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Apuran el proyecto de acceso a la información

El Gobierno prevé presentar la iniciativa en los próximos 15 días
Adrián Ventura
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26 de marzo de 2016  

En los próximos 15 días, el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública: cuando se convierta en ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier poder del Estado y obtenerla en un plazo no mayor a 15 días.

Además, el Gobierno también evalúa incorporar un capítulo sobre "transparencia activa": la iniciativa podría prever que, en forma paulatina, todos los organismos estatales deberán publicar la nómina completa de personal, sea de planta o contratado, las escalas salariales y el listado de licitaciones y proveedores.

"Es muy importante que avancemos con esta ley, que va a ayudar a la transparencia y al control sobre el Gobierno", dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, quien estuvo a cargo de la elaboración del nuevo proyecto de acceso a la información.

En la actualidad, el acceso a la información está regulado por el decreto 1172/03, sancionado por Néstor Kirchner, que sólo obliga al Poder Ejecutivo.

Pero, en la práctica, las últimas dos gestiones presidenciales fueron poco propicias a respetar la norma y fue la Corte Suprema la que tuvo que exigir su cumplimiento, a través de distintos fallos, como los que dictó en los casos PAMI (2012), Cippec (2014) e YPF-Chevron (2015).

Mientras tanto, el Congreso se dedicó a frenar las iniciativas: desde 2001 se presentaron más de 30 proyectos de ley sobre el acceso a la información, que sistemáticamente naufragaron porque ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner permitieron que el FPV avalara su tratamiento.

El presidente Mauricio Macri quiere saldar esa deuda y en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo anticipó que rápidamente promovería la sanción de una nueva iniciativa.

"Es clave para un sistema democrático. En Estados Unidos, esa ley data de 1966. Tenemos 50 años de atraso. Ahora, en esta etapa refundacional, es muy bueno que se logre este avance", explicó el constitucionalista Daniel Sabsay.

"La Argentina, Costa Rica, Cuba y Haití son los únicos países de la región que todavía no cuentan con una ley. El acceso a la información pública es muy importante, porque se vincula directamente con la publicidad de los actos de gobierno", explicó la constitucionalista Marcela Basterra, autora de un libro sobre acceso a la información pública.

Acceso libre

El proyecto que impulsa el Gobierno establece que toda información en poder del Estado se presume que será pública y de libre acceso.

A partir de la sanción, cualquier persona -sin necesidad de tener que explicar los motivos de su interés- podrá solicitar información a cualquier organismo del Estado, a la Procuración General, al Banco Central, al Consejo de la Magistratura, a los partidos políticos, a las sociedades en las que el Estado tenga participación mayoritaria y a toda organización privada que recibe subsidios.

En rigor, todo eso será posible luego de un año desde la sanción de la norma: ése es el tiempo que demandará la puesta a punto del sistema, que exigirá la creación de todo el sistema.

Se prevé que al frente de la estructura esté la Agencia de Acceso a la Información Pública, cuyo titular será nombrado luego de atravesar un proceso de audiencias públicas. El Congreso y la Justicia deberán implementar mecanismos similares. Por su parte, las personas obligadas deberán entregar esa información en forma gratuita, en un plazo de 15 días.

La propia norma deja un margen para evitar la publicidad, cuando el Estado o sus organismos clasifiquen cierta información como reservada, en tanto justifiquen que es necesario mantener la reserva por razones fiscales, bancarias, comerciales o de seguridad. Pero a los 10 años la información se volverá pública. Se prevé que, ante una negativa injustificada, el ciudadano podrá presentar un amparo judicial.

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