Embargan a todo el directorio de LAPA

El juez Literas inmovilizó $ 60 millones para asegurar futuras indemnizaciones
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25 de mayo de 2000  

La Justicia embargó ayer los bienes de los miembros del directorio de LAPA hasta cubrir los 60.000.000 de pesos para garantizar el pago de futuras indemnizaciones por la tragedia aérea de Aeroparque, en la que murieron 67 personas.

El juez federal Gustavo Literas trabó embargos contra el presidente de la compañía aérea, Gustavo "Andy" Deutsch, y otros 11 directivos de la empresa que tiene el 25 por ciento del mercado aéreo argentino.

La medida judicial no afectaría las operaciones de LAPA, que factura unos 220 millones de pesos anuales.

El magistrado, que el mes próximo indagará por la catástrofe a tres decenas de ejecutivos y miembros de la Fuerza Aérea, también trabó embargos -aunque mucho menores- contra cinco gerentes y cuatro instructores de vuelo que capacitaron al piloto Gustavo Weigel y al copiloto Luis Etcheverry, ambos fallecidos en el accidente ocurrido el 31 de agosto de 1999.

Asimismo, deberán declarar en la causa penal y responder preventivamente con sus propiedades cuatro oficiales superiores de la FAA y cinco inspectores de la fuerza que les dieron las licencias a los tripulantes fallecidos.

Literas comunicó su resolución a los registros de la Propiedad, del Automotor, de Buques y de Aeronaves, a la Bolsa de Comercio, al Banco Central y a todas las entidades financieras del país. El juez federal Gustavo Literas, que investiga el accidente del avión de LAPA en el que murieron 67 personas, embargó ayer los bienes personales de los 12 miembros del directorio de la compañía hasta cubrir la suma de 60.000.000 de pesos.

El magistrado dictó la medida para garantizar el cobro de futuras indemnizaciones de carácter civil, explicaron fuentes judiciales.

Como informó La Nación en su edición de ayer, el presidente de la empresa aérea, Gustavo "Andy" Deutsch, y los directores Rolando Boyd, Patricio Binder, Francisco Bunzl Lavín, Francisco de Narváez, José María de la Fuente, José González, Eduardo Daniel Becher, Silvio Becher, María Billinghurst, Sergio Crivelli y Gustavo Schutt serán indagados a partir del 6 de junio por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida el 31 de agosto de 1999 en la zona de Aeroparque.

También declararán en Tribunales cinco gerentes y ex gerentes de la firma -Fabián Chionetti, Raúl Novo, Nora Arzeno, Ricardo Willson y Valerio Diehl- y cuatro instructores de vuelo que capacitaron al piloto Gustavo Weigel y al copiloto Luis Etcheverry, ambos fallecidos en el accidente.

Los bienes de los gerentes fueron embargados por 200.000 pesos y los de los instructores por 150.000.

El juez indagará, asimismo, al ex jefe del Comando de Regiones Aéreas brigadier mayor Enrique Dutra, al ex jefe de la División Nacional de Aeronavegabilidad brigadier (R) Juan Baigorria, al ex jefe de la División de Habilitaciones comodoro (R) Damián Peterson, al ex titular del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (Inmae) comodoro (R) Diego Lentino y a cinco inspectores del arma, encargada del control del sistema de aeronavegación.

Los oficiales superiores de las FAA imputados afrontarán un embargo de 100.000 pesos, mientras que los inspectores de la fuerza deberán responder con la mitad.

Para dar cumplimiento a las medidas precautorias, Literas remitió ayer oficios a los registros de la Propiedad Inmueble de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, y al del Automotor, al de Aeronaves y al de Buques, a la Bolsa de Valores, al Banco Central y a todas las entidades bancarias y financieras del país, dijo una fuente judicial.

Más que un error humano

Literas y los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Navas Rial están convencidos de que el accidente no sólo es producto de un error humano de los pilotos, que desoyeron la alarma.

Las indagatorias serán por la tarde, fuera del horario judicial, y algunas se tomarán durante la feria de invierno. Luego, el magistrado resolverá si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de las tres decenas de acusados.

Fuentes judiciales precisaron que se les recibirá declaración por los delitos del Título VII del Capítulo I del Código Penal, que trata sobre incendios y otros estragos que afectan la seguridad pública. Las penas previstas van de un mes a 20 años de prisión.

Consultado sobre la posición de la la FAA ante las citaciones, el secretario general de la institución, brigadier Juan Tomás Martínez Villada, dijo: "El tema está en manos de la Justicia. Sólo puedo asegurarle que (la fuerza) presta y prestará todo su apoyo a los procederes judiciales".

En LAPA nadie quiso hablar. El vocero, Gustavo Perace, indicó que Deutsch está en los Estados Unidos y que Boyd encuentra en San Pablo, Brasil.

La aerolínea podrá seguir operando

El embargo preventivo que trabó ayer el juez Gustavo Literas contra los directivos de LAPA no debería tener impacto sobre la operación actual de la compañía.

La medida del magistrado tiene el objetivo de evitar que los afectados no tengan con qué responder económicamente a eventuales demandas civiles o costas judiciales, derivadas del proceso de investigación del trágico accidente en Aeroparque, ocurrido el 31 de agosto último.

No apunta, entonces, a inmovilizar los aviones ni la operatoria de LAPA. En todo caso, al juez no le interesa terminar con las fuentes de ganancias de la compañía, todo lo contrario.

Por otra parte, los abogados de LAPA y los de sus directivos tienen la posibilidad de apelar la medida ante la Cámara Federal, lo que demoraría la aplicación efectiva del embargo.

La participación en el mercado de la empresa ronda hoy el 25 por ciento, con una facturación de alrededor de 220 millones de pesos anuales.

Si el embargo llega a concretarse, representará unos tres meses de facturación. Se trata sin duda de un golpe duro, pero no imposible de sobrellevar.

Salvo, claro, que volver a estar en la picota de un caso tan doloroso afecte nuevamente la confianza de sus clientes y sus ganancias.

La otra demanda

CORDOBA.- Al margen de la expectación que existe en torno de la causa que instruye el juez federal Gustavo Literas, muchos familiares de las víctimas del accidente de LAPA depositan sus esperanzas en la demanda que el Grupo de Abogados Nolan de Chicago inició en los tribunales de esa ciudad norteamericana.

La firma, que patrocina a unas 20 familias cordobesas, demandó a Boeing (fabricante de la aeronave), a United Airlines (entrenadora de los tripulantes) y a otras empresas vinculadas, por considerarlas corresponsables de la tragedia. La próxima audiencia en los tribunales de Chicago se realizará el 16 de junio y, según prometieron los abogados, si la demanda prospera los familiares se harán acreedores de abultadas indemnizaciones.

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