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Inversores reactivos frente a la falta de transparencia

Las multinacionales son cada vez más reticentes a inyectar capitales en países que presentan altos niveles de corrupción
Sybil Rhodes
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2 de agosto de 2016  

Fuente: LA NACION

En los últimos meses el tema de la corrupción ha ocupado un lugar prominente en la agenda mediática y política. Entre los casos más notorios están los que involucran a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y a varios importantes empresarios y ex funcionarios ligados a ellos.

¿Cómo afectarán estos casos a las relaciones comerciales del país? Recordemos que la corrupción fue también muy prominente durante el menemismo y, sin embargo, la honestidad pública parece haber tenido más retrocesos que avances desde entonces.

Conviene analizar el tema desde una perspectiva internacional y comparativa.

En los últimos años hemos visto varios ejemplos de ciudadanos que, indignados por los escándalos de corrupción, han asustado a las élites políticas y económicas, y hasta derrumbado gobiernos.

Hay ejemplos recientes en la India, Indonesia, Malasia y Turquía. Más cerca, en Brasil, la investigación Lavo Jato llevó al juicio político de la presidente Dilma Rousseff y al encarcelamiento de importantísimos empresarios. Hay también casos destacados en Chile, Ecuador y Perú.

Más allá de sus particularidades, varios de estos escándalos se explican por poderes judiciales crecientemente independientes y por la creación de nuevos mecanismos legales que facilitan las investigaciones (como la figura del "arrepentido"). Paralelamente, la tecnología de los medios sociales ha facilitado el protagonismo de las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales espontáneos en contra de la corrupción.

Además de los nuevos recursos legales y tecnológicos, ha habido cierto cambio de actitud. No hace tanto tiempo era común escuchar que la corrupción es el precio que debe pagarse por la gobernanza o por las obras públicas. El uso del lema "roba pero hace" por parte un político brasileño de mediados del siglo pasado tuvo su correlato en círculos académicos. El politólogo estadounidense Samuel Huntington llegó a decir que la corrupción puede funcionar como un facilitador de la modernización y la estabilidad política.

Ya casi nadie cree esto. La mayoría de los estudios académicos sobre tales temas indica que, más allá de su inmoralidad intrínseca, la corrupción genera desconfianza en la democracia y tiene efectos nocivos para el desarrollo económico.

Hace varias décadas que existe un régimen internacional anticorrupción que consiste en acuerdos formales en organismos internacionales. Y cada vez más países desarrollados adoptan leyes que penalizan a sus empresas por pagar sobornos en el extranjero.

Ahora este régimen está en pleno proceso de expansión, provocado por las acciones de periodistas y organizaciones no gubernamentales. En abril pasado se hicieron públicos 11 millones de documentos del estudio de abogacía Mossack Fonseca sobre unas 200.000 cuentas offshore en Panamá. No todas estas cuentas son ilegales, pero la fuente anónima que reveló la información la interpretó como prueba de la existencia de un sistema de "corrupción masiva y generalizada" en la economía global.

Los gobiernos han tenido que responder al caso de los Panamá Papers y a reclamos anteriores parecidos. En Estados Unidos, Barack Obama promovió nuevas medidas en contra del lavado de capitales y la evasión de impuestos. En mayo de este año hubo una reunión internacional sobre el tema: seis países se pusieron de acuerdo para transparentar la identidad los dueños de todas las empresas que operan en su territorio.

Efecto inmediato

Una consecuencia del desarrollo del régimen anticorrupción ha sido la reticencia de las empresas multinacionales a invertir en países muy corruptos. Incluso varias de ellas se han convertido recientemente en protagonistas de nuevos esfuerzos para profundizarlo.

Las repercusiones de la actual efervescencia mediática, judicial y política en torno a casos de alta corrupción en la Argentina no tiene razón de ser tan negativa si se presenta como un esfuerzo que ayude a que el país mejore significativamente los bajos niveles de honestidad en la esfera pública y privada.

La autora es directorade la Maestría en Estudios Internacionalesde la Universidad del CEMA

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