Otro avance sobre la Justicia

Daniel Sabsay
Daniel Sabsay PARA LA NACION
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14 de noviembre de 2015  

El Estado de derecho necesita de una Justicia independiente como uno de sus principales elementos, ya que es ella la que tiene la tarea de controlar que la Constitución y las leyes se cumplan. Lamentablemente la era K se ha caracterizado por un avance permanente sobre la Justicia. En 2006 la reforma de la ley que regula el Consejo de la Magistratura llevó a que éste quedara integrado por una mayoría de representantes del sector político, donde el oficialismo con cinco sobre trece miembros logra bloquear la elevación de una terna para la designación de un nuevo juez o la acusación de un magistrado para dar inicio a un juicio político. Esta actitud se ha acentuado durante los dos mandatos de Cristina Kirchner. Si bien la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de parte de la denominada "democratización de la Justicia" (en realidad, su "dominio"), de ella han quedado vigentes disposiciones que avanzan sobre la independencia judicial.

La escalada continúa con la aparición de la agrupación Justicia Legítima, cuyos integrantes -jueces, fiscales, juristas- se proclaman militantes del proyecto político que encabeza la actual Presidenta. Nada más alejado de la imparcialidad y objetividad que deben observar los magistrados. Afortunadamente la ley de subrogancias ha sido declarada inconstitucional recientemente por la Corte Suprema.

A este cuadro se suma la remoción o apartamiento de los jueces que tienen a su cargo causas que comprometen al Ejecutivo. Los casos del fiscal Campagnoli y de los magistrados Bonadio, Herrero y Fernández no alcanzaron a concretarse por la reacción de la opinión pública, pero se acecha la continuidad de otros. Es lo que hoy le ocurre al vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca Néstor Montezanti que fuera designado para ocupar ese puesto con el acuerdo unánime del Senado en 2002. Sin embargo, hoy su presencia molesta dado su desempeño como juez independiente en una causa por facturas apócrifas que involucra a Lázaro Báez. El juez de primera instancia Martínez había avanzado fuertemente en ese proceso. Eso motivó su apartamiento inmediato (la primera medida adoptada por el Consejo de la Magistratura con la nueva ley de subrogancias).

Luego aprovecharon para ir contra la Cámara, que, como contaba y funcionaba con sólo dos jueces titulares, era fácil de "copar" mediante la suspensión y destitución de uno de ellos. Entre las escuchas de la causa "Suris" por narcotráfico (luego anuladas por reparos procesales), hay un diálogo de Suris con otro presunto narco, en el que este último le dice que "si en la Cámara lo agarra Montezanti está perdido porque es un hijo de p..." (sic). También habla bien del fiscal de Justicia Legítima, Antonio Castaño, que es uno de los funcionarios que pide la intervención irregular de la justicia federal de Bahía Blanca mediante el nombramiento de Alejo Ramos Padilla (que no podía ser nombrado porque es juez federal de Dolores, es decir, no es juez de la misma jurisdicción ni figura en la lista de conjueces como exige la propia ley de subrogancias).

Para lograr la remoción se ha montado una acusación que hoy tramita ante el Jurado de Enjuiciamiento, plagada de vicios que la tornan nula de nulidad absoluta. El juez ha sido suspendido por el Consejo de la Magistratura por supuesto mal de-sempeño en el ejercicio de sus funciones. Expresamente aclaran que no le imputan delito alguno. El mal desempeño lo fundan en causales que ya el Consejo había considerado con anterioridad y que habían derivado en el archivo de las denuncias. Además, algunas de ellas (supuestos vínculos con personas pertenecientes a la Triple A) son previas a su propio nombramiento y actuación como juez. Por lo tanto, no pueden ser propuestas como constitutivas de mal desempeño de ese cargo y su evaluación y mérito corresponden al Consejo, el presidente y el Senado en el momento de la designación.

Además, en las acusaciones archivadas y caducas, ahora reflotadas, se sostiene que el doctor Montezanti integró el servicio de inteligencia durante el último proceso militar (en 1981 y hasta junio de 1982) y se invoca inidoneidad moral para el cargo; también se le imputan malos tratos al personal y que fue objeto de un juicio académico en la Universidad del Sur. En relación con este último, la Cámara Federal de Bahía Blanca (integrada por conjueces) resolvió el 8 de octubre pasado que ese juicio era nulo y arbitrario. Por otra parte, en 2007 ganó un juicio por injurias relacionado con la acusación sobre su supuesta pertenencia a la Triple A.

Cabe destacar que el principio del derecho procesal ne bis in idem es uno de los pilares en los que se asienta el postulado de seguridad jurídica y que en el caso de un juez sustenta su independencia.

Sin embargo, se afirma que se trata de hechos diferentes cuando estamos frente a situaciones calcadas. Se pretende desconocer la autoridad de la cosa juzgada derivada del archivo de las acusaciones y actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo -a través del acuerdo del Senado- que han intervenido en el nombramiento del doctor Montezanti.

El principio del ne bis in idem está enunciado en el artículo 1° del Código Procesal Penal de la Nación: "nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho", encuentra sustento en la Constitución (art. 18, principios de legalidad y culpabilidad) y, luego de la reforma, aparece "reforzado" como garantía fundamental en varios tratados de jerarquía constitucional. La Corte Suprema, en el caso "Mattei", ha expresado que el ne bis in idem, la progresividad y la preclusión son esenciales.

El 16 de octubre pasado, la "mayoría automática" del Consejo de la Magistratura nombró a cuatro camaristas subrogantes en la Cámara Federal de Bahía Blanca, en violación de la ley de subrogancias, consolidando el copamiento de la justicia federal de Bahía Blanca. No se trata sólo de Montezanti, sino de un episodio más para tomar por asalto a la Justicia. Actos de esta naturaleza, lejos de apuntalar la independencia del Poder Judicial, tienden a degradarla de manera irremediable y al debilitamiento de la República.

Abogado constitucionalista

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