El final de un ciclo impune

Joaquín Morales Solá
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6 de abril de 2016  

Hay funcionarios judiciales que están seguros de que Lázaro Báez era íntegramente un testaferro de la familia Kirchner. "El ciento por ciento de su plata era de los Kirchner", se escuchó decir a un juez federal. Cierto o no, es comprobable que Báez fue, quizás, el mejor amigo de Néstor Kirchner (o el de más confianza). El amigo con el que compartió su última cena antes de morir. A través del tambaleante empresario ahora la Justicia podrá llegar a parte del dinero en poder de los Kirchner. La prisión de Báez es una amenaza directa a la familia que gobernó durante 12 años. ¿Será Báez tan ingrato como Ricardo Jaime, que le dijo al juez Julián Ercolini que Néstor y Cristina le habían ordenado todo lo que hizo? Si bien Jaime tiene información importante sobre los manejos financieros del ex matrimonio presidencial, para nada es comparable con el testimonio que podría aportar Báez. Jaime era un operador. Báez era un socio. Son cosas distintas

La detención de Báez es también consecuencia de una decisión política tomada por la justicia federal: se terminó la impunidad del kirchnerismo, acordaron los jueces con esas palabras o con otras, como reveló LA NACION el domingo pasado. Algunos de ellos le hicieron llegar al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la adhesión a su último discurso público. Lorenzetti había pedido entonces que se "termine con la impunidad". La Corte Suprema sabía, por eso, que se avecinaban duras decisiones de la justicia federal sobre ex funcionarios kirchneristas. En los últimos días, quedó también al borde del procesamiento un kirchnerista intocado hasta ahora: el ex ministro Julio De Vido, sin cuya firma no hubiera sido posible nada de lo que hizo Jaime ni de lo que ganó Báez.

La prisión de Lázaro Báez fue ordenada por el juez Sebastián Casanello y eso es más sugestivo aún. Casanello formó parte de la última camada de jueces federales nombrados por el kirchnerismo; tuvo aceitados vínculos con La Cámpora durante el reinado de Cristina. Si Casanello fue capaz de detener a Báez, antes incluso de tomarle declaración indagatoria, es fácil imaginar hasta dónde llegará el juez Claudio Bonadio, uno de los pocos magistrados que investigaron al kirchnerismo mientras éste tuvo el poder. Bonadio espera a la propia Cristina Kirchner el próximo miércoles 13.

La declaración de Jaime sobre los Kirchner es verosímilmente cierta. La compra de trenes a España fue una operación de 100 millones de dólares. ¿Alguien puede imaginar que sólo Jaime dispondría de semejante cantidad de dinero en un sistema de gobierno tan centralizado como el de los Kirchner? La única pregunta que correspondía hacerse es si Jaime contaría la verdad o no. Habló. Falta saber si el juez Ercolini llamará ahora a Cristina Kirchner. Báez recibió la concesión para construir una ruta de 100 kilómetros en Santa Cruz por un costo de 150 millones de dólares. Ya cobró 800 millones de dólares y sólo construyó 30 kilómetros. Los Kirchner eran, otra vez, quienes decidían semejantes arbitrariedades con el manejo de los recursos públicos. ¿Hablará Báez? ¿Comprometerá aún más a la ex presidenta de lo que ésta ya está en la causa Hotesur (que la interpela directamente a ella) o en la nueva causa sobre el hotel Los Sauces, que cayó en manos del inmanejable juez Bonadio?

La decisión de ayer del juez Casanello saca a la pesquisa judicial de las orillas del kirchnerismo y la coloca en el lugar central, donde está la familia Kirchner. Báez formaba parte del corazón de la familia, aunque últimamente los Kirchner tomaron distancia del empresario. Nadie sabe por qué. Cristina Kirchner suele tomar decisiones sin tener en cuenta las probables consecuencias. La reciente filmación sobre el impúdico conteo de dólares en una financiera por parte del hijo de Báez, Martín, y de su contador, Daniel Pérez Gadín (preso también desde ayer), habría apurado los tiempos de la Justicia. Los apuró más un dato anterior: amplios sectores sociales están reclamando que haya un castigo judicial por la corrupción de los políticos. Tarde, cuando ya la dinastía política anterior dejó el poder y se quedó sin capacidad de amenazar, los jueces comenzaron a actuar.

