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La Corte le puso punto final al abuso de jueces interinos

Adrián Ventura
Adrián Ventura LA NACION
El fallo de la Corte que declara inconstitucional el régimen de jueces subrogantes es el punto final al abuso de una política oficial
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4 de noviembre de 2015  • 14:14

El fallo de la Corte que declara inconstitucional el régimen de jueces subrogantes es el punto final al abuso de una política oficial: nombrar jueces interinos por fuera de los requisitos constitucionales.

La ley 27145 había habilitado al Consejo a nombrar, por simple mayoría, jueces sin intervención del Ejecutivo ni del Senado y esos nombramientos recayeron invariablemente en secretarios, empleados o simples abogados que tenían un denominador común: ser cercanos al Gobierno.

Ayer, se había visto un ejemplo extremo de esa política oficial: dos jueces interinos, irregularmente nombrados, terminaron sacando de una causa al juez Gemignani, el único juez natural (verdadero) que intervenía en la causa del Memorandum de Irán. Y, en general, cada vez que el Gobierno se vio en una situación delicada frente a una causa judicial, buscó apartar a los jueces naturales para nombrar a uno amigo. Fue, también, lo que hizo con la ley de medios.

Ahora, la Corte volvió todo a fojas cero; invalidó la ley y también todas las atribuciones que venía ejerciendo el Consejo para incurrir en esos excesos. Excesos que le permitían nombrar jueces suplentes con menos requisitos que los que se exigen para los jueces verdaderos (naturales). Un contrasentido.

Y puso un plazo muy breve: el nuevo Congreso deberá dictar un nuevo régimen en 90 días, porque en ese plazo cesan los jueces interinos actuales - LA NACION fue el único medio que anticipó que la Corte pondría este plazo tan exiguo.

Pero como está claro que la Corte no termina de confiar ni siquiera en la celeridad con la que pueda moverse en Consejo, el propio tribunal fijó un régimen provisional para que, de ahora en más, el Consejo sólo pueda elegir jueces suplentes entre jueces que estén en actividad o jubilados, pero que sean magistrados que ya hayan cumplido con todos los requisitos constitucionales.

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