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El Gobierno lanzará medidas de ayuda para las pymes

Habrá beneficios fiscales, financiamiento a tasa preferencial y facilitación de trámites; buscan que se conviertan en otro argumento contra la ley antidespidos
Francisco Jueguen
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7 de mayo de 2016  

Tizado h., Cabrera y Blanco Muiñon, durante el anuncio
Tizado h., Cabrera y Blanco Muiñon, durante el anuncio Fuente: DyN

Con el objetivo de neutralizar el proyecto de ley que prohibe los despidos, enviar una señal al bloque de diputados massistas y comenzar a desarmar el discurso que repite que Mauricio Macri gobierna sólo para los más ricos, el Gobierno lanzará la semana que viene un paquete de medidas para impulsar la actividad y el empleo en las pequeñas y medianas empresas.

Así lo confirmaron a LA NACION dos fuentes oficiales y una del sector privado con acceso al borrador que circula en los despachos oficiales. De acuerdo con lo trascendido, se otorgarían diferentes beneficios fiscales, líneas de financiamiento a tasas preferenciales y se anunciaría además la facilitación de varios procesos burocráticos para estas empresas. En principio no está pensada ninguna medida que pretenda paliar los aumentos de costos derivados de las subas de tarifas de electricidad, agua y gas, o de la entrada de más productos importados en medio de una significativa caída de la demanda interna.

El proyecto ya fue presentado la semana pasada por la subsecretaria de Política y Gestión de la Pyme, Carolina Castro, ante varios ministros. La presentación oficial iba a ser lunes o martes pero por el pedido de algunas modificaciones podría atrasarse unos días. LA NACION intentó comunicarse con la ex dirigente de la UIA Joven pero no tuvo respuesta.

Por otro lado, está previsto que el paquete de medidas se convierta en una resolución de aplicación inmediata pero que luego transmute a una ley que se sume al debate que actualmente se da en el Congreso sobre la eximición o no de estas firmas en los proyectos que prevén la declaración de la emergencia ocupacional, la prohibición de despidos por 180 días y la imposición de la doble indemnización.

Ese camino será un intento de responder el reclamo de las pyme (sobre todo las metalmecánicas y la construcción) y del massismo en Diputados a la situación del sector. Una segunda intención será vaciar de contenido los reclamos de los sindicatos y el kirchnerismo en el Congreso sobre los despidos en el sector privado. El Gobierno aspira así a ganar iniciativa política.

Ayer el oficialismo comenzó a preparar la cancha en el campo comunicacional. "Estamos pensando en un plan productivo argentino", afirmó en una conferencia de prensa para relanzar Precios Cuidados (ver aparte), el Ministro de Producción, Francisco Cabrera. Sugirió que habría anuncios pronto sobre este tema. "Vamos a poner un énfasis muy importante en la creación de empleo. Hoy hay una crisis estructural porque no hay fortaleza económica", graficó el funcionario. En ese momento apuntó directamente a las pymes o, como las describió, a "las grandes demandantes de empleo en la Argentina".

En el mismo anuncio, el subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado (h), también puso el foco en ese sector. "En esta versión [de Precios Cuidados] las pymes participantes del programa crecieron un 50%, lo que les permite colocar a estas empresas sus productos con mayor visibilidad y aumenta su capacidad competitiva frente a los grandes jugadores", dijo.

En las últimas reuniones en la Unión Industrial Argentina (UIA) se criticaron los aumentos de tarifas –sobre todo los de energía– y cómo afectan a las pequeñas firmas manufactureras que requieren un uso intensivo de electricidad.

En tanto, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) presentó la semana pasada un informe en el que alerta sobre la caída de la demanda de entre un 30% o 35% promedio entre las pymes. A esto suma el impacto de la apertura a las importaciones (de hasta el 39% en el sector textil y del 15% en marroquinería), la devaluación y las "tasas de financiación elevadas". Sin embargo, la entidad cercana al sciolismo en las últimas elecciones advirtió sobre el impacto negativo que tendría la aplicación de la ley antidespidos. "La doble indemnización aumenta la conflictividad y no alienta la creación de empleo en las pymes", estimó el documento de la entidad y agregó: "Nos oponemos, no porque querramos despedir, sino porque no creemos que sea la solución".

Entre sus reclamos, que son compartidos a rasgos generales por las principales entidades del sector (CAME, Apyme y Cadieel), están restablecer los llamados Repro (subsidios estatales a los salarios de empresas en crisis), programas de normalización de deudas con AFIP y beneficios fiscales, entre otras.

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