Desbaratar concursos escandalosos

Urge revisar nombramientos tras el reciente y valioso fallo de nulidad e inconstitucionalidad sobre la selección de fiscales federales
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27 de junio de 2016  

En 2013, la escandalosa procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creaba su propio régimen de concursos para la selección de fiscales nacionales y federales, derogando el sorteo público de los jurados establecido por su antecesor. En poco más de dos años, se tramitaron así 17 concursos para cubrir 71 cargos de fiscales ante los juzgados de primera instancia, cámaras, tribunales orales y ante la propia Corte Suprema.

Una de sus principales abanderadas y pieza fundamental en el asalto al Poder Judicial que llevó persistentemente adelante el gobierno kirchnerista, Gils Carbó se autodesignó presidenta del jurado en 15 de los 17 tribunales de selección, rodeándose de un cerrado entorno por ella digitado vergonzosa y groseramente, entre quienes se encontraban los fiscales Alejandro Alagia, Daniel Adler, Jorge Auat, Javier De Luca, Marcelo García Berro, Diego Luciani, Eduardo Alvarez y Adolfo Villate, que la acompañaron en su vil embestida contra el doctor José María Campagnoli.

Fruto de tan inconfesable maniobra política, medio centenar de los finalmente ternados y designados para ocupar los cargos concursados, confirmaron ser parte de grupos afines al gobierno de Cristina Kirchner o de la legión de empleados que poblaban las oficinas de Gils Carbó. El concurso 102, destinado a cubrir los cargos de fiscales federales ante los juzgados de Comodoro Py, posiciones políticamente muy sensibles, se tornó paradigmático. El doctor Ignacio Rodríguez Varela recusó por parcialidad desde el inicio a la procuradora y a todos los jurados designados a dedo mientras los favoritos del Gobierno se destacaban por su "notable desempeño" en las pruebas.

Rodríguez Varela, eternamente postergado por el delito de portación de apellido, promovió una acción de amparo ante la ausencia de deliberaciones concretas del jurado, que se sumaba a la presencia de correos electrónicos que Gils Carbó hacía circular de antemano con su proyecto de dictamen, sometiéndolo a la mera adhesión del resto. Josefina Minatta, en otra grosera incompatibilidad, participaba al mismo tiempo en los concursos cuyo trámite simultáneo daba razón reglamentaria a su designación como "coordinadora", mientras que Andrea Pochak oficiaba de veedora, ambas abogadas provenientes del entorno de la procuradora general.

En noviembre de 2014, el jurado del concurso 102 emitió el informe que confirmó la previsible consagración de los candidatos oficialistas. Merced al simple estudio de las propiedades digitales del documento conel que se los notificó, los concursantes comprobaron que no procedía del jurado, sino que había sido redactado en el mismísimo despacho de Gils Carbó por la ubicua Minatta.

Mientras tanto, el amparo de Rodríguez Varela había merecido sentencia favorable en primera instancia con la recusación de Gils Carbó y la anulación del concurso. Sin embargo, esa funcionaria súbitamente se reemplazó a sí misma en diciembre de 2014 como presidente del jurado y designó a la fiscal Gabriela Baigún y a la fiscal Miriam Viviana Barbosa como nuevas vocales del concurso. Al día siguiente de esa maniobra, la Cámara de Apelaciones declaraba abstracta la acción de amparo que recusaba a la procuradora y anulaba el concurso, y el jurado emitía el dictamen de resolución de impugnaciones que requería un imposible estudio de todo lo actuado en apenas 24 horas.

Estas groseras ilegalidades, denunciadas por la diputada Margarita Stolbitzer, dieron lugar a una causa criminal. A pesar de ello y de la formal notificación que el juez federal Luis Rodríguez cursó al Senado, Franco Picardi, hasta ese momento subsecretario de Carlos Zannini, y Paloma Ochoa, titular de una de las oficinas creadas por Gils Carbó (ambos de Justicia Legítima), recibieron el acuerdo para los cargos del concurso. Cristina Kirchner firmó de inmediato sus amañadas designaciones.

Afortunadamente y en justicia, lo reseñado no constituye el epílogo de esta historia. Luego de tres años, la Sala II de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal recientemente declaró en duros términos la nulidad e inconstitucionalidad del reglamento de selección de fiscales de Gils Carbó, instrumento que no cumplía con las más elementales exigencias de pluralidad ideológica, transparencia ni objetividad. Atender las justas demandas que restablezcan la plena vigencia de la ley y desbaraten aquel escandaloso concurso y el resto de los tramitados bajo esas impugnables normas, debería dar por resultado el cese en los cargos de todos los fiscales designados mediante tan vergonzoso reglamento.

Quien ha ejecutado este plan diabólico para convertir a la Justicia en un apéndice del Poder Ejecutivo saliente debería, de una vez por todas, dar un paso al costado y renunciar. Ya ha sido inconmensurable el daño que le ha infligido a la Justicia.

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