El país necesita inversiones y paciencia

Ricardo Esteves
Ricardo Esteves PARA LA NACION
En una Argentina descapitalizada, y limitado por una pesada herencia, el Gobierno ha hecho lo que ha podido para mejorar las condiciones de rentabilidad, ante empresarios que siguen a la expectativa
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13 de septiembre de 2016  

Hay que repetirlo una y otra vez: la única vía que tiene este país –y cualquier otro– para salir adelante es que el capital se vuelque a la inversión. Si eso no sucede, el país se estanca y retrocede. Los edificios y la infraestructura envejecen. Se deteriora el sistema de transporte, los micros y los trenes se vuelven obsoletos. Cuando el proceso hace eclosión, como está sucediendo hoy luego de 16 años sin inversiones, la gente termina viviendo cada vez peor y se ofusca con razón. Aunque se equivoque en quienes deberían ser los destinatarios de su ira.

Tan inaudito como la incapacidad del Gobierno para explicar a la sociedad la dimensión del desquicio que heredó es que se pretenda achacarle la crisis económica y los altísimos niveles de pobreza de la actualidad (¿30 o 40% de la población?), luego de los años de mayor bonanza de la historia argentina moderna, como si un país pudiera hacerse rico o pobre en ocho meses. Aunque se tenga el gobierno perfecto, es imposible hacerse rico en ese plazo. Se requieren décadas de aciertos y esfuerzos.

Fuente: LA NACION

Del mismo modo, un país rico no deviene pobre en tan poco tiempo. Supongamos que en Gran Bretaña accediera el peor de los gobiernos imaginables y cometiese todos los errores posibles, no se volvería un país pobre en tan corto plazo. Ese proceso le llevaría décadas. O centurias.

En la Argentina se llegó a estos niveles de pobreza como consecuencia de un proceso de descapitalización colectiva. Esa descapitalización se refleja no solo en las arcas semivacías del Banco Central, sino también en los hospitales, escuelas y rutas en ruinas, en patrulleros destartalados y una policía relegada al mero rol de vigilancia –cuando no, socia o cómplice del delito–, en la Aduana que es un colador, que no controla nada, y en cualquier otro rincón del sector público. Esto no se gestó en los últimos ocho meses, ni se podrá recuperar en igual plazo.

Es cierto que hay que ponerse en la piel de los que padecen desempleo o no pueden pagar aumentos significativos de tarifas. Pero también habría que ponerse en la piel de los muchos que se sacrifican día tras día en trabajos que perciben insuficientemente remunerados; lo último que desean es que los servicios públicos que les brindan se sigan deteriorando por la falta de inversión. No quieren sufrir más cortes de energía y tener que viajar en transportes cada vez más viejos y riesgosos. Son también argentinos y merecen ser escuchados. Para poder darles satisfacción, habría que ponerse también en la piel de aquellos que, disponiendo de capital, se animen a arriesgarlo invirtiendo en servicios públicos o en cualquiera de las muchas alternativas que aumentarían de un modo u otro el bienestar colectivo. Sólo por esta vía se modifica la realidad.

En tal sentido, no debería el Gobierno reprocharles a los empresarios nacionales la falta de inversión, ya que esto es lo que más están deseando hacer desde hace mucho tiempo. Su vocación no es la medicina o la música; son los negocios. Si no invierten en el país es porque desde sus perspectivas no están dadas las condiciones de rentabilidad. La gran mayoría de los grandes empresarios argentinos –aunque esto vale en todo el mundo– no son dueños absolutos de sus empresas. Son generalmente accionistas que administran compañías que pertenecen también a otros tenedores de acciones. Y en los casos de empresas que cotizan en bolsa, generalmente de accionistas locales y extranjeros. Son pequeños accionistas y lo que está en juego suele ser el ahorro de sus vidas. Incluso el concepto “dueño” no se aplica en sentido estricto a una empresa. Uno puede ser dueño de un auto y hacer con él lo que le dé la gana. Pero no se puede hacer lo mismo con una empresa. Quienes las dirigen están sujetos a limitaciones. Tienen el mandato de sus accionistas de cuidarles su capital y de exponerlo sólo cuando están garantizadas unas condiciones mínimas. Hoy, cualquier empresa que vaya a invertir en la Argentina, sea local o multinacional, va a desembolsar dólares. Todos los cálculos se hacen en dólares, habida cuenta que la moneda local, con inflación alta y variable, no sirve de referencia.

