Colombia, ante el costo humano de la guerra

Aníbal Pérez-Liñán
Aníbal Pérez-Liñán PARA LA NACION
El sorpresivo resultado del referéndum en el que los colombianos rechazaron el acuerdo de paz con la guerrilla muestra cuánto pesa el dolor generado por el conflicto armado a la hora de enfrentar el dilema entre juzgar el pasado o construir el futuro
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4 de octubre de 2016  

Anteayer, el 50,2% de los votantes colombianos rechazó por un estrecho margen el acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Lejos de cerrar el proceso, el resultado deja apenas preguntas abiertas. ¿Existe una ruta efectiva hacia la pacificación de la sociedad colombiana? ¿Es posible la paz sin un acuerdo de impunidad en beneficio de los grupos rebeldes?

Tras cuatro años de negociaciones, el rechazo del electorado representa una gran derrota para el gobierno de Juan Manuel Santos. No es el primer presidente que fracasa en un intento de lograr la paz, pero sí es el primero en hacerlo con un acuerdo al alcance de la mano. Las FARC controlan parte del territorio colombiano desde hace más de medio siglo, y durante los últimos 34 años siete presidentes han buscado un pacto de manera infructuosa.

El plebiscito representó una sorpresa incluso para los promotores del no. Durante agosto y septiembre, las encuestadoras más reconocidas del país anticipaban que dos tercios de los votantes apoyarían el acuerdo. Los informes sugerían incluso que el respaldo se elevaba al 75% en las zonas rurales más afectadas por el conflicto.

La propuesta recibió apoyo en las regiones marcadas por la guerra y ganó en algunas ciudades importantes, como Bogotá y Cali, pero fue derrotada en el centro del país, donde se concentra la mayor parte de la población colombiana. Es posible que algunos votos favorables hayan mermado también a último momento. La participación electoral fue cercana al 37%, una cifra bastante inferior a la anticipada por los sondeos.

Entre los analistas no quedan dudas de que el principal ganador del domingo es el ex presidente Álvaro Uribe. Desde la derecha del arco político, Uribe y su partido Centro Democrático denunciaron de manera solitaria las negociaciones con la guerrilla. El plebiscito mostró que Uribe continúa siendo uno de los políticos más populares de Colombia y lo coloca como un jugador insoslayable en la próxima ronda de negociaciones.

La campaña del Centro Democrático alimentó el temor a que los líderes de las FARC, una vez reinsertados en el sistema político, consiguieran llegar al poder a través del proceso electoral. Uribe y sus seguidores no se cansan de alertar sobre los peligros de un temido “castro-chavismo”, del que el presidente Santos sería presunto cómplice. Estos temores se vieron reforzados porque los acuerdos concedían a las FARC diez escaños en el Congreso a partir de 2018.

Los críticos del acuerdo denunciaron también que las negociaciones de paz garantizaban impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos por los rebeldes. Este es quizás el principal factor que inclinó a buena parte del electorado colombiano a rechazar la propuesta.

Existen dos modelos de justicia transicional destinados a procesar violaciones de derechos humanos. El primero enfatiza que los responsables deben ser sometidos a juicio y recibir condena apropiada. Este enfoque principista, representado sinuosamente por la experiencia argentina, condujo a la creación de una Corte Penal Internacional en La Haya, en 2002.

El segundo modelo reconoce la dificultad de administrar justicia en el contexto de una transición democrática o de una negociación de paz. Encarnada por la Comisión de Verdad y Reconciliación creada en Sudáfrica en 1995, esta postura pragmática prioriza el reconocimiento de la verdad, permitiendo a menudo que los testigos ofrezcan toda la información disponible sobre actos atroces a cambio de inmunidad.

El sistema de justicia transicional diseñado por los acuerdos de paz colombianos se inclinaba hacia el segundo modelo. El proyecto derrotado contemplaba la creación de una jurisdicción especial, que incluía tres salas judiciales y un tribunal para la paz formado por 24 jueces. Las salas otorgarían amnistías a los responsables por actos de sedición, pero sólo el tribunal para la paz podría juzgar crímenes de lesa humanidad.

El tribunal para la paz estaba en el centro del debate por su capacidad para imponer penas alternativas que no involucran prisión. Los acusados que reconocieran su responsabilidad antes de comenzar el juicio serían asignados a participar en proyectos como la remoción de minas antipersonales o la construcción de escuelas y rutas. Tras cumplir estas sentencias, nunca superiores a ocho años, los condenados podrían reinsertarse en la vida política. Los acusados que negasen su responsabilidad, por el contrario, podrían ser condenados a penas de prisión de entre 15 y 20 años.

Los cuestionamientos a este modelo no solamente provinieron de la derecha colombiana. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch y uno de los más reconocidos defensores internacionales de derechos humanos, también llamó la atención sobre este tema en una nota publicada el viernes pasado en este diario. Vivanco destacó que las condiciones del acuerdo protegerían no solamente a los acusados de las FARC, sino también a miembros del ejército responsables de asesinatos cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe.

La posición de Vivanco resultó de una encomiable coherencia, en un contexto en que la comunidad internacional estaba fuertemente alineada en respaldo de las negociaciones. Human Rights Watch no rechazó los acuerdos de paz, pero recordó, al igual que los votantes colombianos el domingo, el costo humano de la guerra. Las FARC han mantenido a personas secuestradas en cautiverio durante años. Los miembros del ejército colombiano han asesinado a cientos de civiles inocentes con el único propósito de inflar el número de bajas para mostrar resultados a sus superiores.

La decisión del pueblo colombiano nos recuerda una vez más que las sociedades a menudo deben enfrentar un dilema entre juzgar el pasado y construir el futuro. Hace ya tres décadas, Uruguay enfrentó un debate similar cuando el Parlamento declaró la caducidad de las causas por violaciones de derechos humanos de la dictadura. La izquierda se movilizó contra la ley y logró la realización de un referéndum, en 1989. En aquella ocasión, el 57% de los uruguayos decidió aceptar cierto grado de impunidad a cambio de una solución negociada.

El rechazo de esta opción en Colombia abre la necesidad urgente de abrir una nueva ronda de negociaciones. Todas las partes, incluyendo el presidente, las FARC y el partido de Uribe, han rechazado la posibilidad de volver al conflicto armado y prometen retornar a la mesa de los acuerdos. Pero los resultados son ahora altamente inciertos. La contienda de medio siglo ha dejado más de 200.000 muertos, seis millones de desplazados y un número impreciso de desaparecidos que trasciende el número de víctimas de la dictadura argentina. Y su conclusión todavía no está a la vista.

Profesor de ciencia política, Universidad de Pittsburgh

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