Niegan a la justicia argentina datos sobre cuentas en Suiza

El departamento de justicia y policía de ese país afirmó que el reclamo no tenía fundamentos sólidos
Martín Kanenguiser
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16 de marzo de 2016  

El ex empleado del HSBC Hervé Falciani
El ex empleado del HSBC Hervé Falciani Fuente: Archivo

Suiza le negó a la justicia argentina información sobre unas 4000 cuentas de argentinos en ese país, al afirmar que el pedido no tenía fundamentos sólidos.

Se trata de la respuesta del Departamento federal de justicia y policía de la Confederación Suiza a una solicitud de la Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario Nro. 1, a cargo de Claudio Navas Rial, quien lleva adelante la investigación por delegación de la juez María Verónica Straccia.

La causa por presunta evasión surgió por una denuncia de la AFIP en la gestión de Ricardo Echegaray, a partir de la información robada por un ex empleado del banco HSBC, Hervé Falciani, a la entidad bancaria, como respuesta a las investigaciones en contra de la entonces presidenta Cristina Kirchner en la causa Hotesur.

"Las autoridades argentinas parecen perseguir 4040 individuos que estarían relacionados con las cuentas que poseen en el HSBC private Bank (Suiza). La solicitud de asistencia judicial no permite contemplar para cada una de las personas imputadas los hechos de los cuales específicamente (fueron) acusados, el lugar y la fecha de comisión de estos hechos, el modo operativo, las personas implicadas y su actuación", se indicó en un escrito canalizado a través de la Cancillería.

El pedido, agregó la autoridad suiza, "tampoco permite comprender, en el caso de cada una de las personas imputadas, el vínculo entre los hechos de los cuales se los acusa y las cuentas que éstas poseerían en Suiza, el origen delictivo de las transacciones o de los fondos que se relacionan con estas transacciones y con dichas personas".

Por lo tanto, indicaron, "la solicitud de asistencia judicial surge de una búsqueda indeterminada de pruebas, la cual es inadmisible en virtud o de conformidad con el derecho suizo. En estas condiciones, cabe señalar que esta solicitud no cumple con las exigencias legales suizas".

De este modo, Suiza indicó que "no podemos en este caso en particular dar curso a la solicitud de asistencia" pedida por la justicia argentina, a menos que "su investigación revele los elementos necesarios".

El exhorto había sido enviado por la fiscalía a fines de 2014 y se refería a información de cuentas bancarias previa a la entrada en vigencia del nuevo convenio bilateral de intercambio de información tributaria entre ambos países, que comenzó a regir este año.

El presidente del Instituto Tributario, César Litvin, dijo a LA NACION que "el rechazo del pedido de información solicitado por el fiscal de la causa a la Justicia suiza y la denegatoria de la misma por no cumplir los recaudos exigidos por el derecho suizo para suministrar dicha información es un golpe fuerte al valor probatorio de la investigación nacida ilegítimamente desde la sustracción de datos efectuada por Falciani, tipificando dos delitos en Suiza: robo y violación de secreto financiero".

La solicitud realizada por la justicia argentina abarcaba desde 2004 hasta 2014, para validar las pruebas de Falciani, con la intención de obtener datos de los periodos posteriores a los suministrados por Francia.

Según Litvin, "con la respuesta de la justicia suiza los expedientes del HSBC quedarán con pruebas debilitadas originadas en clones de discos duros con advertencias de la policía suiza de la existencia de manipulaciones de los datos contenidos en el soporte informático, lo cual convierte a toda la actuación en poco fiable, en orden a garantizar la autenticidad, inalterabilidad e indemnidad de la prueba".

El tributarista explicó que "la jurisprudencia en los países afectados por el caso HSBC y también el Banco KB LUX , como Belgica, Francia,Italia, Paises Bajos y España, en forma mayoritaria, han cuestionado la legitimidad probatoria de la prueba mal habida y desestimaron los reclamos fiscales, sustentados en la afectación de los derechos de defensa de los contribuyentes".

La justicia local está llevando a cabo una serie de indagatorias a las personas mencionadas en la denuncia, aunque varias ya aclararon que tenían las cuentas declaradas ante el fisco argentino.

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