La brutal precarización de los contratados por el Estado

Ricardo Foglia
Ricardo Foglia PARA LA NACION
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14 de febrero de 2016  

A raíz de la decisión del actual gobierno de revisar las contrataciones de personal efectuadas en el Estado y diversos organismos por la anterior administración, algunos sectores políticos y sindicatos han cuestionado la medida porque, dicen, afectaría el empleo en general y el empleo público en particular.

Ante todo, cabe distinguir entre los empleados públicos y los contratados del Estado, ya que si bien el empleador es el mismo, los regímenes laborales son diferentes, tal como lo establece la ley marcos de regulación del empleo público nacional (25.164), dictada en 1999

Los primeros son designados mediante un procedimiento de verificación de idoneidad en la carrera administrativa y gozan de estabilidad en sus cargos –a partir de los doce meses de designados– excepto que incurran en alguna falta grave, debidamente comprobada en un sumario, que justifique su apartamiento. Esa estabilidad se fundamenta en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Los contratados del Estado son una excepción a ese procedimiento y por ende no gozan de estabilidad en el empleo. Son contratos por un tiempo determinado, para tareas transitorias o estacionales debidamente identificadas, generalmente de un año, discrecionalmente renovables o no y que incluso pueden ser dejados sin efecto antes del vencimiento del plazo.

Como se advierte, esta última es una forma brutal de precarización laboral, ya que la permanencia en el empleo del trabajador nace temporaria y queda sujeta al capricho del contratante. Si el trabajador no acata las consignas o requerimientos incluso políticos de quien está a cargo del organismo contratante, basta dejar que el tiempo transcurra para que el trabajador pierda su empleo o también puede bien rescindir el contrato antes de su vencimiento.

Si bien esta práctica no es reciente y se remonta a gobiernos anteriores al fenecido, la particularidad es que éste la transformó en uno de los pilares de su política laboral. En efecto, en todos los organismos del Estado, e incluso en el Congreso de la Nación, se evitaron las designaciones de empleo público con estabilidad (salvo al final del mandato), para convertir a ese tipo de contratos temporarios (similares a los introducidos en 1991 por la ley 24.013, modificada en 1998 por la ley 25.013, derogados en 2004 y calificados de "contratos basura"), como una de las principales fuentes de empleo público. Y he aquí otra contradicción: mientras para el sector privado se estigmatizaban ese tipo de contratos temporarios, el Estado hizo uso en escala masiva de ellos.

Tampoco debemos dejar de señalar que muchos contratados preferían este recorrido oblicuo porque seguramente no hubieran soportado exitosamente un test de admisión al empleo público estable.

Práctica perversa

Otro mecanismo al que recurrió la administración saliente fue la tercerización, que tanto criticó en el sector privado, prohibiéndola, incluso, en algunas actividades como el trabajo agrario (ley 26.727) y persiguiéndola en general, con el argumento remanido, y no probado, del fraude. El Estado contrató a miles trabajadores a través de diversas universidades. Esto es una tercerización perfecta y resulta llamativo, aunque no extraño, que hiciera para sí lo que criticaba para otros.

En definitiva, precarización laboral pública, tercerización y empleo indigno son legados de esa práctica perversa y resulta llamativo que algunos sindicatos y sectores que ahora se quejan antes, cuando se producían en masa esas contrataciones, no dijeran nada.

Si a ello se le agregan la deuda social de 40% de trabajo no registrado, según datos de la OIT de 2014, la falta de estadísticas y el dictado de normas alejadas de la realidad productiva, el resultado de la política laboral precedente no puede ser caracterizado como exitoso ni razonable.

Estas carencias ponen en evidencia la necesidad de elaborar una política laboral justa, que fomente el progreso individual y social, que sea realista, a favor del empleador y del trabajador, y cuyo objetivo sea crear trabajo de calidad y digno fomentando la concordia y la cohesión social como uno de sus pilares.

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