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Un programa fraccionado

Néstor O. Scibona
Néstor O. Scibona LA NACION
El plan económico "integral" prometido por Macri pasó a ser una serie por capítulos; los más complejos se verán después de fin de año
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20 de diciembre de 2015  

El esperado punto final a cuatro años de cepo cambiario superó la prueba de confianza en sus dos primeras jornadas, más allá de algunos desajustes normativos iniciales que impidieron a los bancos operar a pleno. Sin intervención del Banco Central, el dólar cerró la semana por debajo de los 14 pesos en el rehabilitado mercado único de cambios. O sea, dentro de lo previsto y con una suba de 41,7% (que implica una devaluación del peso de 29,4%) respecto del anterior tipo de cambio oficial de $ 9,84, al que todos buscaban comprar, pero nadie quería vender. El mercado salió así de una ficción sólo superada por las irresponsables -y sospechosas- ventas de dólar futuro de la anterior conducción del BCRA, que obligaron a acuerdos para repactar esos contratos antes del fin del cepo.

La calma del mercado no alcanza sin embargo a despejar otras incógnitas. Las principales: el traslado a precios del sinceramiento cambiario ( pass trough) -ya anticipado con creces en varios sectores-, que a su vez depende de la política fiscal, monetaria y de ingresos que adopte el nuevo gobierno.

Una devaluación es exitosa si mejora el tipo de cambio real. Si en cambio empuja aún más la inflación, esa recuperación se diluye en poco tiempo. Axel Kicillof lo sabe por experiencia, a pesar de sus críticas carentes de una alternativa viable. Le ocurrió en enero de 2014, cuando devaluó sin un plan detrás y catapultó los precios. Luego optó por mantener un fenomenal atraso cambiario, comparable con la "tablita" de Martínez de Hoz y agravado por la apreciación del dólar frente a otras monedas, entre ellas el real brasileño. Según cálculos del Estudio Broda, el tipo de cambio real multilateral (TCRM) de febrero de 2014 equivaldría hoy a $ 15,40.

Por cierto que ahora Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger adoptaron muchos más recaudos para equilibrar la nueva política cambiaria sin controles ni ventas subsidiadas de dólares y recuperar la oferta genuina de divisas con el doble premio de la devaluación y la casi total eliminación de retenciones a la exportación. No obstante, aún faltan piezas clave para completar el programa económico "integral" que prometía el equipo de Mauricio Macri antes de las elecciones y ahora se asemeja a una serie de capítulos unitarios. Sólo en cada uno de ellos se sinceran a grandes rasgos los graves problemas heredados de la administración kirchnerista. Ya ocurrió con el desmantelamiento del Indec, los futuros del BCRA, el atraso cambiario y la crítica situación eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Esta configuración fraccionada del plan responde a dos decisiones políticas del nuevo presidente y que alteran cierto orden lógico. Una, no describir con toda crudeza la topografía del "campo minado" que le dejó la gestión de Cristina Kirchner, para no dañar las expectativas que produjo su triunfo electoral, y también porque aún falta destapar varias ollas a presión. Otra, dar prioridad a las principales promesas económicas de la campaña, que arrancaron con la exención de Ganancias del medio aguinaldo y continuaron con el fin de las retenciones y del cepo que, junto con la unificación cambiaria y la consiguiente devaluación nominal, constituyen medidas de shock. Esta sucesión de anuncios hace que los primeros siete días hábiles del Gobierno parezcan más de un mes.

Los próximos capítulos de esta saga se conocerían después de las fiestas de fin de año. Y no sólo serán los más complejos de definir, sino que configurarán las perspectivas económicas para 2016.

Sólo al pasar, Prat-Gay deslizó que en una próxima conferencia de prensa abordará una cuestión clave como la problemática fiscal. Aquí la herencia es crítica: recibe un alto déficit de 7% del PBI, financiado en dos tercios con emisión del BCRA y un tercio con endeudamiento interno, que además obliga a emitir no menos de 65.000 millones de pesos antes de fin de año para atender sueldos, aguinaldos y otros pagos del sector publico, más los requerimientos de varias provincias, con Buenos Aires a la cabeza. A ello se suma un presupuesto de fantasía para el año entrante y la caída de ingresos que implican el fin de las retenciones y la anunciada reforma de Ganancias. Y también la necesidad de negociar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que deja sin efecto para Córdoba, Santa Fe y San Luis la retención de impuestos coparticipables con destino al sistema previsional y la AFIP, que según la ASAP supera los 44.000 millones de pesos y desfinancia a la Anses. Esto sin contar el insólito decreto de CFK que extendió la quita a todas las provincias (a un costo fiscal de casi 82.000 millones), suspendido por una medida cautelar.

Con esta perspectiva, la reducción del déficit fiscal a corto plazo provendrá principalmente de la quita o reducción gradual de subsidios a la electricidad en el AMBA, donde además se necesitará recomponer tarifas de las distribuidoras para atender emergencias, reactivar la inversión en redes y estaciones de transformación. Para atenuar el impacto sobre los sectores de menores ingresos se prevé una tarifa social cero para los consumos de hasta 150 kWh mensuales, y también la facturación mensual en vez de bimestral para fraccionar el pago.

Hasta que no queden definidas estas cuestiones será difícil que el BCRA pueda poner en marcha la anunciada política de metas (decrecientes) de inflación, para alinear las expectativas fiscales, monetarias, cambiarias y salariales. La fuerte suba de tasas de interés sólo tiende por ahora a desalentar la demanda de dólares, pero tendrá impacto sobre la actividad económica. Y hasta que no estén disponibles esas políticas será complicado encarar el acuerdo social tripartito (Estado, dirigentes sindicales y empresarios) con eje en precios y salarios. Incluso ante la ausencia transitoria de los índices de inflación de fin de 2015 y comienzos de 2016, si bien el Indec se apresta a elaborar un indicador "puente" suficientemente confiable, dado que el IPC definitivo llevará varios meses.

Mientras tanto, el Gobierno apunta al crédito externo para moderar ajustes y aplicar medidas puntuales, como la rebaja de medicamentos; una canasta básica de precios acordados; una pauta anual para los combustibles que atenúe el impacto inicial de la devaluación; la continuidad del plan Ahora 12 o el visto bueno a un bono salarial de fin de año a negociar entre sindicatos y cámaras empresarias.

El desafío para 2016 también se fracciona en mitades, que podrían graficarse con dos letras: una "n" (minúscula) para la inflación y una "u" para la actividad económica no agropecuaria.

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