Las cosas de las que el poder no habla

Joaquín Morales Solá
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8 de marzo de 2015  

Hay cosas de las que el Gobierno no habla. El tedioso petardismo verbal le sirve sólo para distraer con asuntos menores o falaces. ¿Cuántos borradores de documento escribió Alberto Nisman sobre la actitud del oficialismo frente a Irán? El Gobierno dio mil vueltas sobre un tema que resultó intrascendente. Importa sólo la enorme denuncia que Nisman presentó ante la Justicia cuatro días antes de morir. ¿Dónde fueron ubicados los invitados al discurso del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti? Esa pregunta, y sus sesgadas respuestas, dio vuelta por todos los medios oficialistas. Ni una palabra sobre lo que Lorenzetti dijo, que fue lo relevante. El silencio sobre la parte fundamental del discurso del juez se debe, tal vez, a que no se puede refutar una clase elemental, pero indispensable, de instrucción cívica.

El silencio es más amplio y sugerente. Nadie del oficialismo dijo nada nunca sobre las conversaciones telefónicas que revelaron la importancia de personajes orilleros en el centro de la política. Es notable el esfuerzo del Gobierno para borrar los rastros de la importancia de Luis D’Elía, por ejemplo, en el entramado de la relación con Irán. Pero es el propio D’Elía el que le contó a Jorge "Yussuf" Khalil, en una conversación telefónica, que estaba saliendo de la Casa de Gobierno y que al día siguiente viajaría a Venezuela con Cristina Kirchner. Khalil y D’Elía tenían (¿tienen?) las puertas abiertas de la embajada iraní en Buenos Aires, según se desprende de varias de esas conversaciones. Y hablaban directamente con el encargado de negocios, al que llaman "el embajador", que en rigor no lo es, aunque en los hechos cumple las funciones de máximo representante iraní en la Argentina.

Khalil, que es en realidad el representante político del gobierno de Teherán en el país, tiene diálogo directo con Moshe Rabbani, el ex encargado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires en el momento del atentado contra la AMIA. Rabbani, que está en Irán, es "el asesino" para la justicia argentina; es decir, el que organizó, ordenó y financió la masacre en la mutual de la comunidad judía. Khalil tiene diálogo fluido, además, con D’Elía, con Fernando Esteche (el jefe del destructivo Quebracho) y con el jefe camporista y diputado Andrés "Cuervo" Larroque. Khalil, D’Elía y Esteche fueron varias veces compañeros de viaje en sus travesías por Irán.

Hay un protagonista en la historia, Ramón Allan Bogado, que el Gobierno dice que es un falso influyente y que hasta se hizo pasar por agente de la ex SIDE cuando nunca lo fue. Pero fue Esteche el que contó públicamente que lo conoció a Bogado en el despacho del entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y que negoció con él una reducción de la condena que tenía por hechos violentos. ¿Qué hacía un fanfarrón y un espía que no era espía en el despacho del jefe de Gabinete? ¿Por qué negociaba con él sobre el contenido de una resolución judicial? El relato es de Esteche, que ahora se sabe que tiene una estrecha relación personal, no sólo funcional, con funcionarios cristinistas. Quebracho es un ejército violento a las órdenes del Gobierno.

Es el mismo Bogado que aparece en otra conversación con Khalil, en la que éste le cuenta, desencajado, que le robaron 300 FAL. ¿Para qué tenía Khalil 300 fusiles? En una grabación, Khalil asegura, incluso, que se verá en privado con la Presidenta. ¿Se vio realmente? ¿De qué hablaron? ¿Hasta dónde llegan las conexiones de protagonistas alejados de la política formal, pero quizá más influyente? La importancia de ese submundo que se mueve en los sótanos del poder es lo que el Gobierno quiere esconder no hablando de sus personajes ni de lo que dicen. Lo que dicen es, a veces, muy grave. Todos ellos cultivan ideas antisemitas, que revelan hasta cuando hablan del canciller Héctor Timerman, que es un mal ministro, pero no por la religión que profesa.

