administrativo concreto respecto de las concesiones originales que hasta ahora no fueron rescindidas. Es el caso de las líneas metropolitanas del Urquiza y el Belgrano Norte, que desde comienzos de este año se encuentran en negociaciones contractuales referidas a ajustes tarifarios, subsidios e inversiones. No había ningún anuncio de cambiar este proceso, por lo que cabe suponer que el anuncio de la Presidenta obedeció a una decisión no planificada. Tampoco está claro cómo y cuándo se estatizarán las concesiones ferroviarias de cargas, que aún están en manos privadas. Éstas no tienen la exposición pública que tiene la red metropolitana ni demandan cuantiosos subsidios estatales. Sin embargo, el anuncio presidencial parece incluirlas y, además, integrarlas con la red metropolitana en una sola empresa: Ferrocarriles Argentinos.

A sólo nueve meses de finalizar su mandato, esta decisión de Cristina Kirchner luce extemporánea e inapropiada cuando uno de los problemas más graves es la aguda situación fiscal deficitaria. Se demandarán fondos públicos adicionales y se dejará al próximo gobierno otro problema más por resolver. Parece una decisión de campaña o tal vez el propósito de enarbolar una bandera que la actual Presidenta hará flamear desde la oposición cuando el próximo gobierno deba arreglar con medidas difíciles los desaguisados que ella misma le dejará.

La cuestión de los ferrocarriles no es de tipo filosófico, ideológico o político. Es técnica y económica. En ningún lugar del mundo, se prestan buenos servicios ferroviarios urbanos y suburbanos con tarifas que son la décima parte de lo que cuesta un café. Tampoco se encuentran casos en los que los ferrocarriles o subterráneos compiten con ómnibus que reciben subsidios que cubren más de dos tercios de sus costos. Si hubiera que subsidiar por razones sociales o para amortiguar ajustes tarifarios, debe hacérselo sólo para quienes lo necesitan y no para todos indiscriminadamente. El uso de tarjetas digitalizadas como la SUBE facilitaría este camino.

La solución no pasa por estatizar, sino que debe comenzar por ordenar toda la política de transporte y normalizar la situación tarifaria. Deben perfeccionarse y simplificarse las regulaciones y la supervisión del sistema. En el caso de nuestra región metropolitana, esto impone una coordinación interjurisdiccional. El planeamiento y la instrumentación de políticas de fondo y perdurables es lo que efectivamente pone a prueba un buen gobierno.

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