Ese contexto es el peor enemigo de Mauricio Macri dentro de las turbulencias desatadas por las filtraciones de Panamá Papers, que notificaron de una empresa familiar que él integró en un paraíso fiscal. Esas revelaciones suceden cuando Báez quedó entre rejas y cuando la justicia federal comenzó a investigar la corrupción. Un sector de la sociedad puede suponer, si no se detiene en las diferencias, que todos los políticos, nuevos o viejos, de derecha o de izquierda, terminan gobernando para sus propios intereses (o para sus propios bolsillos). El acorralado kirchnerismo está, a su vez, interesado en propagar lo mismo, en crear la certeza colectiva de que, en todo caso, Macri es tan corrupto como el matrimonio Kirchner.

Vale la pena, por lo tanto, detenerse en este caso que afecta a un presidente con menos de cuatro meses en el ejercicio del cargo y que promovió un cambio radical en los paradigmas políticos del país. La primera constatación consiste en que difícilmente el Presidente resulte afectado, al menos por lo que se sabe hasta ahora, en el terreno judicial. La segunda comprobación se refiere al costado político de la situación. Puede decirse, en síntesis, que Macri demostró que no cometió un acto ilegal, pero también que no logró superar todavía el problema político que derivó de esas revelaciones. El caso puso de manifiesto las carencias políticas de la administración y la escasa eficacia de su estrategia comunicacional. No despejó el problema en tiempo y forma. Peor: podía hacerlo, según la información que se conoció cuando ya la cuestión había escalado en la opinión pública.

Tres informaciones fundamentales apartan a Macri de la sospecha de actos ilícitos o ilegales.

Veamos la primera. La empresa creada en Panamá y con sede en Bahamas estaba a nombre de quienes eran entonces los principales directivos de la empresa familiar, Socma. El patriarca de la familia, Franco Macri, y dos de sus hijos, Mauricio y Mariano. El hecho de que la compañía, que al final no tuvo ninguna actividad comercial, estuviera a nombre de sus verdaderos dueños es relevante. Por lo general, esas empresas en paraísos fiscales se ponen a nombre de testaferros para cometer actos ilícitos o para esconder dinero al fisco. Los estudios panameños suelen aportar los nombres de los testaferros.

Una empresa en el exterior y cuentas en paraísos fiscales no son un delito; son recursos habituales de empresarios que tienen la sede central de sus compañías en países con recurrentes restricciones cambiarias, por ejemplo. Sin embargo, deben convivir en esos paraísos con otras empresas y con otras cuentas (generalmente a nombre de testaferros) que sirven para ocultar dinero mal habido, proveniente de la evasión fiscal, del crimen organizado o de la corrupción política. Es la diferencia sustancial entre empresas que están a nombre de testaferros o las que están a nombre de sus verdaderos dueños.

Veamos la segunda información. Según confirmó la AFIP, esa empresa fue declarada ante la agencia impositiva argentina por Franco Macri. Es decir, no era una empresa que la familia Macri trató de ocultar. La declaración de Macri padre indica que no se abrió una cuenta bancaria a nombre de esa empresa y que no hubo movimientos de dinero más allá de los montos mínimos para mantenerla en funciones. El Presidente no tuvo, por lo tanto, ninguna retribución como miembro del directorio de esa empresa. No debió pagar ningún impuesto por ganancias que no existieron.

Veamos la tercera. La empresa se abrió en 1998 y se cerró a fines de 2008, un año después de que Macri tuvo su primer cargo ejecutivo en el Estado. Asumió como jefe de gobierno de la ciudad en diciembre de 2007. Es fácil deducir que no hubo intención de esconder a través de esa empresa dineros que pudiera conseguir como funcionario estatal.

Otra cosa es la política. El primer error de Macri consistió en demorar la entrega a la sociedad de una información veraz y amplia sobre lo que sucedió. Se la terminó dando a Elisa Carrió en la noche del lunes, cuando ya era tarde para apagar el fuego del escándalo promovido por casi toda la oposición y algunos aliados. El Presidente conocía con anticipación que la información sucedería, porque el consorcio de periodistas internacionales le pidió un descargo con varios días de anticipación y LA NACION hizo lo mismo antes de publicar la noticia. ¿Subestimó la repercusión de esas revelaciones? ¿Creyó que la cuestión se resolvería con una declaración al pasar? ¿Careció del consejo político y comunicacional oportuno? Sea como fuere, la política es menos importante que el aspecto legal, si se lo mira desde el punto de vista ético. Pero la política es, en última instancia, la que construye o conserva los liderazgos.

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