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Informar claro sobre el estado de la Nación

Alejandro Katz
Alejandro Katz PARA LA NACION
La Argentina padeció a un gobierno que seleccionó y tergiversó la información para incidir en la conducta pública; lejos de eso, el Presidente debería hoy, ante el Congreso, explicar en qué situación está el país y qué propuestas tiene para sacarlo adelante
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1 de marzo de 2016  

En las últimas semanas, los ciudadanos fuimos testigos ocultos de una discusión soterrada en el seno del Gobierno, la discusión acerca de si el Presidente debía o no, hoy, al brindar su discurso para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso, dar un informe detallado respecto del estado del país que la nueva administración encontró al hacerse cargo de los asuntos públicos.

Al parecer, algunos altos funcionarios eran partidarios de dar cuenta exhaustivamente de una situación que es más grave de cuanto se suponía (¡lo que ya no era poco!): un déficit público mayor de lo previsto, desarticulación de las capacidades operativas de las agencias públicas, falta de información, contratos espurios, focos de corrupción extendidos por todos lados, contrataciones injustificadas de último momento, un funcionariado con baja capacitación y menos motivación para cumplir sus tareas… Los partidarios de rendir cuentas argumentan que es el modo de evitar que los reproches caigan sobre este gobierno cuando las dificultades se hagan mayores; quienes, por el contrario, sugieren que es mejor "mirar hacia el futuro" y obviar toda referencia al estado de la Nación sostienen que informar a la población acerca del lamentable estado de las cuentas públicas y del deterioro funcional de la burocracia estatal generaría desánimo, que eso a su vez impactaría en el consumo y en el nivel de actividad y pondría las cosas más difíciles aún.

La sola existencia de esa discusión da cuenta de la degradación de nuestra democracia y de las módicas convicciones republicanas de ciertos miembros del equipo gobernante. El Gobierno –cuando menos, algunos de sus integrantes– parece creer que tiene derechos allí donde solamente tiene obligaciones. Entre ellas, la obligación de informar con claridad acerca del estado de la Nación. Decidir qué información relevante se brinda y cuál se omite, con el objeto de incidir sobre la conducta de la población, no es sino una forma de manipulación, y todo intento de manipulación es repugnante para la democracia. No importa –no podría importar– que la manipulación se lleve a cabo con fines supuestamente altruistas, como evitar que se extienda una preocupación tal que, alimentando el malhumor social, genere efectos negativos en la actividad económica. Aun si pudiera probarse consistentemente que eso ocurriría, alterar, sesgar, disimular u ocultar información relevante supone un tipo específico de abuso de poder y un menosprecio por una ciudadanía a la que el Gobierno decide tratar de modo paternalista.

Pero disimular información para provocar así una conducta particular –o para evitar otra conducta– implica también un empobrecimiento del espacio público.

En efecto, la manipulación, que es de hecho, como señala Teun van Dijk, una forma ilegítima de influencia sobre la conducta social, sustituye a la argumentación, que debería ser el fundamento de la acción política. A la obligación de informar, el Gobierno debe sumar la tarea de persuadir, de modo tal que si el Presidente no quiere que la mala situación del país sea motivo de desánimo, debería dar buenas razones para explicar por qué, aun partiendo su gobierno de condiciones desfavorables, está en posibilidad de llevar el país a un horizonte mejor.

Una vez más, el Gobierno choca de frente con las palabras, con la dificultad que tiene –que tuvo desde la misma campaña electoral– para utilizarlas de modo eficaz, para interactuar por medio de ellas con la sociedad, para convertir al Estado mismo en el instrumento privilegiado de la conversación pública. No se trata solamente de la absurda discusión acerca del manejo de la información sobre el estado de las cosas. Se trata también de la imposibilidad de articular una narrativa que, más allá del fatigante latiguillo según el cual el objetivo del Gobierno es "mejorar la vida de la gente", pueda proponer un diseño del país futuro que se pretende construir.

Sin duda, la situación actual es pésima: a los desequilibrios macroeconómicos se debe agregar la calamitosa situación social –casi un 30% de personas pobres, degradación del capital humano, pésimo estado de la educación–, las precarias infraestructuras, la presencia casi masiva de organizaciones criminales coaligadas con las fuerzas de seguridad y con sectores no menores de la política. Es de allí de donde hay que salir, pero debería ser posible decir adónde se quiere llegar.

El discurso del Presidente al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso debería, entonces, dar cuenta de lo existente, pero también describir con precisión los objetivos y enumerar con detalle los instrumentos legislativos y políticos con los que se pretende construir el camino para ir desde este presente hasta aquel futuro. Deberá informar, y deberá argumentar, y someter sus argumentos al escrutinio y a la contradicción, al debate y a la negociación. Una política republicana no es lo mismo que una política antikirchnerista. Debe poner en el centro del espacio común, como enseña Andrés Rosler, la virtud y el debate, que es lo contrario de la voluntad de manipular para no tener que persuadir.

En este asunto, como en otros, el Gobierno no está siendo virtuoso. Gustavo Maurino introduce cinco categorías (ignoro si son suyas) para comprender formas de acción en relación con la "lealtad normativa": a) La trampa: violar el reglamento; b) El abuso: desnaturalizar el reglamento; c) La avivada: aprovecharse de una ventaja del reglamento; d) El juego limpio: jugar bien el juego posible dentro del reglamento; e) La virtud: jugar el mejor juego posible que el reglamento intenta crear. Al igual que en el intento de designar por decreto ministros de la Corte Suprema, o en la especulación con la que se quiso postergar hasta fines de año la producción de estadísticas confiables, o en el modo de designar un integrante en el Consejo de la Magistratura, ésta es una "avivada". El Gobierno no está obligado a decir toda la verdad, pero la mejor interpretación republicana de la relación con la ciudadanía exige que toda la verdad sea dicha. No hacerlo, manipular la información para producir un resultado es una avivada.

El kirchnerismo fue pródigo para trampear, abusar y avivarse, y casi no practicó ni el juego limpio ni la virtud. Y si se cuestionaba duramente al kirchnerismo no era solamente porque era repudiable el resultado de sus actos, sino porque las trampas, los abusos y las avivadas son repudiables con indiferencia de los resultados.

La Argentina ha padecido durante muchos años a un gobierno que se dedicó a seleccionar y tergiversar información para incidir en la conducta pública. Que eso no continuara ocurriendo era una de las buenas razones para desear un cambio de gobierno. El Presidente tiene, hoy, una buena oportunidad para explicar en qué situación está el país, qué propuestas tiene para convertirlo en algo mejor y qué herramientas piensa utilizar para la tarea. Una ciudadanía que no quiere ser menospreciada espera con ansiedad que esté a la altura del desafío.

Editor y ensayista

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