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Por sus decretos, Macri enfrenta una denuncia del kirchnerismo

El abogado Barcesat hizo una presentación en Tribunales y acusó al Presidente por sus DNU
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2 de febrero de 2016  

El constitucionalista Eduardo Barcesat, cercano al kirchnerismo, presentó ayer una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y varios ministros por lo que llamó la "catarata de decretos de necesidad y urgencia" del nuevo gobierno.

Por sorteo, la causa quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Según Barcesat, los funcionarios quisieron "sortear la intervención del Poder Legislativo" haciendo uso de un "mecanismo autoritario".

"Nada impedía o inhabilitaba al Poder Ejecutivo Nacional de convocar al Congreso de la Nación a período de sesiones extraordinarias para tratar un proyecto de ley", consideró Barcesat, que fue abogado defensor, entre otros, de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Según Barcesat, Macri optó por "una política de hechos consumados" para tomar decisiones sin la aprobación del Congreso Nacional.

La denuncia hizo especial hincapié en el DNU 228/2016, que decretó la emergencia de seguridad pública y consideró que su enunciado de las reglas de protección aeroespacial, que autoriza el derribo de aviones, "introduce subrepticiamente" en la legislación argentina "la pena de muerte, de tipo penal abierto y sin forma alguna de debido proceso judiciario".

Barcesat planteó que Macri debe ser investigado junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Defensa, Julio Martínez; de Justicia, Germán Garavano; de Interior, Rogelio Frigerio, y de Seguridad, Patricia Bullrich.

A todos ellos los acusó de los supuestos delitos de "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad".

Pero no sólo los denunció. Barcesat pidió que todos ellos fueran citados a declarar en indagatoria y procesados.

Tomó como fundamento el artículo 29 de la Constitución, que establece: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna". Y agrega: "Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".

No es la primera denuncia de Barcesat relacionada con hechos de alta repercusión política. Él fue, por ejemplo, el abogado que en 2015 acusó penalmente a los senadores nacionales que se opusieron a votar al reemplazante de Raúl Zaffaroni propuesto por el kirchnerismo.

En la denuncia de ayer, Barcesat fue patrocinado por sus colegas Jorge Cholvis, ex gerente de la Administración General de Puertos, y Graziana Peñafort, una de las autoras de la ley de medios del kirchnerismo.

Ciccone: la OA pide querellar

  • La Oficina Anticorrupción, organismo que dirige la funcionaria Laura Alonso, anunció que hoy pedirá ser aceptada como querellante en el caso Ciccone, donde está procesado el vicepresidente Amado Boudou. Como querellante, podría tener acceso a la causa, proponer pruebas y apelar decisiones judiciales.

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