La construcción deliberada de la irregularidad

Roberto Gargarella
Roberto Gargarella PARA LA NACION
Desplazamientos, designaciones ilegales, recompensas y presiones, cuando no amenazas de los servicios de inteligencia, son prácticas habituales del Gobierno, que promueve la anomalía en los tribunales para garantizarse la impunidad
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15 de julio de 2015  

En materia de justicia, lo que prima hoy es la construcción de la irregularidad. Una irregularidad meditada, trabajosamente buscada, de forma tal de cubrir las espaldas propias, domesticando la rama judicial al mismo tiempo. Esto es lo que ahora importa: que nadie tenga autoridad para objetar a nadie; que todos aparezcan contaminados. No interesa la dimensión de las faltas: quedan compensadas, sin ninguna que prevalezca.

Muere un fiscal que está a punto de denunciar al Gobierno. Ni qué pensar en ello: era un corrupto. De modo ilegal se destituye a un juez que iba a fallar contra el Gobierno. Que nadie ose hablar a favor de él: estaba mal nombrado y quería quedarse en su puesto. Se embate contra un juez que investiga a la familia presidencial. No es problema. Nadie se movilizará por él, porque su expediente es demasiado oscuro. Marca decisiva de este tiempo: que todo quede enlodado o ardiendo bajo el mismo fuego. Importa construir la irregularidad, generalizarla. Es de este modo como se garantiza el silencio.

Las irregularidades que se han ido produciendo en el ámbito judicial se incrementaron en los últimos años a partir de desplazamientos y designaciones ilegales (especialmente a través de la designación de jueces y fiscales subrogantes, y a través del nombramiento de nuevos conjueces), a las que se sumaron, primero, las habituales presiones y recompensas económicas hacia los jueces, y luego, las inhabituales (pero muy propias de estos últimos 10 años) amenazas impulsadas desde los servicios de inteligencia, o los premios facilitados por la creación de los cargos nuevos.

Las irregularidades, en principio, sirven a propios y a extraños. Para los funcionarios judiciales, suele tratarse de incentivos especialmente potentes: ellos significan mayor poder de influencia y dinero. En particular, la "subrogancia" puede llegar a implicar un aumento significativo en las ganancias económicas, facilitadas a partir de la designación en un cargo por el que no se ha concursado.

Para el Gobierno –que es quien pone en marcha la maquinaria de las subrogancias, los conjueces y los nombramientos irregulares–, este tipo de decisiones promete ventajas de tipo extraordinario. Por una parte –y ésta es la cara más visible de la maniobra–, el oficialismo puede nombrar de este modo, como jueces provisionales, a personas cercanas, habitualmente poco calificadas, y que por ello mismo no podrían ser designadas a través de los más exigentes procedimientos de selección de jueces. En segundo lugar, y ya en un plano algo más sumergido, toda subrogancia implica funcionarios en situación de fragilidad, que temen abandonar las ventajas "transitoriamente" adquiridas. Se trata de funcionarios que se sienten obligados a complacer o, al menos, a no incomodar a quienes los han nombrado, de forma tal de mantenerse en sus puestos y, a partir de ello, preservar los provisionales privilegios de los que ahora gozan. En tercer lugar, la alteración citada facilita los procesos de remoción o desplazamiento de los letrados, sobre todo si los comparamos con los complejos procedimientos exigidos para la remoción de jueces. De modo adicional y decisivo, estas anomalías extendidas "compran" silencio, haciendo más difícil la crítica sobre quien las propicia. Se resisten a hablar los jueces en situación irregular (ellos mismos podrían ser sancionados en el intento); del mismo modo en que se le dificulta la crítica al ciudadano: ¿cómo salir a respaldar a un funcionario hoy removido cuando, en verdad, ese mismo juez no se encuentra bien nombrado en su cargo?

Encontramos entonces la principal diferencia que obtiene el Gobierno irregularizándolo todo: apenas el poder oficial se considera incomodado o amenazado por algún funcionario afectado por alguna anomalía (anomalía que el propio oficialismo, con ansiedad y cuidado, creara) se sacan a la luz y denuncian esas mismas irregularidades que el Gobierno ha propiciado. Murió Nisman: "Miren los miles de dólares que recibió, la impunidad con la que se movió, los vínculos con la inteligencia que tuvo" ("faltas" creadas, una por una, por el Gobierno). Se destituye al juez Cabral: "Miren cómo llegó a su puesto, miren cómo se aferró a su cargo".

