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La Justicia debe ser y parecer independiente

Alberto F. Garay
Alberto F. Garay PARA LA NACION
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20 de junio de 2016  

Los casos en que se denuncia la comisión de delitos por parte de algún funcionario público nacional deben ser juzgados por la justicia federal. Cuanto más importante es el funcionario, más presión suele ejercerse sobre el juez. Esta práctica, reprobable desde todo punto de vista, es de larga data y pone en juego de manera directa la idoneidad moral de los magistrados.

Algunos jueces, los de mayor coraje, hacen oídos sordos a esa práctica. Otros, más débiles o temerosos, prefieren deshonrar su juramento de hacer cumplir la Constitución y la ley. En su lugar, desarrollan una suerte de deserción moral estratégica, según advirtió una investigación de la politóloga estadounidense Gretchen Helmke: acomodan su volátil integridad al mayor o menor poder efectivo que el funcionario o ex funcionario investigado posea y al interés que exprese el gobierno de turno al momento de la investigación o de la decisión.

Así es como la población, con estupor e indignación, se enteró por los medios de comunicación de que un juez federal con competencia criminal y correccional, Daniel Rafecas, a través de mensajes telefónicos, intercambiaba estrategias con el defensor de un alto funcionario que era imputado en una causa que aquél tenía a su cargo. También tomó estado público que en otra causa que involucraba a varios agentes estatales el magistrado interviniente, Julián Ercolini, no disponía medidas judiciales durante meses o años y desmembraba la causa entre otros varios jueces, frustrando la investigación central sobre asociación ilícita. Desde este mismo diario se criticó el proceso írrito en el que se debía investigar el enriquecimiento ilícito de otro juez del fuero, Eduardo Freiler, y donde, sin investigación real, su colega Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyó de manera irregular. Finalmente, desde distintos medios se alertó que existen causas por corrupción de funcionarios públicos que muchas veces no llegan a una sentencia que concluya con la culpabilidad o la absolución del acusado, porque la demora en resolverlas es tan grande -en promedio, diez años- que en su transcurso las acciones penales prescriben.

Estas singularidades judiciales, antes invisibles, hoy son conocidas y repudiadas por gran parte de la población. Así fue que, haciéndose eco de ellas, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, secundado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, solicitó al Consejo de la Magistratura que dispusiera una auditoría en la justicia federal penal para que se determine qué causas de corrupción existen actualmente en trámite o paralizadas. También solicitó que se detalle en qué fechas se dispusieron actos procesales relevantes y cuál es el estado actual de cada una de esas causas.

Es decir, el colegio y la federación reclaman del Consejo de la Magistratura un control elemental, semejante, por otra parte, a la recopilación de datos que actualmente realiza el Consejo en materia de delitos de narcotráfico. En ambos casos están en juego la transparencia del servicio de justicia y el derecho a la información de la comunidad.

El Consejo de la Magistratura aceptó pedir a la Cámara Federal un listado de esas causas. Sin embargo, sorprende que inexplicablemente haya pospuesto la obtención de datos clave relacionados con la marcha de esos juicios para el momento en que se formule "el próximo plan de auditorías".

En estos casos, como en los de narcotráfico, no se trata de meras abstracciones. La indagación urge porque, conforme atestiguan causas judiciales e investigaciones recientes, la corrupción de los funcionarios produce perjuicios que repercuten negativamente en la vida, la salud, la educación del pueblo y los fondos públicos.

También están en juego la credibilidad y la integridad de los procedimientos judiciales y las de sus actores, los jueces, sus secretarios y los fiscales.

Por todo esto es decisivo contar con datos confiables y actuales relacionados con los juicios de corrupción. Nadie está por encima de la ley. No lo está el funcionario sospechado y tampoco lo está quien, debiendo velar honestamente por el cumplimiento de la ley y de la Constitución, alivia su ministerio con morosidad cómplice.

Abogado constitucionalista

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