Con los mismos fundamentos, otro fallo era esperable

Daniel Gustavo Montamat
Daniel Gustavo Montamat PARA LA NACION
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20 de agosto de 2016  

El fallo de la Corte que confirma parcialmente la sentencia de la Cámara de la Plata anulando el nuevo cuadro tarifario de gas para el consumo residencial se funda en principios constitucionales y legales que conviene rescatar como balizas normativas, para la implementación de la nueva política energética que nos devuelva sustentabilidad, mejor calidad de servicio y precios competitivos.

La Corte sostiene en los fundamentos dos principios básicos respecto de la política energética: 1) La fijación de precios y tarifas es un resorte del poder administrador, donde la Justicia no se debe entrometer, salvo para garantizar el respeto de ciertos procedimientos y garantías asociadas al marco normativo vigente. 2) En el caso de la organización del mercado gasífero (el eléctrico tiene características similares), hay que distinguir los segmentos regulados de transporte y distribución (monopolios naturales), cuyas tarifas deben ser aprobadas por los respectivos órganos reguladores en procesos que imponen la obligatoriedad de audiencias públicas, del segmento de producción, no alcanzado por la caracterización de servicio público y cuyo precio es libre, no estando su traslado a la factura sujeto a la necesidad de audiencia pública.

Ahora bien, el razonamiento de los jueces es que el precio del gas desde la ley de emergencia económica fue un precio administrado y su aumento también debe someterse a audiencia. A fojas 17 del fallo, expresan los fundamentos: "En las condiciones descriptas, parece razonable entender que, hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST (punto de ingreso al sistema de transporte) se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para las cuales es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública".

Si el precio del gas se hubiera fijado por la libre intervención de la oferta y la demanda, siguiendo el razonamiento de los jueces, no habría sido necesario el control de audiencia. Acá viene el problema con la microeconomía energética, que hubiera justificado otro pronunciamiento resolutivo. El mercado del gas está intervenido porque si se libera su precio a los mecanismos de oferta y demanda estos van a ser muchos altos para todos los consumos. Del gas que se inyecta a gasoducto (oferta), la producción local cubre el 75% y el otro 25% se importa. El déficit de oferta local determina que, con libre juego de oferta y demanda, el precio del gas natural tiende a subir a la referencia del costo de oportunidad que marca el gas importado más caro, o el sustituto combustible (gasoil) que es necesario para satisfacer la demanda total de gas. Ese precio hoy estaría entre 9 y 10 dólares el millón de BTU, cuando el precio de la resolución que debió someterse a audiencia por ser administrado es, en promedio, de US$ 4,2.

El precio es administrado para defender al consumidor, porque el juego del mercado (cuando se agotaron las reservas y hay que importar de Bolivia, por barco y de Chile, usando caños que se hicieron para exportar), nos lleva a la realidad de la escasez y a las consecuencias. El precio del gas es administrado en la transición hacia el restablecimiento de la operación del mercado para atenuar los efectos de la suba que los mecanismos de oferta y demanda habrían determinado, debido al desbarajuste producido en el sector por el populismo energético.

Colofón: por los fundamentos, el fallo tenía que resolver que los componentes regulados vayan a audiencia pública; no así el precio del gas, porque, aunque administrado, su valor es sustancialmente inferior al que hubiera surgido de una "libre interacción de oferta y demanda" que, según la Corte, no requiere audiencia.

El autor es doctor en Economía y en Derecho, ex secretario de Energía

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