Pero el Gobierno olvida decir que fue él quien aseguró que casi el 20% de los funcionarios del área se encuentren en situación irregular. Se olvida de mencionar que la Procuración General se especializó en estos años en inundar su paso con nombramientos irregulares y en justificar en público el valor de las subrogancias (eso sí, con una torpeza llamativa, que la dejó enfrentada en varias ocasiones con la propia ley que alegaba). Se olvida de citar, también, el modo en que violentó los procedimientos del Consejo de la Magistratura que hoy controla, para luego designar a decenas de funcionarios en situación anómala. En este sentido, las respuestas judiciales muy adversas que recibieron las desprolijas iniciativas de designación de fiscales por parte de la Procuración, o de nombramiento de subrogantes por el Consejo de la Magistratura (respuestas como la expresada el lunes por una decisión de la Cámara Federal), deben verse menos como la expresión de una "resistencia corporativa" a una "reforma democratizadora" que como la manifestación de un entendimiento constitucional en torno a reformas tramposas.

Las irregularidades creadas por el poder tienen enorme potencia explicativa a la hora de dar cuenta de los modos en que hoy se encuentra actuando buena parte de la comunidad jurídica. Encontramos, por un lado, a los que han roto lanzas con el Gobierno, apostando por un cambio de rumbo que los libere del fuego continuo que hoy sienten sobre sus cuerpos: estos funcionarios saben muy bien que, hoy por hoy, cualquier cosa puede ocurrir con ellos. Se encuentran, por otro lado, aquellos funcionarios judiciales que han basculado siempre entre poderes de signo distinto. Muchos de ellos son conscientes de que la inacción o la aquiescencia con el Gobierno los deja defendiendo ilegalidades obvias, a la vez que advierten que el enfrentarse con el poder político los pone en situación de riesgo. Las irregularidades vigentes, entonces, les ofrecen la excusa perfecta: aludiendo a las mismas, evitan el riesgo de enfrentarse con el Gobierno y, ante el público, justifican su acción con el argumento de que aquello que el gobierno ataca (por ejemplo, al juez X, mal designado) resulta, desafortunadamente, una situación que es contraria a derecho.

Finalmente, de este modo se entiende también la defección propia de tantos colegas enrolados en Justicia Legítima: la deshonestidad con que, por ejemplo, denuncian las subrogancias estilo "Cabral" mientras festejan, atropellándose entre sí, las subrogancias estilo "Procuración General", o el modo insincero en que gritan "derechos humanos", mientras que –frente a otras graves violaciones de derechos en juego– pasan a militar en el equipo del ocultamiento y el silencio (en el caso más reciente, silencio frente al irregular desplazamiento del fiscal Gustavo Gómez apenas éste llamó a indagatoria al ex jefe del Ejército). Ocurre que los colegas enrolados en Justicia Legítima se saben dueños de las prerrogativas del tiempo: todos los "premios", ascensos, sobresueldos y nombramientos quedan con ellos. Para una agrupación que (como Carta Abierta en el ámbito de las ciencias sociales) pretende mostrar al público que regula sus acciones conforme a principios, la situación es bastante simple. Como en el ámbito judicial las injusticias abundan, siempre será sencillo denunciar la irregularidad de aquí (jueces mal designados, jueces corporativos y elitistas, jueces que negocian con el poder), aunque ello implique, en el mismísimo acto, acallar la injusticia idéntica que se encuentra del otro lado (jueces mal designados, jueces corporativos y elitistas, jueces que negocian con el poder).

Denunciando lo primero cuelgan sobre su pecho henchido la medalla de los grandes principios; ocultando lo segundo, mientras tanto, se llevan silbando bien bajo todos los premios. Principismo de un solo ojo. Heroísmo recostado sobre la arrogancia de los privilegios. Malos tiempos para la Justicia y para quienes quieren mirar el mapa completo. La construcción de la irregularidad cumplió con uno de sus fines, que fue degradarlo todo, y, en tal sentido, ha tenido éxito. Será importante al menos –qué otra cosa hoy nos queda– no olvidarlo.

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