El número de miembros de la Corte Suprema de Justicia

No debe aumentarse la cantidad de integrantes del máximo tribunal para evitar las componendas políticas en las que no prima la idoneidad de los candidatos

19 de julio de 2016  

Desde un punto de vista institucional, la cabeza del Poder Judicial, esto es, la Corte Suprema de Justicia, es el órgano supremo del sistema democrático. A partir del respeto al principio constitucional de la sana división de poderes y del régimen de pesos y contrapesos propios de un Estado de Derecho, le cabe al Poder Judicial muchas veces el rol decisivo en dicho delicado equilibrio.

Dentro de este marco de calidad institucional es que debe analizarse la eventual modificación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia que ya esbozan diversas iniciativas parlamentarias que proponen elevar el número de miembros, de los actuales cinco, a una cifra que puede ir de siete a 13, según los proyectos, que consideramos que no deberían prosperar.

Desde 1983 y hasta que el gobierno de Carlos Menem aprobó el aumento del número de sus miembros a nueve, el prestigio de la Corte se mantenía entre los estamentos institucionales menos cuestionados por la sociedad. Con la ampliación del número de juzgados federales penales de los seis originales a 12, por un lado, y la de la Corte, que pasó a contar con nueve miembros con la veloz aprobación del Senado, el Poder Ejecutivo comenzó a tener una incidencia decisiva sobre las sentencias judiciales, acentuándose el desprestigio del Poder Judicial.

La etapa institucional iniciada en 1999 en nada modificó ni la integración de la Corte ni la de los justificadamente cuestionados juzgados federales penales. El desprestigio del tribunal superior y también el del fuero penal federal continuaron en aumento, afectando gravemente la calidad institucional del sistema democrático. A partir de 2003, a instancias del entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz, se estableció por decreto un procedimiento participativo y transparente de controles ciudadanos directos sobre la designación de los nuevos jueces de la Corte. Ello implicó un cambio sustancial en la integración del máximo tribunal y una revalorización institucional.

Hoy, tanto la coalición gobernante como la oposición deberían oponerse tajantemente a los proyectos para aumentar el número de miembros de la Corte por encima de los cinco actuales porque nuestra historia es demasiado rica en evidencias de que las alteraciones en su composición han sido frecuentemente excusa para que los espacios políticos midan fuerzas en su intento de acercar a su molino candidatos que los representen o, lo que es más grave, que los apañen.

Nuestro país se encuentra muy lejos de haber alcanzado un nivel mínimo de desarrollo institucional y de maduración republicana como para confiar en que los criterios de idoneidad profesional y de excelencia moral sean los únicos que barajarán los partidos políticos cuando llegue el momento de cubrir nuevas vacantes.

Por este motivo, deviene inconveniente en la actualidad contemplar la alternativa de modificación numérica. En las actuales circunstancias está claro que sólo posibilitaría un intercambio de favores políticos para que los diversos bloques tuvieran su representación en el máximo tribunal, con un criterio totalmente ajeno al de defender la calidad institucional.

Los miembros de la Corte deben ser los jueces de la Constitución, aquellos cuyas decisiones deben dirimir los desacuerdos propios de toda sociedad democrática. Su trayectoria debe hacerlos merecedores de la altísima investidura que el cargo conlleva.

Ninguno de los proyectos de reforma en análisis apunta a una mejora sustancial del sistema que nos rige. Por el contrario, estos proyectos pretenden volver a malas experiencias cuyas consecuencias todos recordamos.

Corresponde que alcemos nuestra voz y que defendamos activamente aquellos valores que hacen a la esencia del sistema en que hemos elegido vivir. No hacerlo nos retrotraerá a un pasado que conviene claramente evitar.

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