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Un fallo de la Justicia cuestionó a la Iglesia en un caso de abuso

Un tribunal de Paraná confirmó el procesamiento del cura Justo Ilarraz; "nadie está exento de las leyes civiles", dijo sobre el rol de las autoridades eclesiásticas
Silvina Premat
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6 de abril de 2016  

Ilarraz, el sacerdote que es acusado por siete ex seminaristas
Ilarraz, el sacerdote que es acusado por siete ex seminaristas Crédito: La Gaceta

"No hay normas por encima de las leyes civiles. Nadie está exento de la autoridad de éstas." Ambos axiomas guían el fallo de la Justicia entrerriana que anteayer confirmó el procesamiento del sacerdote Justo José Ilarraz acusado por abuso sexual de menores y criticó seriamente la conducta de los obispos que conducían la arquidiócesis de Paraná en el momento en que los supuestos delitos se dieron a conocer.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones en transición de Paraná se expidió anteayer, después de una semana de escuchar a las partes, sobre la viabilidad del procesamiento de Ilarraz, cuya defensa había solicitado que fuera sobreseído por falta de mérito.

Según consideraron los jueces Pablo Vírgala, Daniel Malatesta y Gustavo Maldonado, habría pruebas suficientes para acreditar la autoría de los delitos contra la integridad sexual denunciados por siete ex alumnos del seminario Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná. Entre los denunciantes, hay al menos uno que hoy es sacerdote.

Los hechos habrían ocurrido entre 1985 y 1993, cuando Ilarraz era, según uno de los testigos, "como un papá" para los chicos que llegaban del interior de la provincia a estudiar. Formalmente Ilarraz hacía las veces de director espiritual y responsable de la disciplina del colegio secundario del seminario, donde los menores vivían como pupilos.

El fallo, redactado por Vírgala, presidente del tribunal, fue votado por unanimidad. En 24 páginas destaca "la credibilidad de las víctimas" y critica la conducta del cardenal Estanislao Karlic, ex arzobispo de Paraná (ver aparte). Karlic declaró para esta investigación ante la Justicia, como también lo hicieron sus sucesores, Mario Maulión -que dijo desconocer el caso-, y el actual arzobispo, Juan Alberto Puiggari. Los prelados argumentaron haber actuado según lo establecido en esa época por la Iglesia.

La defensa de Ilarraz, llevada adelante por Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz, argumenta que los testimonios de los denunciantes son "contradictorios en algunos casos y falaces en otros". El tribunal, por el contrario, les otorga credibilidad y recuerda que el pedido de procesamiento hecho por la jueza Paola Firpo, que procesó a Ilarraz en julio del año pasado, se basó en la "coherencia e incolumidad" de esos dichos y en que "los peritos que los examinaron en ningún momento detectaron en ellos signos de fabulación o tendencias a la mendacidad". Se descarta también que, como habría argumentado la defensa del sacerdote, los denunciantes estuviesen motivados por objetivos económicos. "No tiene sentido que los denunciantes hubieran esperado tanto tiempo para hacerlo con los riesgos procesales de toda índole que ello significa", afirman los jueces.

Entre las declaraciones que orientaron la decisión de los jueces figuran las de familiares directos de las supuestas víctimas y de algunos profesionales médicos. Tales testimonios harían evidente la relación entre los presuntos abusos y conductas o patologías que presentaron los denunciantes en la época en la que permanecieron en el seminario o en años posteriores. Uno de ellos, según contó la médica cardióloga que lo atendió durante años por ataques de pánico y arritmias sin causas orgánicas, salió llorando y repentinamente del consultorio médico cuando la profesional, desconociendo la historia del paciente, le preguntó si de chico lo habían maltratado o alguien lo había violado.

Ahora la jueza Firpo deberá decidir si eleva a juicio oral la causa, en tanto que la defensa tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario que pide la prescripción de los delitos debido al tiempo transcurrido.

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