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La Justicia amplía el cerco sobre Cristóbal López

Ercolini extendió la inhibición general de sus bienes a otras 35 sociedades; el empresario debe declarar en agosto
Hugo Alconada Mon
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16 de julio de 2016  

El empresario Cristóbal López
El empresario Cristóbal López Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio / LA NACION

El cerco sobre Cristóbal López se amplía. El juez federal Julián Ercolini extendió ayer la inhibición general de bienes a otras 35 sociedades en las que participa el empresario patagónico, con el fin de garantizar la recuperación de los $ 8000 millones en impuestos que adeuda al Estado nacional. Designó, demás, "una veeduría jurídica y contable" sobre todo el Grupo Indalo.

La orden de Ercolini incluye el Banco Finansur y el hotel Los Notros, entre otros activos del "zar del juego" que habían quedado fuera de la inhibición dispuesta el miércoles por Ercolini, y que ahora quedarán congelados y bajo la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Ercolini también ordenó a la Unidad de Información Financiera (UIF) -el organismo antilavado- que le informe sobre todos los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que registre en sus bases de datos sobre López, su socio y lugarteniente Fabián de Sousa o cualquiera de todas las empresas del Grupo Indalo.

Las órdenes se suman a la denuncia que en el fuero penal económico presentó el abogado Gonzalo Espinosa Paz, en representación de empleados de la productora Ideas del Sur, por la presunta retención indebida de aportes previsionales entre noviembre de 2013 y junio de este año.

La denuncia, que recayó en el juzgado de Rafael Caputo, avanza sobre López y De Sousa, pero también sobre el entonces socio y presidente de la productora televisiva, Marcelo Tinelli, al considerarlos presuntos responsables de esas "maniobras dolosas". Consultados por LA NACION, colaboradores de Tinelli dijeron que "por ahora" no harían comentarios sobre la incipiente investigación penal.

López y De Sousa ya fueron citados a prestar declaración indagatoria el mes próximo por otra jueza del fuero penal económico, por la supuesta retención de aportes de los empleados de otra empresa del Grupo Indalo, Telepiu SA, controlante de C5N.

"La decisión de omitir depositar los aportes retenidos al personal hace incurrir a los responsables en el delito de apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social, y ese delito establece una pena de dos a seis años de prisión", remarcó Espinosa Paz, quien pidió el allanamiento de Ideas del Sur para secuestrar todos los libros y documentos contables.

En los Tribunales de Comodoro Py, el abogado designado por la AFIP, Ricardo Gil Lavedra, logró avanzar otro paso en su objetivo de recuperar la deuda fiscal que acumuló López por $ 8000 millones.

"En virtud de la presentación realizada en el día de la fecha por la AFIP, de la que se colige la existencia de sociedades con participación de Cristóbal Manuel López de las cuales no se tenía conocimiento -indicó Ercolini en su resolución-, he de adelantar que se adaptará idéntica medida a la dispuesta con relación al Grupo Indalo". Es decir, la inhibición general de todas esas sociedades.

La orden de Ercolini alcanzó, así, a las firmas la concesionaria Tsuyoi SA, el hotel Los Notros SA, La Herradura Country Club SA, el banco Finansur SA, Producciones Patagónicas SA, PM Inversora SA, Indalo Petróleo e Inversiones, Alcalis Minera SA, Solares del Buen Ayre SA. También abarcará a Sucesores de Ramón Lorenzo, Desarrolladora NQN SA, Don José Moises SRL, Magenta SA, Ganadera Victoria SA, Agroalmería SA, Cortijo del Sol SA, Aerotur SA, Camino a un nuevo Sol SA, Solares del Tala SA, Pampa Pozo SA y Gispa SA. También, a Olivetto Catamarca SA, Inversora CRD SA, Olivares del Sol SA, Kesen Hermanos SRL, Administración Austral SA, Feadar SA, La Proveedora de la Construcción SRL, Santa Elena SA, La Aurora del Sur SA, Aceitunas Guadalquivir de Argentina, Insurance Global Investment, Tecnological SA, Brook SA y Fideicomiso CMLII.

La orden de Ercolini se concretó en el último día previo a la feria judicial de invierno, que se extenderá durante las próximas dos semanas. Pero cuando vuelva la actividad en Tribunales retomará la ronda de indagatorias iniciada anteayer a 18 agentes y funcionarios de la AFIP sospechados de integrar una asociación ilícita para defraudar al Estado.

Para eso, Ercolini ordenó indagar a Marcelo Eglis, Mabel Fadda, Walter Tetes, Víctor Cingolani, Daniel Colazo, Gustavo Esperó, Juan Vallee, Walter D'Angela, Claudio Burtin, Simón Zárate, Celeste Ballesteros, Eduardo Nappa, Karina Vernier, Fabián Di Risio, Pablo Aguilera, Pedro Róveda, Guillermo Michel y José Bianchi.

Luego será el turno del entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Ángel Rubén Toninelli, y de De Sousa, para luego escuchar al ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, el 23 de agosto, y cerrar con López, dos días después.

Piden informes sobre Macri

  • El juez federal Sebastián Casanello requirió ayer a la Procelac que le envíe el informe sobre las presuntas inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas patrimoniales que presentó Mauricio Macri en 2014, mientras se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño y se postulaba a la Presidencia. La causa penal se inició tras la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers .

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