Una oportunidad que debemos aprovechar

Ricardo Esteves
Ricardo Esteves PARA LA NACION
Los fuertes desequilibrios estructurales que históricamente arrastra el país y que conspiraron contra cualquier política económica son ahora enfrentados por un equipo técnico que merece el crédito y el apoyo de la sociedad
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25 de abril de 2016  

Aunque no siempre por las vías apropiadas, el empresariado argentino ha propiciado en más de una ocasión que el país se encaminara al desarrollo. Sin embargo, toda vez que la Argentina entró en ciclos de estancamiento o recesión y el empresariado participó o fue convocado para revertir esas tendencias negativas con programas modernizantes que incluían apertura de mercado y liberalización de la economía, el resultado fue el contrario al esperado. Esos intentos sólo sirvieron para abonar el terreno para nuevos ciclos populistas.

¿Por qué fracasaban esas políticas? Porque se aplicaban en contextos de fuertes desequilibrios estructurales que las volvían totalmente inviables.

Por eso, la iniciativa del gobierno actual, liderada por un equipo técnico ajeno al empresariado, debería ser comprendida y apoyada por la sociedad. Sobre todo en aquellas medidas dolorosas que apuntan a resolver esos profundos desajustes estructurales que el país arrastra desde hace décadas. Veamos el proceso en perspectiva.

A mediados del siglo XX irrumpió en el país una nueva fuerza política, el justicialismo. Esa irrupción coincidió con el ocaso del viejo partido conservador, con el que estaba identificado el sector empresario. El justicialismo concentró a los sectores trabajadores y cooptó las bases populares del partido conservador. El escenario político quedó limitado a dos grandes fuerzas: el radicalismo, de las clases medias, y el justicialismo, de los sectores populares. Huérfano de representación, el empresariado canalizó sus aspiraciones políticas a través del partido militar, cuya única forma de acceder al poder era a través de un golpe de Estado, es decir, rompiendo el orden constitucional.

Las dos veces que los militares tomaron en forma directa el poder (en 1966 y en 1975) entregaron el manejo de la economía al sector empresario. En 1966, con Jorge Salimei primero -titular de Sasetru, una de las firmas más importantes del país de entonces y de origen desarrollista- y luego con Krieger Vasena, de orientación liberal. Y en 1975 con Martínez de Hoz, hasta ese momento presidente de la siderúrgica Acindar.

En los dos casos hubo un atisbo de éxito en los primeros años; llegaron inversiones y el país parecía encaminarse al desarrollo. Pero bien pronto esos procesos se marchitaron y acabaron en rotundos fracasos y fuertes ajustes que diezmaron el consumo de las clases medias y bajas, al tiempo que desnacionalizaban la economía.

Si en el plano teórico las medidas eran las adecuadas para sacar el país adelante, y eran las que aplicaban las naciones más avanzadas, en la Argentina se pretendió implementarlas en un contexto de gravísimos desequilibrios.

Esos desajustes escondían un tremendo déficit fiscal, que se camufló en los primeros años con la llegada de inversiones y que desembocaría inevitablemente en déficit en las cuentas de pago con el exterior (es decir, escasez de divisas).

El nudo de los desequilibrios ha estado siempre en el desproporcionado e irreductible gasto público. Se le proponía al sector privado: "Les vamos a dar tantos años para que se adecuen y compitan con el mundo", cuando el que en realidad debía adecuarse era el Estado y sanear su explosiva situación. Y nunca lo hizo.

Años más tarde, descartados ya los militares luego de los fracasos y las atrocidades cometidas desde el poder, el empresariado hizo una nueva alianza, esta vez con el justicialismo y con Menem en el gobierno, quien cedió el manejo de la economía en primer término a funcionarios de Bunge y Born, entonces la mayor empresa del país, y luego a Domingo Cavallo, líder de la Fundación Mediterránea, una institución académico-empresaria que representaba los intereses de las empresas del interior.

Nuevamente, las políticas adoptadas se ajustaron a los cánones del proceso de desarrollo y contaron con el respaldo del sistema financiero internacional, las naciones desarrolladas y los organismos internacionales, en especial el FMI, tan desacreditado en estos lares.

Los comienzos, más aún que en las experiencias anteriores, fueron rutilantes. Eso posibilitó la llegada de una fuerte corriente de inversiones que permitieron reformas fundamentales en la estructura productiva del país. La eliminación de las retenciones al agro y las desregulaciones portuarias y energéticas propiciaron la expansión de la base productiva. Esta expansión productiva de los años 90, junto con los precios excepcionales de exportación, hizo posible el derroche populista del kirchnerismo.

No se puede negar de buena fe que a partir de la experiencia de los años 90 emergió un país distinto, donde, antes de la llegada de los precios excepcionales, las producciones agropecuarias y de hidrocarburos experimentaron un crecimiento explosivo. La exportación de granos y derivados fue posible gracias al sistema de puertos privados que se erigió en el margen oeste del Paraná.

Sin embargo, cuando la Argentina presumía de encaminarse al desarrollo el proceso se estancó, para luego estallar en la peor crisis de la historia argentina y esquilmar a buena parte de la sociedad. ¿Qué sucedió? Debajo de esa superficie que se expandía se cocinaba un desequilibrio estructural de magnitud estratosférica que el endeudamiento externo pudo disimular sólo por unos años.

Toda vez que la conducción de la economía quedó en manos de sectores ligados al empresariado y se aplicaron políticas alineadas con el mercado y la modernización, la historia acabó con brutales ajustes que doblegaron las espaldas de la sociedad.

Con políticas diametralmente opuestas, como las que se aplicaron en la segunda presidencia de Perón, cuando otro sector del empresariado se hizo cargo de la economía a través de Gelbard, el fracaso no fue menos estridente. Desembocó en el brutal ajuste conocido como "Rodrigazo", en alusión al ministro Celestino Rodrigo, convocado en última instancia a apagar el incendio por Estela Martínez de Perón.

Dejando de lado la corrupción y el atropello a las instituciones, ¿qué le dejaron al país estos 12 años de despilfarro populista, los de las mejores condiciones externas de la historia? Muy poco: consumo, mucho consumo (aunque no para todos, a juzgar por los índices de pobreza), y las reestatizaciones -¿a qué costos?- de Aerolíneas e YPF. La deuda no creció, porque no pudieron tomar crédito, pero tampoco existió el desendeudamiento del que se alardea (los 240.000 millones de dólares de deuda heredados no son poca cosa). Además, la infraestructura del país está destrozada. Dejaron algunos trenes repintados y los hospitales y escuelas en ruinas, y un desequilibrio fiscal monumental, que será difícil revertir.

Por eso, los recientes aumentos de tarifas de servicios y el transporte -que algunos de mala fe ven como un serrucho en un quirófano- son absolutamente necesarios, pero no suficientes: son los primeros pasos tendientes a corregir esos monstruosos desequilibrios. La sociedad debe entender que sin corregirlos cualquier programa que se implemente fracasará.

El intento de nuestros días cuenta a favor, tal vez, con el mejor equipo técnico de la historia, de gente joven, aparentemente sin compromisos políticos, que sólo viene a cumplir bien su tarea y que merece legítimamente el crédito.

Enfrentan un nivel de desequilibrios que están entre los más altos experimentados y una sociedad "cebada" con niveles de consumo que son incompatibles con las posibilidades reales y la baja productividad del país, y una alta resistencia al cambio.

La tarea es difícil, pero no imposible. Ganarle a la historia será tarea de todos. Y si este gobierno fracasa, será una vez más la derrota de todos.

Empresario y licenciado en Ciencias Políticas

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