La justicia federal y una denuncia desplazan a la bonaerense del caso

El juez Torres y una presentación de Bullrich motivaron los operativos en Santa Fe
Gustavo Carabajal
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8 de enero de 2016  

Fue necesaria la intervención de la justicia federal y de las fuerzas nacionales de seguridad para que por primera vez, en once días, los encargados de la búsqueda de los tres prófugos de la cárcel de General Alvear lograran sorprenderlos y estuvieran un paso adelante de los hermanos Lanatta y de Víctor Schillaci.

Al revés de lo que hizo la justicia bonaerense, el juez federal Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello decidieron encarar la búsqueda no como una simple fuga, sino como un episodio cometido por personajes que están protegidos y que responden a una organización criminal dedicada al narcotráfico. Así, con el dato de quién aportaría estructura para que Víctor Schillaci, Cristian y Martín Lanatta siguieran en la clandestinidad, fue que los investigadores judiciales llegaron ayer hasta la zona donde estaban los prófugos.

En 72 horas la justicia federal y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto con el secretario Eugenio Burzaco, hicieron lo que la policía bonaerense y el Ministerio Público provincial no concretaron en once días: pisarles los talones a los prófugos.

Con respecto a las dificultades que tuvieron las autoridades bonaerenses para irrumpir en domicilios ligados con los prófugos, ayer el ministro de Justicia provincial, Carlos Mahiques, solicitó a María del Carmen Falbo, jefa de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, que intervenga el Área de Asuntos Jurisdiccionales de la Procuración General.

A la lentitud procesal del fiscal de Azul que investigó la fuga de los tres condenados por los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, se sumaron las pruebas que indicaban que los prófugos tenían protección de un sector de la policía bonaerense.

Además, el ministro de Justicia provincial cuestionó la actuación del fiscal Cristian Citterio, porque a pesar de que los sumarios internos realizados en el Servicio Penitenciario Bonaerense indicaron que personal de la cárcel de General Alvear colaboró con la fuga, el mencionado representante del Ministerio Público se habría demorado en ordenar la detención de los guardiacárceles sospechados.

Con la denuncia presentada por la ministra Bullrich ante la justicia federal, la búsqueda salió de la órbita de la cuestionada policía bonaerense y pasó al control de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional.

Entonces, el comando unificado dejó la sede de la Jefatura Departamental La Matanza, en Puente 12, y pasó a la Sala de Conducción Operativa del Departamento Central de la Policía, en Moreno 1550, desde dónde se pueden monitorear, en tiempo real, todos los desplazamientos de las fuerzas federales de seguridad.

A partir de que la fuga se convirtió en una cuestión federal y se dejó el complejo de Puente 12, también quedaron de lado los riesgos de filtraciones de información sobre los operativos y las intimidaciones que sufrieron algunos funcionarios al recibir mensajes en sus teléfonos sobre conversaciones que habían mantenidos minutos antes.

La posible protección de un sector de la policía bonaerense a los prófugos quedó expuesta cuando el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, decidió descabezar la cúpula de la Dirección de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

Durante el juicio oral que terminó con las condenas a prisión perpetua de los Lanatta y los Schillaci, varios testigos afirmaron que los acusados no sólo eran informantes de un grupo de uniformados de la DDI de Quilmes, sino que tenían negocios en común.

Tan importante era el vínculo de algunos policías bonaerenses con los condenados por el triple homicidio, que el tribunal de Mercedes que dictó la sentencia en su contra ordenó que se investigue a los uniformados.

Además, quien fue señalado por la Justicia como el presunto instigador, Ibar Esteban Pérez Corradi, actualmente prófugo, tiene protección policial. Cuando la Justicia de Mercedes allanó con la Gendarmería su casa en Martínez, determinó que se había escapado minutos antes del allanamiento. La conclusión del funcionario judicial que lo perseguía fue que un comisario de la policía bonaerense le avisó del operativo.

Otros grandes operativos policiales

  • Pocos antecedentes hay en los últimos años de una concentración masiva de fuerzas de seguridad en un mismo episodio. Más allá de los levantamientos carapintada o la toma del regimiento en La Tablada esta búsqueda de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci puede compararse con tres sucesos:
  • La masacre de Ramallo: una toma de rehenes en un banco en 1999 terminó con la muerte del gerente y del contador de esa sucursal bancaria y de un delincuente. Más de 300 policías habían rodeado la zona, incluyéndose los grupos Halcón y Geof.
  • Motín en Córdoba: unos 500 policías rodearon la cárcel en la ciudad de Córdoba en 2005. Los presos tomaron 30 rehenes y hubo ocho muertos: cinco internos y tres policías.
  • Estallido en General Mosconi: en junio de 2001 un corte con movilización derivó en un fuerte tiroteo con cuatro piqueteros muertos y 24 gendarmes heridos de bala: fueron más de 500 gendarmes.

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