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Hallan cobros irregulares en previsión social

El gobierno de Vidal encontró jubilaciones duplicadas y pagos a personas fallecidas por $ 688 millones; procura ahora cobrar deudas por otros 660 millones a los municipios y colegios privados
Marcelo Veneranda
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17 de abril de 2016  

La gobernadora María Eugenia Vidal
La gobernadora María Eugenia Vidal Fuente: Archivo - Crédito: LA NACION / Fernando Massobrio

A partir del cruce de datos con la Anses y con organismos de otras provincias, el Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) detectó un núcleo de irregularidades en el pago de jubilaciones cercano a $ 688 millones. Así lo reveló a LA NACION el titular de la entidad, Christian Gribaudo, quien por estos días intenta recuperar otras deudas millonarias: unos $ 160 millones de los municipios y $ 500 millones de los aportes de colegios privados.

"A partir del intercambio de datos con la Anses y otros institutos previsionales, encontramos una gran cantidad de jubilaciones irregulares o incompatibles. Básicamente, de tres tipos: personas que cobraban dos o más jubilaciones; personas que percibían jubilaciones y seguían trabajando; y apoderados o gestores que seguían cobrando jubilaciones de fallecidos", señaló Gribaudo.

Agregó que los casos detectados y dados de baja significarán un ahorro para la provincia de $ 188 millones este año, pero que en los últimos años insumieron el pago de $ 500 millones. Para recuperar esos fondos, el IPS planea retener haberes a quienes, tras el cruce de datos, sigan siendo beneficiarios. En el resto de los casos, deberá accionar judicialmente.

No será la única visita a los tribunales. El funcionario de María Eugenia Vidal ya presentó una denuncia penal tras detectar una seguidilla de casos -la mayoría, de las ciudades de Cañuelas y Las Flores- en los que se modificaban claves del sistema para otorgar jubilaciones en categorías mayores a las debidas. "El negocio era el retroactivo", señala el funcionario, y explica: "Detectamos que gestores y empleados del IPS le ofrecían a quienes hacían el trámite una mejor jubilación, a cambio de quedarse con el pago retroactivo".

Sin embargo, Gribaudo no despotrica contra "la herencia" sciolista y hasta elogia a su antecesor, Mariano Cascallares. Busca, de hecho, diferenciar la situación del IPS de otros organismos provinciales. Por ejemplo, la obra social IOMA, donde se detectaron irregularidades por $ 1500 millones y en las que el gobierno de Vidal responsabiliza a funcionarios de Daniel Scioli.

"Cascallares hizo denuncias similares a las que estamos presentando y dejó un IPS superavitario. De hecho, su vice, Mailén Vélez, continúa como directora. Acá no se trata de una herencia política, sino de un vicio en el sistema que estamos combatiendo", remarcó Gribaudo.

Aunque no lo diga, esa defensa de su antecesor no tiene que ver sólo con su paso por el IPS. Convertido en intendente de Almirante Brown, Cascallares es un aliado de Vidal en la relación con los municipios del Frente para la Victoria.

La relación con los intendentes -que impacta en la Legislatura bonaerense, donde Cambiemos necesita apoyo opositor en ambas cámaras- posiblemente dificulte el cobro del segundo "paquete" que persigue Gribaudo: los $ 160 millones que adeudan los municipios, principalmente, por aportes no realizados al IPS cuando se pagan bonos de fin de año a los empleados locales.

El tercer paquete, y el mayor, proviene de unos $ 1035 millones que adeudan los colegios privados bonaerenses. Cascallares identificó el 93% de esa deuda y consiguió que la mitad de los deudores se inscribieran en una moratoria. Gribaudo busca cobrar los $ 500 millones restantes a través de apremios.

Trámites eternos y gestores

El IPS fue uno de los actores centrales en los anuncios de aumentos para jubilaciones, comedores y planes sociales que Vidal hizo esta semana y que significaron un alivio para su gestión, en medio de las protestas de policías y estatales, el aumento en las tarifas y los despidos.

Más allá de ese aporte, y de la recuperación de fondos millonarios que intentará, Gribaudo enfrenta varios desafíos para modernizar el IPS.

El primero pasa por acortar los trámites jubilatorios, que en la provincia duran entre un año y medio y dos años. El objetivo de Cambiemos pasa por lograr en 2016 que esos trámites se completen en un año o menos. El objetivo final: que se logren iniciar y cerrar en 30 días.

Para eso, Gribaudo planea completar la descentralización iniciada por el sciolismo -que creó 76 centros de atención previsional (CAP)- y plantar una sucursal del IPS en los 135 municipios bonaerenses.

Pero, antes, deberá resolver un problema: el IPS no tiene un sistema informático en red que integre sus oficinas. Los trámites que se inician en los CAP tardan tres meses más que los iniciados en La Plata.

"Necesitamos un sistema que funcione y personal capacitado. Porque la lentitud del sistema se convirtió en un negocio para quienes gestionan jubilaciones", señaló Gribaudo. Esas empresas de gestores rodean la manzana del IPS, en La Plata.

Detectar esas y otras irregularidades, como las jubilaciones mal pagadas, también es un problema: hasta ahora estaban a cargo de una sola persona del departamento jurídico del IPS, que tiene 288.000 beneficiarios.

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