La primera y legítima aspiración de cualquier empresa es al menos recuperar los dólares que invierte, su primera responsabilidad frente a los accionistas. Así, el atraso cambiario es un desaliento a la inversión, ya que cualquiera de las cíclicas devaluaciones a que el país está habituado conllevaría una pérdida de capital en dólares.

Segunda aspiración: quien toma riesgo e invierte (está inmovilizando un capital que podría aplicar a otros usos) aspira a tener una ganancia. Esto es, recuperar los dólares que puso más un plus, que debería ser mayor a la renta financiera derivada de colocar ese capital en bonos. Por ejemplo, los bonos emitidos por la provincia de Salta con garantía del Estado nacional dan una renta próxima al 10% anual en dólares. Y se puede salir de ellos en cualquier momento sin pérdidas considerables; es decir, es mucho más líquido que construir una fábrica. Más de uno puede estar tentado a comprar esos bonos sin moverse del sillón de su casa antes que invertir y gerenciar un negocio y tener que lidiar con los desplantes sindicales y las dificultades de un país en estado de conflictividad permanente. Además, ¿se puede obtener en la Argentina de hoy invirtiendo en algún negocio una ganancia superior a la derivada de la renta financiera –que paradójicamente está exenta de impuestos– con la sobrecarga impositiva vigente? ¿Con la baja productividad del salario argentino, ausentismo laboral y cúmulo de feriados de por medio? ¿Con el sobrecosto que implica la señalada infraestructura obsoleta?

Si bien nadie invierte en un país para perder dinero, en las empresas multinacionales los parámetros para decidir una inversión son otros. Muchas veces entrar en un determinado mercado tiene un valor estratégico, y por tanto las exigencias de rentabilidad suelen ser más exiguas. Pero, algo fundamental, estas empresas parten de una posición de capital infinitamente más sólida. Y cuentan en muchos casos con créditos a tasas regaladas –las más de las veces, de bancos de fomento de sus países de origen–, algo que no les sucede a las empresas argentinas.

Tampoco hay margen de reproche por parte de los empresarios al Gobierno, que ha hecho todo lo que ha podido para mejorar las condiciones de rentabilidad dentro de los estrechísimos márgenes que le dieron las circunstancias. Recibió un país quebrado y saqueado, aunque no haya querido transmitírselo a la sociedad luego de asumir, pensando ingenuamente que eso ahuyentaría a los inversores. La imagen es sólo uno de los muchos factores que favorecen la inversión. Y si no ha podido hacer mucho más es porque el estado de fragilidad social y humana en que le dejaron el país no les dio margen para reformas más profundas. Resolvió muy bien los primeros desafíos, pero el manejo que dio a uno de los nudos gordianos de la crisis argentina, la situación energética, fue decepcionante. Pecó de confianza y de suficiencia. Tal vez pensó que lo que venía iba a ser igual de fácil, un trámite, y no quiso compartir el éxito que vislumbraba con nadie. Ejemplo: desde hace años existe la Comisión de ex secretarios de Energía –tardíamente convocada por el Gobierno– conformada por representantes de todas las corrientes (peronistas y radicales) que viene despotricando contra la política energética del kirchnerismo. ¿Qué mejor que haber buscado desde el inicio consensuar una solución para la catástrofe energética? Una propuesta mancomunada hubiera tenido una aceptación social infinitamente más sólida.

Por último, el Gobierno carece del respaldo de una estructura partidaria como de la que podría gozar una administración peronista o incluso una radical. Eso debería moverlo a actuar con enorme prudencia y humildad. Sin embargo, esa supuesta debilidad no justifica que sectores oportunistas e irresponsables (de la política, el sindicalismo o los movimientos sociales de izquierda) intenten desestabilizarlo. Si llegaran a tener algún atisbo de éxito y el resto de la sociedad se lo permitiese, sería para el país una suerte de suicidio colectivo. Y, posiblemente, una tabla de salvación en la confusión general para los delincuentes que esquilmaron los estamentos del Estado en los últimos años.

Empresario y licenciado en Ciencia política

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