La situación en Venezuela y la protección regional de la democracia

Emilio Cárdenas
Emilio Cárdenas PARA LA NACION
El presidente electo Mauricio Macri anunció que en la próxima reunión del Mercosur pedirá la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela"
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27 de noviembre de 2015  • 00:22

El ahora presidente electo, Mauricio Macri, ha anunciado con reiteración que "en la próxima reunión del Mercosur pedirá la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela". La intención que está detrás de esa definición es clara: terminar con el silencio cómplice de los países de la región respecto del régimen de Nicolás Maduro, que ha desfigurado la democracia venezolana hasta hacerla irreconocible y que viola sin empacho las libertades civiles y políticas de su pueblo, así como sus derechos humanos. Ante la inacción de la región, que parece haber renunciado a defender los valores de la democracia, el referido llamado de Mauricio Macri parece haber causado impacto más allá de las fronteras de nuestro país. Como podía esperarse.

Veamos cómo, en términos generales, está estructurada regionalmente esa posible protección a la democracia y sus valores esenciales. En sus distintos niveles. Esto es, en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el Mercosur y en la Unasur.

En la OEA, ella se desprende de la llamada Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001 por la Asamblea General de la organización. Allí se establece, de inicio, que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. El anuncio de Mauricio Macri parecería entonces ser una expresión inequívoca de su voluntad por cumplir con la referida obligación.

La Carta de la OEA además señala que el ejercicio efectivo de la democracia es la base del estado de derecho, de lo que naturalmente se infiere que, ausente la democracia, no hay estado de derecho. Para la Carta hay ciertamente elementos esenciales de la democracia, que concretamente son: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio conforme al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos.

Es evidente entonces que no hay democracia cuando, como en Cuba, hay un régimen de partido único o cuando, como en Venezuela, el poder legislativo o el poder judicial están en los hechos sometido a los designios del Poder Ejecutivo y son sus meros sellos de goma.

Es evidente entonces que no hay democracia cuando, como en Venezuela, el poder Legislativo o Judicial están sometido a los designios del Ejecutivo y son sus meros sellos de goma

La Carta de la OEA dispone asimismo que cuando en algún Estado Miembro se produzca "una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático", cualquier Estado Miembro o el Secretario de la OEA puede solicitar la convocatoria del Consejo Permanente para apreciar, en conjunto, lo que sucede y tomar las decisiones que se crean convenientes con miras a promover la normalización de la institucionalidad democrática. Esto supone la posibilidad de abrir un período de gestiones diplomáticas, cuyo fracaso puede abrir la posibilidad de suspender al Estado en problemas, aunque con los dos tercios de los Estados Miembros. Mayoría que, en la OEA, parece difícil de alcanzar puesto que Venezuela, entre otras cosas, ha tejido una red de lealtades con los pequeños, pero numerosos, países caribeños, a cambio de petróleo subsidiado.

En el Mercosur, por su parte, el tema que nos ocupa está tratado específicamente en el llamado "Protocolo de Ushuaia" sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, del 24 de julio de 1998. Esa norma es de aplicación cuando hay "ruptura del orden democrático" en alguno de sus miembros. Lo que para muchos se refiere tan sólo a los llamados "golpes de estado" y no, en cambio, a las manipulaciones de las democracias que las demuelen efectivamente "desde adentro", esto es desde el seno de los propios gobiernos, mediante los conocidos esquemas de concentración de poder en los Poderes Ejecutivos que son los propios de los autoritarismos contemporáneos. Esto es ciertamente discutible, pero la organización debería trabajar para, en más, dejar debidamente aclarado cuáles son los valores protegidos de modo de contar con herramientas realmente efectivas para defender la democracia y sus valores.

También en el Mercosur la "ruptura del orden democrático" puede, según el artículo 5 del Protocolo antes aludido, derivar en las consultas del caso y generar luego la suspensión del Estado Miembro que esté afectado por el problema. En este caso, por consenso. O sea con el voto positivo de todos. Lo que supone que cada Estado Miembro del Mercosur tiene, en realidad, derecho de veto. Salvo el afectado, claro está.

Finalmente, en la Unasur sus Estados Miembros, durante la IV Cumbre Presidencial celebrada en Guyana el 26 de noviembre de 2010, adoptaron una cláusula democrática que se incorporó al Tratado Constitutivo de esa organización.

La misma, según su artículo 1, se aplica en caso de "ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos". Esta es una descripción bastante más amplia que las anteriores, por cierto.

Las sanciones en este caso incluyen la posible suspensión o la limitación del comercio, del tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros contra el Estado afectado.

Es entonces en Unasur donde institucionalmente existen las posibilidades inmediatas más amplias para denunciar las graves situaciones que afecten la vigencia de la democracia que de pronto puedan aparecer en nuestra sub-región. Y es también en Unasur donde la panoplia de instrumentos correctivos disponibles es la más amplia para enfrentar estos delicados temas y proteger efectivamente la democracia y sus valores esenciales, siempre y cuando sus miembros hayan ratificado formalmente el Protocolo referido.

Hasta aquí las alternativas disponibles. De su simple lectura surge que hay en este capítulo de nuestras relaciones externas un amplio campo para trabajar con miras a mejorar los mecanismos disponibles con los cuales la región, en sus distintos niveles, pueda defender la vigencia de la democracia y de las libertades civiles y políticas de los pueblos de la región, así como sus derechos humanos. Este es un desafío primordial para el futuro inmediato. Complejo, por cierto, pero no por ello inabordable.

La tarea no será fácil. Los autoritarios están alertas. Tan es así, que el bolivariano presidente de Ecuador, Rafael Correa, acaba increíblemente de argumentar que solicitar la aplicación de la cláusula democrática a Venezuela supone "claramente" una "interferencia" en los "asuntos internos de Venezuela". Lo que es increíble y poco serio. Para Correa, Venezuela es una democracia simplemente porque el oficialismo ha obtenido el poder mediante elecciones. Como si la democracia fuera apenas eso.

Cuando los autoritarios dominan los organismos regionales, la protección real de la democracia y sus valores deviene una tarea difícil. Pero no por eso debe dejarse de lado. Ocurre que defender la democracia es esencialmente una responsabilidad que apunta a la protección de los pueblos de nuestra región, destinatarios reales de los esfuerzos que se hagan en esa dirección.

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