Los empleados públicos, un botín para justificar el dinero de campaña

Falsos aportantes, sueldos enteros utilizados para proselitismo y donaciones sin blanquear son algunas de las irregularidades detectadas entre los partidos que compiten por la presidencia
Iván Ruiz
Maia Jastreblansky
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14 de noviembre de 2015  

"El mes que viene, muchachos, hay que aportar". La orden se repitió en varios ministerios de la provincia de Buenos Aires durante junio. Los empleados con cargos políticos -aquellos que llegan y se van con la gestión- no pudieron oponerse al deber de "militar" con su salario. "Son las reglas del juego", explican. En julio, el trámite se concretó: en lugar de percibir su sueldo, el gobierno bonaerense transformó ese dinero público en caja para la campaña.

Este caso es sólo un ejemplo de los artilugios que utilizaron los partidos para manipular sus gastos de campaña en la carrera presidencial. La utilización de empleados públicos para justificar el financiamiento electoral es una metodología que se repite tanto en el Frente para la Victoria como en Cambiemos. Falsos aportantes, sueldos públicos utilizados para hacer proselitismo y donaciones reales que no figuran en los documentos oficiales son algunas de las anomalías que detectó LA NACION en los informes que Daniel Scioli y Mauricio Macri presentaron ante la Justicia.

Dos directores de la gestión bonaerense que dialogaron en estricta reserva explicaron que el supuesto redireccionamiento de sus sueldos públicos a la caja proselitista se realizó desde las entrañas del gobierno bonaerense. "En lugar de depositarnos el sueldo de julio, la Dirección General de Administración (DGA) lo derivó para la campaña. Después tuvimos que firmar un recibo", relataron. Otro empleado público, que también lidió con esta operatoria, confió: "En mi caso, mi jefe fue el que hizo la transferencia bancaria. Yo tuve que firmar una especie de declaración jurada".

Desde las oficinas sciolistas de la calle San Martín, centro de operaciones de la campaña, negaron la operatoria. "Es imposible que la DGA no entregue los sueldos. Tendría que haber una autorización explícita por parte del empleado, que esté de acuerdo en aportar por motivos políticos", dijeron.

Algunos oficialistas que donaron voluntariamente sufrieron otras irregularidades. Le sucedió a un jerárquico de un ministerio provincial, que aseguró haber aportado su sueldo, pero nunca encontró su nombre en las listas oficiales.

Más del 70% de los "grandes aportantes" -con contribuciones superiores a $ 40.000- que declaró el oficialismo son empleados públicos. Hay desde docentes hasta cuadros técnicos del Consorcio de Gestión Del Puerto La Plata, una de las principales cajas a la que echó mano el sciolismo para justificar sus gastos de campaña. Pero no sólo el oficialismo tiene mayoría de empleados públicos: entre los 100 máximos aportantes de Cambiemos para las PASO, dos tercios son empleados del gobierno porteño.

La manipulación de nombres es una metodología que también se repite en Cambiemos. Desde el equipo de campaña de Pro admitieron que los empleados públicos funcionaron como "prestanombres" para la nómina de aportantes. "La mayoría de los empleados no puso un peso", confesaron. ¿Por qué aparecen sus datos? Según pudo saber LA NACION, le pidieron a cada ministerio porteño que se hiciera responsable de acercar la cantidad de empleados necesarios para completar la lista que exige la Justicia. También son los jefes los encargados de comunicarle a cada empleado que aparecerá en esa nómina. "Fue un pedido con mano militar", reconocieron en el macrismo.

En el Frente para la Victoria, la manipulación de los empleados públicos para justificar fondos de campaña llegó hasta la Justicia cuando tres empleados de ARBA denunciaron haber sido incluidos en la nómina oficial sin su consentimiento y sin haber realizado donación alguna.

El artículo 15 de la ley de financiamiento de partidos políticos prohíbe que las fuerzas reciban "contribuciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la donación por sus superiores jerárquicos".

Desde Pro argumentan que los empleados del gobierno porteño que realmente aportaron dinero de su bolsillo para la campaña fueron los altos cargos políticos. En el partido implementan desde el año pasado donaciones escalonadas: los ministros y secretarios aportaron $ 60.000; los subsecretarios $ 40.000, y los directores $ 25.000. Con esa metodología -aseguran- juntaron $ 10 millones para las distintas campañas de 2015.

El mismo argumento utilizaron en el sciolismo: "Son militantes con cargos políticos, no son técnicos de carrera o de planta permanente. Están apoyando la continuidad de un proyecto y de su trabajo".

La justicia electoral intentará auditar las listas partidarias. El cuerpo de auditores le pedirá a la jueza María Servini de Cubría que convoque de manera aleatoria a distintos aportantes para que ratifiquen sus donaciones, confiaron a LA NACION desde la Cámara Electoral. Además se harían cruces con información de la AFIP para validar si son personas en condiciones de contribuir con esos montos.

Las idas y vueltas en las listas de aportantes son, en definitiva, el resultado de la manipulación de los datos que los partidos presentan en la justicia electoral para justificar sus ingresos. Así lo reconocen con la misma sensatez fuentes del sciolismo y Cambiemos. "Lo que se blanquea en la Justicia es una parte mínima del gasto real. Hay mucho, mucho más dinero en la campaña del que figura en los papeles", resumió un integrante de uno de los equipos de campaña.

Tres aportantes que recurrieron a la Justicia

  • La manipulación de nombres de empleados públicos para justificar el dinero invertido en la campaña electoral llegó a la Justicia por irregularidades dentro de la lista de aportantes del Frente para la Victoria.
  • El sitio Chequeado reveló que Julio Noguera, Martín Miraglia y Mónica Diez -empleada de ARBA- "desconocieron haber realizado un aporte de $ 20.000" a la campaña de Daniel Scioli, según consta en el expediente N° CNE 4829/2015.
  • Los tres empleados denunciaron ante el juzgado haber sido incluidos en el listado de aportantes sin haber realizado ninguna donación y tras haberse negado ante un supe-rior a ser parte de esa lista partidaria. Desde ARBA explicaron que "se envió por error una nómina de personal que estaba previsto para la cena de recaudación".

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