La Cámara Federal deberá ahora revisar o ratificar la resolución del juez Daniel Rafecas, que desestimó de plano la denuncia de los fiscales Nisman y Gerardo Pollicita contra la Presidenta, Timerman, D’Elía, Esteche, Larroque y Bogado, entre otros. Larroque recusó al fiscal de la Cámara, Germán Moldes, sólo porque éste participó de la marcha del 18-F en homenaje a Nisman. ¿Qué tiene que ver una manifestación de dolor con una causa por encubrimiento de terroristas? Nada. No hay un solo artículo del Código Procesal Penal que habilite semejante recusación. Moldes es ahora el enemigo del cristinismo: el viernes le quitaron el auto oficial que le había entregado Néstor Kirchner.

Extrañamente, apareció como operador del Gobierno en la justicia federal el juez Rodolfo Canicoba Corral, que es el que firmó las órdenes de captura internacional de los dirigentes iraníes, que todavía están vigentes. Canicoba Corral fue desleal con Nisman no bien éste hizo su denuncia y ahora fue desleal con el resto de los fiscales, porque descalificó la marcha de febrero que éstos convocaron. ¿Qué lo empuja a Canicoba Corral a ser tan funcional al Gobierno? ¿Acaso la posibilidad de que su hijo sea nombrado juez?

En ese contexto, sabe a verosímil la denuncia de la jueza Arroyo Salgado de que su ex esposo, y padre de sus hijas, fue víctima de un crimen. El equipo técnico que hizo el trabajo forense para la jueza es, además, muy prestigioso. De hecho, los médicos que realizaron la autopsia de Nisman son todos discípulos de Osvaldo Raffo, el principal perito forense que firmó el informe divulgado por Arroyo Salgado.

En rigor, la ex SIDE ya debería estar trabajando formalmente en la investigación de la muerte de Nisman. Pero Cristina Kirchner desconfía de los espías en los que se respaldó ciegamente durante una década. La única alternativa que le queda es depositar ese trabajo de inteligencia en César Milani, pero esa decisión sería ilegal. Si Milani estuviera trabajando en el caso, no sería para buscar la verdad, sino para salvar al Gobierno del desastre.

Silencio sobre lo que no se puede nombrar y distracción usando cosas que no tienen nada que ver con nada. El viernes, la agencia oficial Télam distribuyó un insólito cable que hablaba de la causa abierta por Cristina contra los dueños privados de Papel Prensa. No contenía ninguna información nueva. Sólo un recordatorio de ese expediente, que carece de pruebas y argumentos. Es una causa del año 2010, que ningún juez encontró viable. No sería extraño que el fiscal recientemente nombrado por Gils Carbó, Leonel Gómez Barbella, le pida en los próximos días al juez Julián Ercolini la declaración indagatoria de Bartolomé Mitre y de Héctor Magnetto. La estrategia del Gobierno es una sola siempre: no somos inocentes; todos somos culpables de algo. Menem recurrió al mismo mecanismo en el ocaso de su poder.

Esas tretas no taparán la muerte política más importante de la democracia argentina. Arroyo Salgado reveló también que ella les pidió al secretario de Seguridad, Sergio Berni, y al jefe de la Policía Federal que demoraran la autopsia de Nisman hasta que la familia nombrara peritos de parte. La fiscal Viviana Fein asegura que no recibió esos mensajes. ¿Por qué los jefes policiales no trasladaron ese reclamo crucial? ¿Qué sucedió, en definitiva, con el cuerpo de Nisman durante las muchas horas que estuvo muerto sin que su familia se enterara? Esas horas incumben sólo a las fuerzas policiales, incluida la custodia del fiscal. El silencio del poder cubre también esas horas inexplicables y su inexcusable responsabilidad política.

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