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Un éxito y varios desafíos

Néstor O. Scibona
Néstor O. Scibona LA NACION
Sin buitres al acecho, el fin del default será una bisagra para la economía y obligará a nuevos acuerdos entre oficialismo y oposición
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17 de abril de 2016  

Fuente: LA NACION

No pidió un aplauso para el asador (que tampoco se hubiera correspondido con el cordero rostizado servido poco después), sino para los legisladores y gobernadores de la oposición. En la cena anual del Cippec, Mauricio Macri compartió así el logro político de haber derogado las leyes que impedían poner fin al interminable conflicto con los holdouts y que esta semana tendrá su correlato con la vuelta de la Argentina a los mercados financieros externos y la salida del default.

Hace cuatro meses este escenario parecía casi imposible. Pocos apostaban al rápido acuerdo del Gobierno con los fondos más duros que ganaron los juicios en Nueva York. Y muchos menos que diputados y senadores del Frente para la Victoria lo convalidaran en el Congreso. La necesidad de oxígeno financiero unió a la Casa Rosada y la mayoría de los gobernadores -peronistas y no peronistas-, más preocupados por la gobernabilidad que por la consigna "Patria o buitres" ya desaparecida de escena; incluso en la reaparición de Cristina Kirchner en Tribunales ante su militancia incondicional. Al fin y al cabo, ese sofisma resultó funcional a los fondos que hacen de los litigios judiciales su razón de ser: en menos de dos años le costó al país unos 3500 millones de dólares extras en intereses punitorios. Ahora la colocación de bonos a 5, 10 y 30 años, aun con una tasa inicialmente alta y cercana a 8% anual, equivale a tomar crédito a largo plazo para levantar, en efectivo y de inmediato, la pesada hipoteca con intereses usurarios que dejó como herencia el cristinismo, sin afectar las reservas del Banco Central. No hacerlo hubiera significado a futuro costos mucho más pesados.

La salida del default marca un punto de inflexión para la política económica de Macri, al reabrir el acceso al financiamiento externo voluntario, cerrado durante años. Abre la puerta a potenciales inversiones locales y extranjeras para cubrir enormes necesidades de infraestructura y a movilizar proyectos para ampliar la capacidad productiva, frenados por el cepo cambiario K ya eliminado y el riesgo de extensión y amplificación del default que ahora desaparece junto con la amenaza de los fondos buitre. También se acota el riesgo de eventuales demandas judiciales de los holdouts que hasta ahora no aceptaron la oferta -seguirá abierta-, ya que los nuevos títulos incorporan las cláusulas de acción colectiva incluidas en las posteriores reestructuraciones de deudas soberanas a causa, precisamente, de la experiencia argentina. La emisión inicial de deuda por 15.000 millones de dólares dejará además un remanente para reactivar obras públicas paralizadas y/o financiar una mínima fracción del déficit fiscal para atenuar el peso de los ajustes pendientes. Otro tanto prevén varias provincias que se aprestan a colocar deuda como ya lo hizo, anticipadamente y a mayor tasa, el gobierno bonaerense.

No obstante esta bisagra implica nuevos desafíos para despejar factores de incertidumbre económica a corto plazo, que crean un círculo vicioso entre las intenciones oficiales y la realidad. Y que seguramente obligarán a nuevos acuerdos políticos en el Congreso.

Por un lado, la apuesta oficial es reducir el peso relativo del gasto público a través de un mayor crecimiento del PBI vía inversiones privadas, para generar empleo y mayores ingresos fiscales en el último tramo de este año, y especialmente en 2017. Por otro, mientras no se estabilice la economía -que probablemente mostrará en abril la tasa de inflación más alta del año- y se definan las paritarias, la inversión avanzará a marcha lenta.

Para impulsar proyectos llave en mano de infraestructura económica y social, con inversión privada y garantía estatal de pago, la Casa Rosada prepara el régimen de participación público-privada (PPP) que requerirá de aval legislativo ya que delegaría la resolución de conflictos contractuales en organismos internacionales, como el Ciadi (Banco Mundial).

Pero también en el Congreso avanza el proyecto de la oposición que obliga al Poder Ejecutivo a requerirle autorización para emitir deuda con acreedores privados (y/o ceder jurisdicción a tribunales del exterior) y destinarla exclusivamente a financiar obras de infraestructura y no gastos corrientes. Un objetivo difícil de verificar con fondos fungibles y un dilema moral para varios gobernadores.

Más allá de esta iniciativa, el Palacio de Hacienda hizo saber que la colocación de deuda externa de esta semana será la última de este año por parte del Tesoro Nacional. Esta información verbal alimentó las expectativas sobre el programa fiscal y monetario para el resto de 2016 que, como ya se anticipó en esta columna, el Gobierno prevé difundir en las próximas semanas tras el fin del default. Y también las conjeturas de los analistas sobre cómo habrá de financiarse el rojo fiscal de este año, después de que el BCRA ratificara su compromiso de no emitir más de 160.000 millones de pesos con ese destino. El abanico de especulaciones va desde el probable lanzamiento de un título en dólares para captar ahorros declarados en esa moneda hasta el blanqueo de fondos no declarados con un costo impositivo variable según el plazo de inmovilización para financiar inversiones, y más alto si no son repatriados. Este proyecto también deberá pasar por el filtro del Congreso.

No obstante, la gran incógnita a despejar no es sólo el financiamiento del déficit fiscal, sino su magnitud. Por caso, al mantener sin cambios el desactualizado presupuesto de 2016, la Casa Rosada puede discutir cada partida de gastos en cada área. Pero también recurrir a decretos de necesidad y urgencia para ampliar transferencias de fondos por fuera del cálculo presupuestario. Hasta ahora, las negociaciones con los gobernadores para fraccionar la devolución del 15% de impuestos coparticipables transitan por este último andarivel.

Paralelamente, según cálculos del Estudio Broda, la reducción de subsidios a la energía y el transporte no impedirá que el gasto nominal por este concepto sea similar al de 2015 (aunque baje en proporción al PBI), debido al impacto combinado de la devaluación y la inflación sobre el precio en pesos de los combustibles y los gastos operativos. Y también resta saber cómo se reducirá el déficit cuasifiscal del BCRA, mientras mantenga la tasa de interés de Lebac al 38% anual a 35 días para restarle combustible monetario a la inflación. El fin del default externo puede atenuar el impacto de estos problemas, pero la solución está puertas adentro.

nestorscibona@gmail.com

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